Recientemente, el gobierno de Abelardo de la Espriella ha reorientado la posición internacional de Colombia mediante el regreso al Consenso de Ginebra, el distanciamiento de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” ante Naciones Unidas y la delimitación de conceptos relacionados con el género y las violencias. A estas actuaciones se suma la salida de la Coalición por la Igualdad de Derechos, dedicada a la protección de las personas LGBTIQ+.
El conjunto de decisiones reduce el respaldo diplomático a agendas de autonomía reproductiva e igualdad y se consolida como un retroceso de acuerdo con organizaciones de derechos humanos. Hoy por hoy las garantías constitucionales permanecen vigentes, pero es necesario examinar cómo esta orientación se traduce en futuras votaciones, negociaciones y decisiones de cooperación internacional en Colombia.
El pasado 17 de septiembre de 2026, la Cancillería anunció la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza internacional dedicada a la protección de las personas LGBTIQ+. El Gobierno argumentó que participar en ese mecanismo había dejado de ser prioritario y aseguró que las garantías nacionales permanecían vigentes. Sin embargo, el retiro significó abandonar un espacio de coordinación diplomática mientras Colombia compartía su conducción con España.
Para las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, la decisión afecta un escenario internacional vinculado con la protección frente a la discriminación. La continuidad de las garantías internas convive con una reducción de la participación estatal en mecanismos destinados a promoverlas. Frente a esto, organizaciones como Caribe Afirmativo reclamó explicaciones públicas sobre la decisión, pues según esta organización dejar de lado la protección y los acuerdos que respaldan a las comunidades diversas es iniciar con escenarios de invisibilización.
Posteriormente, el 7 de octubre, durante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el embajador encargado Álvaro Ayala tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”. La intervención estuvo relacionada con la resolución L.34 sobre agua potable y saneamiento. Colombia sostuvo que esa expresión carecía de una definición universalmente acordada en tratados vinculantes. El día anterior se había abstenido frente a una enmienda que buscaba retirarla del texto; la propuesta fue rechazada.
La abstención y la posterior declaración deben distinguirse para precisar la actuación colombiana. En un país donde las desigualdades se conectan y se agudizan es claro que dejar de lado la intersección es un retroceso en materia de DDHH. Ya la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos relaciona la salud sexual y reproductiva con la vida, la salud, la intimidad, la educación y la prohibición de discriminación. Su alcance comprende distintas dimensiones de la autonomía y la atención sanitaria.
En esa intervención, Colombia delimitó su interpretación de género mediante una referencia al Estatuto de Roma y formuló precisiones sobre expresiones relacionadas con violencia, estereotipos y perspectiva de género. También cuestionó categorías sobre racismo estructural e institucional. Las organizaciones defensoras de derechos advirtieron que esas posiciones podían restringir herramientas para reconocer desigualdades y necesidades específicas.
Y el más reciente acto ocurrió el pasado 8 de octubre, cuando Alejandro Ordóñez, embajador ante la OEA, formalizó el regreso de Colombia al Consenso de Ginebra. La declaración sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación internacional de financiarlo o facilitarlo. Su adhesión expresa un alineamiento político con los gobiernos alienados a las políticas de Trump.
Respecto a este punto, aunque la declaración carece de capacidad para modificar la jurisprudencia colombiana, pues la sentencia C-055 de 2022 mantiene la despenalización antes de la semana 24 y preserva las causales previamente reconocidas sin ese límite. El cambio diplomático abre una tensión entre esas garantías y las posiciones internacionales del Ejecutivo.
Frente a estas acciones, organizaciones de mujeres y de comunidades LGBTIQ+ han intervenido mediante denuncias, exigencias de explicación y defensa de las garantías vigentes. Organizaciones como Caribe Afirmativo cuestionaron el retiro de la Coalición y recordaron el desarrollo constitucional de los derechos sexuales y reproductivos. Su actuación conecta la vigilancia de la diplomacia con las necesidades de protección de las personas históricamente discriminadas.
La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, mediante su directora Laura Castro, advirtió que la adhesión podría ofrecer respaldo cultural a quienes desconocen los derechos reproductivos. Y aunque la organización señaló que todavía faltaba evidencia para atribuir al anuncio un aumento de las barreras de acceso, recuerda que las organizaciones están en proceso de veeduría y vigilancia respecto a la garantía de derechos.
El giro colombiano puede influir en las alianzas que el país fortalece, los términos que acepta y las iniciativas que respalda. Las futuras votaciones y negociaciones permitirán establecer su alcance. Por ahora, las fuentes documentan un cambio de orientación y carecen de evidencia suficiente para afirmar pérdidas de cooperación o sanciones internacionales.
La tensión también alcanza las obligaciones de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos exige acceso seguro, legal y efectivo al aborto en determinadas circunstancias y la remoción de barreras. Esos estándares permiten evaluar la coherencia de las posiciones diplomáticas colombianas. Las organizaciones pueden trasladar sus alertas a espacios internacionales y aportar evidencia sobre el cumplimiento estatal. Su intervención sostiene una exigencia democrática: que la representación exterior responda ante las mujeres y las comunidades cuyos derechos compromete. El seguimiento deberá concentrarse en los compromisos que Colombia asuma, las garantías que defienda y las condiciones que contribuya a crear para ejercerlas.
La disputa internacional involucra, además, la forma de entender la soberanía. El Gobierno puede establecer prioridades diplomáticas dentro de sus competencias, mientras sus compromisos jurídicos siguen ofreciendo parámetros de evaluación. Para las organizaciones, exigir explicaciones públicas sobre cada decisión permite identificar responsabilidades y contrastar los argumentos oficiales con sus resultados. Una agenda de seguimiento puede registrar intervenciones, votos, declaraciones conjuntas y respuestas institucionales a las alertas ciudadanas. Ese archivo facilita distinguir cambios retóricos de actuaciones concretas y aporta herramientas para una discusión pública informada sobre la igualdad, la autonomía y la protección efectiva de los derechos reconocidos.
Referencias
CAMBIO. (2026). Aborto: qué significa para Colombia la nueva adhesión del Gobierno al Consenso de Ginebra.
Comité de Derechos Humanos. (2018). Observación general núm. 36: Artículo 6, derecho a la vida (CCPR/C/GC/36). Naciones Unidas.
EFE. (2026). Colombia abandona la Coalición por la Igualdad de Derechos LGTBI.
El Colombiano. (2026). Colombia se desmarca ante la ONU de los derechos sexuales y reproductivos y cuestiona conceptos de género.
La Silla Vacía. (2026). Colombia se desmarcó del concepto “derechos sexuales y reproductivos”.
Ministerio de Relaciones Exteriores. (2026). Cancillería aclara decisión de retirar a Colombia de la coalición para la igualdad de derechos.
