El pasado lunes 18 de agosto, la Registraduría Nacional admitió al comité del referendo para tumbar el Acuerdo de Paz con las FARC, firmado en 2016 en el Teatro Colón de Bogotá. Con esta admisión, el comité promotor puede comenzar la recolección de firmas para presentar la iniciativa que, en este caso, es del 5 % del censo electoral del país.
En la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, la Registraduría reconoció la vocería de este comité promotor en un abogado y un administrador ambiental que ya han venido haciendo ruido en la opinión pública con otros temas, todos desde el lado opositor al gobierno de Gustavo Petro. Julián Alberto Rocha y Carlos Daniel Jiménez son los dos integrantes del comité que promete, con una firma, acabar con un Acuerdo de Paz que, en octubre de 2026, cumplirá diez años de haberse pactado.
Los integrantes del Comité Promotor
Julián Alberto Rocha Aristizábal es abogado y se presenta en sus perfiles de redes sociales como asesor legal y consultor político. Aparece como el principal vocero del comité promotor del referendo y tiene su propio bufete de abogados, Julián Rocha Aristizábal Abogados y Asociados. Fue militante del Centro Democrático durante el Plebiscito por el Acuerdo de Paz, y actualmente simpatiza con el Movimiento de Salvación Nacional de Enrique Gómez.
De hecho, fue con el aval de este movimiento que Rocha Aristizábal se presentó al Concejo Municipal de Ibagué, Tolima, en las pasadas elecciones regionales de octubre de 2023, donde obtuvo solamente 67 votos.
Rocha tuvo un paso breve como asesor de la oficina jurídica del Departamento de Prosperidad Social entre 2014 y 2018, también fue asesor de la oficina jurídica de la Alcaldía de Bogotá, asesor de la gerencia de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá hasta febrero de 2020 y luego fue asesor del despacho del entonces contralor general de la República, el cuestionado Carlos Felipe Córdoba, hasta 2022.
Durante su candidatura al Concejo, Rocha Aristizábal buscó tumbar tanto las candidaturas de Marco Emilio Hincapié, como la de la actual alcaldesa del municipio, Johana Aranda, señalando que ambos tenían diferentes irregularidades para presentarse a estas elecciones. En el caso de Hincapié, el Consejo Nacional Electoral declaró que el recurso presentado por el abogado Rocha había sido extemporáneo, mientras que, por el lado de Aranda, el abogado justificó su queja señalando que la hoy alcaldesa, que hace parte de la estructura política de Andrés Hurtado, ya había sido nombrada alcaldesa encargada por el entonces gobernador Ricardo Orozco Valero, lo que la inhabilitaba para volver a presentarse al mismo cargo.
Rocha ya venía teniendo cierta relevancia en la discusión política nacional, pues el pasado mes de marzo de 2025 fue uno de los demandantes contra la declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la nación ante el Consejo de Estado, señalando que aquel acto jurídico violaba normas superiores.
Por otro lado, Carlos Daniel Jiménez Zambrano tiene un perfil mucho más modesto y menos público. Es administrador ambiental de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y especialista en Gestión Ambiental del Colegio de Ingenieros del Perú. Aunque ha estado en la mayor parte de su vida como gestor de proyectos en el sector privado, Jiménez Zambrano también ha sido asesor de la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría de Ambiente de la Alcaldía de Bogotá, así como también tuvo su paso como parte de la Unidad de Trabajo Legislativa del entonces senador Samuel Hoyos, del partido Centro Democrático, en 2018. Jiménez ha pasado por el Ministerio de Ambiente y por el Departamento de Prosperidad Social entre 2018 y 2022.
Aunque su nombre (a diferencia del abogado Rocha) no ha generado mucho ruido en el debate público, sí ha sido un fuerte activista contra el proceso de paz. De hecho, en su momento, impulsó en la plataforma Change.org una iniciativa para manifestar su desacuerdo con el proceso de paz que el entonces presidente Juan Manuel Santos estaba impulsando con la guerrilla de las FARC, luego de las marchas del 13 de diciembre de 2014.
