La contratación estatal debe ser transparente: FUERSA


Este jueves, la Fuerza de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA), una coalición de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la prevención y sanción de la corrupción en Colombia, manifestó mediante un comunicado dirigido a José Andrés O’Meara Riveira, Director de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente, una serie de cuestionamientos sobre la forma en la que se está llevando a cabo la contratación estatal en este marco de la pandemia. FUERSA considera su obligación poner a consideración de su despacho algunas reflexiones a propósito de la aprobación de la ley que ordena extender la utilización de documentos tipo a todos los sectores de la economía, dice el comunicado.

Las preocupaciones que expresa la organización FUERSA sobre la aplicación de pliegos tipo y su reglamentación por Colombia Compra Eficiente, están centradas en la revisión de lo ocurrido con la utilización de documentos tipo en el sector transporte desde el 1 de abril de 2019 y el impacto que ha causado la utilización de la Versión 2 de Pliegos Tipo desde el 10 de marzo de 2020.

FUERSA invita a los veedores y medios de comunicación a continuar ejerciendo control social con valentía en medio de un contexto que demanda el máximo de sus capacidades y compromiso en la lucha contra la corrupción. La historia de Colombia y sus innumerables capítulos de malos manejos y excesos nos obligan a insistir en esta advertencia.

Esperamos, señala el comunicado, que esas reflexiones y recomendaciones sean recibidas con el mismo ánimo que las escribimos y que buscan que Colombia pueda contar con instrumentos idóneos para garantizar una contratación pública decente y libre de corrupción.

Descargue aquí el comunicado completo

FUERSA está conformada por: Iván Velásquez, de la Corporación Justicia y Democracia; León Valencia, Ariel Ávila y Daniela Gómez, de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Catherine Juvinao, de la Veeduría al Congreso “Trabajen Vagos”; Camilo Enciso y Margie Mojica, del Instituto Anticorrupción; y Jesús Rodrigo Fernández, Asesor Experto en Contratación Estatal y Obra Pública.

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