Alias Mapaya, identificado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal de Los Espartanos en Buenaventura, fue capturado en Bolivia durante un operativo policial en el departamento de Santa Cruz, donde también fueron detenidas aproximadamente otras 12 personas. Su nombre es Jorge Isaac Campas, y sobre él pesan señalamientos por delitos como homicidio, extorsión y porte ilegal de armas. Las autoridades colombianas mantenían una recompensa por información que permitiera ubicarlo tras varios años fuera del país.
Su trayectoria criminal no es reciente. En 2017 fue capturado y cobijado con medida de casa por cárcel, de la cual se fugó en 2021, lo que marcó su salida del país y su consolidación como uno de los líderes visibles de Los Espartanos. Durante su permanencia en el exterior, buscó acercamientos con el Gobierno nacional para explorar su eventual sometimiento o participación en escenarios de diálogo, en el marco del proceso de paz urbana. Su captura, sin embargo, reconfigura ese escenario y vuelve a poner en el centro la tensión entre justicia y “negociación” que atraviesa el proceso en Buenaventura.
Este hecho se suma a la captura de Diego Fernando Bustamante Segura, identificado como uno de los principales cabecillas de Los Shottas, detenido el 20 de febrero de 2026 en Getafe, Madrid. Con estos dos golpes, las principales estructuras armadas que han estado en el centro del proceso de paz urbana en Buenaventura quedan sin sus máximos referentes visibles.
Las capturas de Mapaya y de Diego Optra no ocurren en un momento cualquiera. Se dan en un contexto político nacional aún incierto por las próximas elecciones a la presidencia, y en medio de un escenario local donde, Según cifras oficiales, al corte de marzo de 2026, los homicidios disminuyen en un 30 % y la extorsión en un 61 % frente al mismo periodo del año anterior; sin embargo, el hurto a personas aumenta en un 18 %, lo que explica el deterioro en la percepción de seguridad cotidiana.
A nivel territorial, esta reducción de homicidios no necesariamente se percibe de manera sostenida. Aunque enero y febrero registraron una disminución (enero pasó de 15 casos en 2025 a 6 en 2026; febrero de 13 a 8), marzo cerró con 20 homicidios, los mismos que marzo del año anterior. Esto sugiere que no hay un comportamiento lineal de la violencia, y refuerza la idea de fragilidad de los procesos.
Las capturas de los principales cabecillas vuelven a poner sobre la mesa una de las principales debilidades del proceso de paz urbana: la ausencia de un marco jurídico claro. Hasta ahora, el Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) ha operado en una zona gris. No es una negociación formal, pero tampoco un simple canal de diálogo. En la práctica, esto ha significado que las estructuras participen sin garantías jurídicas definidas, mientras el Estado mantiene la persecución penal activa. Este diseño genera una tensión permanente: desde la perspectiva institucional, es una señal de que no hay impunidad; desde la perspectiva de las estructuras, puede leerse como falta de condiciones reales para avanzar.
En este contexto, el jefe de la delegación del Gobierno, Fabio Cardozo, ha sido enfático en señalar la necesidad de avanzar hacia un desmonte real de las estructuras como condición para la construcción de paz. Sin embargo, la captura de sus principales cabecillas reconfigura las condiciones bajo las cuales este objetivo podría alcanzarse.
A esto se suma un dato relevante: según reportes de la Policía, seis de los ocho hombres más buscados en Buenaventura ya han sido capturados, incluyendo los principales cabecillas de Shottas y Espartanos. Este nivel de intervención muestra una acción operativa focalizada, pero no permite concluir, por sí mismo, una desarticulación estructural de las organizaciones.
En este escenario, la captura de Mapaya y de Diego Optra reconfigura el equilibrio inmediato entre estructuras armadas en Buenaventura. El proceso de diálogo sociojurídico ha logrado, en determinados momentos, contener la violencia letal a partir de acuerdos entre las estructuras, pero no ha alterado de manera sustantiva las condiciones que la producen y la reproducen.
Lo que está en juego no es únicamente la continuidad del Espacio de Conversación Sociojurídico, sino la viabilidad de una estrategia de paz que, hasta ahora, ha descansado más en la regulación de la violencia que en su transformación. La persistencia de delitos como el hurto y la reconfiguración constante de las estructuras sugieren que el control territorial y las economías ilegales siguen operando.
Desde la delegación del Gobierno se ha señalado que ambos cabecillas habían manifestado disposición de diálogo incluso antes de sus capturas, lo que indicaba la existencia de un canal de interlocución en curso. En ese marco, se ha reiterado el compromiso de mantener este proceso, insistiendo en la necesidad de avanzar hacia escenarios de sometimiento a la justicia. Este llamado no se limita a los máximos líderes, sino que se extiende a los mandos medios y a los jóvenes vinculados a las estructuras como un paso necesario para la transición hacia la vida civil.
