En Colombia, los procesos multiactor se presentan como un hecho que marca un hito clave de la minería en Colombia. En un espacio integrado por el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la multinacional Aris Mining se puso sobre la mesa uno de los principales focos del sector minero en el país: la formalización.
El pasado 22 de agosto de 2026, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, junto con el viceministro de Minas, Luis Madriñán, Juan Camilo Valencia, como cabeza de la ANM, y en compañía de la empresa Aris Mining, establecieron y firmaron los nuevos acuerdos de formalización minera en Colombia, bajo un trabajo multiactor en donde confluya el sector público, el sector privado y los mineros tradicionales. Los escenarios para este ejercicio fueron Marmato, Caldas y Segovia, Antioquia, reconocidos históricamente por su trayectoria minera. Las decisiones involucran a cientos de trabajadores que desarrollan actividades de minería tradicional y se enmarcan en procesos que buscan establecer condiciones jurídicas, técnicas y operativas para el desarrollo de los mismos.
En Marmato, tres subcontratos de formalización fueron suscritos entre la Agencia Nacional de Minería, Aris Mining y la Asociación de Mineros de Echandía, después de la caracterización de 20 unidades de producción minera. Estos acuerdos permiten avanzar en la formalización de 321 mineros y tendrán una duración de hasta 20 años. Con este nuevo proceso, cerca de 600 mineros de Marmato estarían vinculados a diferentes mecanismos de formalización.
El caso de Segovia tiene una dinámica particular. Allí, Aris Mining y el Proyecto Matuna S.A.S. establecieron una ruta de trabajo que contempla la formalización de alrededor de 450 mineros tradicionales vinculados a una actividad que lleva más de dos décadas en el territorio. El proceso no surgió de manera inmediata, sino después de un período de conversaciones entre los diferentes actores involucrados. Como parte de esta ruta, una parte del proyecto operará bajo el contrato 5990 y deberá avanzar en la elaboración y aprobación del Plan de Trabajos y Obras, instrumento mediante el cual se establecen las condiciones técnicas para el desarrollo de la explotación minera. También existen trámites ambientales que deberán cumplirse antes de una eventual ampliación de las operaciones.
Estos acuerdos se producen en territorios donde la minería hace parte de la historia económica y social de las comunidades. Marmato y Segovia son municipios con una larga tradición minera, en los que la actividad ha generado formas de trabajo, relaciones económicas y dinámicas sociales que se han construido durante generaciones; por eso, los procesos de formalización no deben tener solamente una dimensión administrativa, sino también la reorganización de actividades que ya existen en el territorio y establecer nuevas condiciones para quienes dependen económicamente de ellas.
La formalización busca precisamente que estas actividades puedan ejercerse dentro de mecanismos reconocidos por la institucionalidad. Esto supone avanzar en aspectos relacionados con la seguridad de las operaciones, las condiciones técnicas, la gestión ambiental y la organización productiva. En Marmato, por ejemplo, los nuevos subcontratos tienen una vigencia considerablemente amplia -hasta 20 años-, lo que establece un horizonte de permanencia para los mineros vinculados. En Segovia, el proceso contempla igualmente una serie de etapas que deberán desarrollarse progresivamente antes de consolidar las condiciones previstas para la operación.
Otro de los elementos que acompañó la jornada fue la incorporación de iniciativas relacionadas con la restauración ambiental. Trece unidades mineras de Segovia manifestaron su intención de vincularse voluntariamente a una estrategia de minería regenerativa liderada por Corantioquia y Aris Mining. La iniciativa plantea que los propios actores mineros participen en acciones de recuperación y restauración de los territorios afectados por la actividad; esta dimensión introduce una discusión adicional en torno a la manera en que la minería puede relacionarse con los espacios donde se desarrolla y con los impactos acumulados a lo largo del tiempo.
El reto, por tanto, estará en lo que ocurra después de estos anuncios. La formalización puede generar un marco de mayor claridad para los trabajadores y para las actividades productivas, pero sus resultados deberán observarse en el tiempo. Será necesario conocer cómo evolucionan las condiciones de seguridad, la productividad, el cumplimiento de las obligaciones ambientales y las condiciones económicas de quienes participan en estos procesos. De la misma manera, será importante observar cómo se desarrolla la relación entre los pequeños mineros, las empresas y las instituciones encargadas de acompañar y vigilar la actividad.
Los acuerdos alcanzados en Antioquia y Caldas muestran que la formalización continúa siendo uno de los mecanismos utilizados para abordar la relación entre la minería tradicional, las empresas y el Estado. Su importancia podrá medirse realmente con el tiempo, cuando sea posible determinar si las condiciones acordadas se traducen en mayor seguridad para los trabajadores, mayor claridad en las operaciones y mejores prácticas frente al territorio y al ambiente. Por ahora, más que un punto de llegada, los acuerdos representan el inicio de nuevas etapas para cientos de mineros que buscan desarrollar su actividad dentro de un marco formal. Es clave revisar que este paso se da llevando sobre la espalda el peso de una actividad que tiene años en el país y que ya ha echado profundas raíces económicas, sociales, políticas e incluso culturales, lo que se espera del resto del camino es que se pueda desarrollar con mayor seguridad, formalidad, responsabilidad ambiental y respeto por las comunidades que dependen de ella.