También tuvo un fugaz intento por presentarse en la política electoral, siendo candidato por la coalición “Bogotá Más Fuerte” al Concejo Distrital de la ciudad. También se quemó con solo 541 votos. La coalición estaba integrada por el entonces partido Nueva Fuerza Democrática, el movimiento del expresidente Andrés Pastrana (que perdió hace unos meses su personería jurídica), y el Movimiento de Salvación Nacional.
El derecho como estrategia política del Movimiento de Salvación Nacional
Entre las cosas que tienen en común el abogado y el administrador ambiental que ahora mismo encabezan esta iniciativa, es que participaron en procesos políticos con aval del Movimiento de Salvación Nacional. Desde el inicio del gobierno Petro, la estrategia de Enrique Gómez, el líder de esa colectividad, ha sido utilizar todas las herramientas jurídicas posibles para ralentizar, incidir o frenar las iniciativas del gobierno Petro.
Ya reseñaba la Revista Semana en un artículo del 18 de junio de 2023, que Gómez ha utilizado la “oposición jurídica”, especialmente las recusaciones contra funcionarios y parlamentarios, para impedir la discusión de proyectos en el Congreso. Gómez fue autor de la demanda que terminó en una apertura de indagación preliminar contra 19 congresistas del Partido Liberal, por la repartija de puestos en el Fondo Nacional del Ahorro, en junio de 2023. Por esta denuncia, varios de los parlamentarios debieron declararse impedidos para discutir reformas del gobierno.
Del mismo modo, Gómez recusó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, luego de que señalara un posible conflicto de intereses, debido a que su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, es la superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud, cargo bajo el paraguas del ministerio. Jaramillo se ha defendido de esta acusación, señalando que Gómez Consuegra está en este cargo desde mucho tiempo antes de que Gustavo Petro lo nombrara ministro de Salud, y que las decisiones de fondo sobre el tema de la reforma a la salud no pasan por esa entidad.
El abogado Gómez ha utilizado esta misma estrategia para recusar a congresistas en los debates de la reforma a la salud a lo largo de las discusiones. No obstante, también existirían presuntos conflictos de intereses de Gómez en sus actuaciones jurídicas, pues según La Silla Vacía, para el año 2023, Gómez tuvo relación con varias empresas del sector salud y ha sido miembro de la junta directiva de al menos una empresa de comercialización de equipos y suministros médicos, igual que de asesor-directivo de un conglomerado de clínicas y laboratorios con presencia nacional. Así como también es socio de una empresa de software y analítica de datos (Infórmese S.A.S.) en la que ha tenido contratos con el gobierno Petro, y de la que sustenta parte de los fondos con los que ha sostenido a su partido político.
¿Por qué no se puede tumbar el Acuerdo de Paz?
Aunque la iniciativa ciudadana de Rocha y Jiménez parte de un mecanismo legítimo de participación ciudadana, la verdad es que es poco probable que tenga mayor incidencia sobre el estatus jurídico del acuerdo, que tiene un blindaje tanto a nivel constitucional interno, como también a nivel internacional.
En parte, que la iniciativa haga parte del bloque de constitucionalidad del país, impediría de antemano que una iniciativa como un referendo tenga alguna fuerza para cambiarlo, pues se requeriría una transformación constitucional profunda que no solo debe cambiar todo el andamiaje jurídico que ya posee el acuerdo en sus casi diez años de implementación, sino porque, al ser una norma con igual jerarquía que la constitución, su cambio implicaría una reforma constitucional mucho más profunda, que incluso involucraría una constituyente.
De hecho, según El Espectador, parte del blindaje que el acuerdo tiene, se pensó precisamente para evitar que algún tipo de iniciativa legislativa o ciudadana afectara su implementación en el tiempo. Por lo que es poco probable que la iniciativa de los simpatizantes del Movimiento de Salvación Nacional tenga mayor ruido, más allá de la movilización de un discurso político contra el acuerdo en un escenario político preelectoral.
