El Gobierno colombiano decidió prohibir las exportaciones de carbón a Israel. El Decreto 0949 de 2025 se vende como un gesto ético frente al genocidio en Gaza y busca proyectar al país como ejemplo de coherencia humanitaria. En el papel suena loable: no financiar la guerra con nuestro carbón. Pero en el terreno, en el Cesar y en el Magdalena, la noticia cayó como una piedra sobre los bolsillos de miles de familias trabajadoras.

La decisión estatal no vino acompañada de un plan de transición ni de alternativas económicas. El Sindicato de trabajadores de la multinacional Drummond LTD, que exportaba carbón hacia Israel, expresó en un comunicado del 30 de agosto de 2025: “Un cierre apresurado de la minería del carbón, sin mecanismos adecuados, no solo pondría en riesgo los empleos actuales, sino que afectaría gravemente la economía de las regiones afectadas. Además, impidiendo la comercialización del mineral hacia Israel nos deja en vilo a los y las trabajadoras del sector, generando muchas preocupaciones como la del querer saber cuál será nuestro futuro, y cierto es que sin recursos no puede haber una transición”.

¿Por qué preocupa tanto esta medida?

Porque podría traer consigo una ola de desempleo, despidos masivos y hambre en las regiones mineras. Una cosa es pararse en la ONU a decir: “A quienes tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, no nos escuchan cuando pedimos que se detenga el genocidio en Gaza (…)”, y otra muy distinta es mirar a los ojos a un minero que no sabe cómo va a alimentar a sus hijos el próximo mes.

Incluso la Procuraduría General de la Nación recomendó no expedir el Decreto, señalando que la iniciativa vulneraba normas constitucionales, afectaba derechos como la participación y trasgredía principios como la buena fe, la proporcionalidad y la libertad de empresa.

La paradoja es grotesca: se predica la paz afuera, pero se pone en riesgo la paz social adentro. Se levanta la bandera de la vida, pero se condena a comunidades enteras a la incertidumbre. ¿Dónde queda el derecho al trabajo digno? ¿Quién responde a la masacre laboral que se avecina?

Porque sí, lo de Gaza es brutal e inhumano. Pero no menos inhumano es decretar desde un escritorio en Bogotá la ruina de miles de hogares en el Caribe colombiano. Esto no es solo un pulso diplomático; es una brutal cachetada a quienes día tras día arriesgan su salud bajo el sol ardiente de la mina para ganarse el sustento.

En Aracataca, el mismo pueblo que vio nacer a Gabo, esta realidad tendría un nombre: Macondo. Aquí todo parece un absurdo circular. El Estado que se dice “del cambio” toma decisiones que en lugar de justicia social siembran más desigualdad. Un gobierno que llama a la paz internacional, pero que deja a su propia gente con la nevera vacía, reproduce el mismo sinsentido que nos condena a la historia de siempre: los de abajo pagando los costos de las decisiones de arriba.

Y es ahí donde la literatura se convierte en espejo de nuestra tragedia. Como en El coronel no tiene quien le escriba, los trabajadores del carbón quedan esperando un auxilio que nunca llega, una solución que nadie escribe ni firma. Porque, al igual que el coronel, ¿a quién le importan?

El Decreto ya fue expedido y el futuro de miles de familias depende de un Estado que, una vez más, parece olvidar que la dignidad no se decreta: se garantiza. La dignidad debería ser lo mínimo, no la excepción. Pero mientras tanto, seguimos en Macondo, repitiendo la misma historia: gobiernos que hablan de paz en el mundo y olvidan la paz en sus propios territorios.

¿Y cuándo será costumbre la dignidad?

Quizá el día en que entendamos que no se decreta, se practica. El día en que los pueblos no tengan que elegir entre la coherencia política y la comida. Porque medidas tomadas sin consultar a trabajadores, sindicatos y comunidades son un espaldarazo a la retórica de la transición, pero una traición a la patria.

Ojalá se tomen medidas antes de que el pueblo, como el coronel, no tenga más remedio que responder con la rabia hecha palabra.