Colombia celebró en 2025 un hito en su transición energética, ya cuenta con 2 gigavatios (GW) de energías renovables no convencionales en operación, principalmente parques solares y algunos proyectos eólicos. Este avance marca un antes y un después para un país que, hasta hace poco, tenía una matriz dominada casi por completo por las hidroeléctricas y las plantas térmicas. Sin embargo, la celebración tiene un sabor agridulce. La meta del gobierno de Gustavo Petro es mucho más ambiciosa: alcanzar 6 GW de capacidad renovable antes de agosto de 2026. En otras palabras, Colombia tendría que triplicar en menos de dos años lo que ha logrado en décadas.
El presidente Gustavo Petro ha hecho de la transición energética uno de los pilares de su mandato. Su apuesta es clara: descarbonizar la matriz eléctrica, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y convertir a regiones como La Guajira en un verdadero hub energético renovable.
La meta de 6 GW no es un simple número: representa la posibilidad de transformar a Colombia en un país menos vulnerable a fenómenos climáticos como El Niño y más competitivo frente a sus vecinos latinoamericanos, donde países como Brasil y Chile llevan la delantera. Pero el camino está lleno de baches. Varios proyectos eólicos y solares están frenados por conflictos con comunidades indígenas, especialmente con el pueblo Wayuu en La Guajira, que reclama mayor participación en los beneficios. Además, las consultas previas se han convertido en procesos largos y desgastantes, y muchas veces sin acuerdos claros.
A esto se suma la falta de infraestructura eléctrica. El proyecto de transmisión Colectora, clave para conectar los parques de La Guajira con el resto del país, sigue sin entrar en operación. Es como tener carros nuevos sin carreteras para sacarlos a rodar. La inseguridad jurídica tampoco ayuda: cambios en las reglas de juego, demoras en licencias ambientales y la percepción de incertidumbre desaniman a los inversionistas. Y mientras tanto, la realidad es que el 82 % de los proyectos renovables en La Guajira presentan atrasos.
El impacto de no alcanzar la meta no es menor. En lo energético, significa seguir dependiendo de las hidroeléctricas y de las plantas a gas o carbón en momentos críticos, lo que puede traducirse en tarifas más caras y hasta en el riesgo de racionamientos. En lo ambiental, implica alejarse de la ruta para cumplir con los compromisos climáticos de Colombia: reducir en 51 % las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y llegar a la carbono-neutralidad en 2050.
Pero también hay un costo económico. Si los proyectos no se materializan, el país perdería miles de millones de dólares en inversión y decenas de miles de empleos verdes. Por el contrario, si se logra destrabar el camino, las energías renovables podrían convertirse en un motor de desarrollo para regiones históricamente olvidadas como La Guajira.
El avance de 2 GW merece un aplauso, pero no podemos engañarnos: Colombia está aún lejos de cumplir la promesa de 6 GW. La agridulce transición energética no es solo cuestión de instalar paneles o turbinas; requiere un diálogo real con las comunidades, reglas claras para los inversionistas y un Estado capaz de liderar y coordinar este cambio.
En pocas palabras, el país tiene el potencial, pero también los obstáculos. Si no se actúa con rapidez y decisión, la transición energética corre el riesgo de quedarse en un discurso bonito, mientras las oportunidades y la confianza de los ciudadanos se escapan como el viento en el desierto de La Guajira.
