El cuatrienio de Gustavo Petro entra en su último tramo con muchas cosas por reconocer, pero también con muchos pendientes para el futuro gobierno. El presidente Petro, fiel a su estilo, se enfrentó a muchos sectores, partidos y opositores que intentaron frenar el avance prometido en el programa de gobierno.
Dentro de todos esos opositores y sobre todo, dentro de un país que se polarizó a las primeras de cambio del fracaso del acuerdo nacional, fue el Congreso el principal contradictor del presidente Petro. Lo lamentable, no es que haya sido el legislativo el opositor de Petro, lo lamentable es que fue el legislativo en defensa de intereses particulares y del sostenimiento de estructuras y poderes político – regionales, quienes terminaron por hundir las principales reformas que traía el ejecutivo.
El presente informe expone cómo las dinámicas de votación, el ausentismo estratégico y el hundimiento o dilatación de los proyectos estuvieron directamente dictados por la influencia de clanes y grupos políticos tradicionales que en servicio de los grandes poderes económicos que nutren sus campañas y estructuras, contuvieron las reformas desde la Comisión Séptima de Senado y desde las bancadas regionales al servicio de los clanes políticos.
Al rastrear el comportamiento y los antecedentes de congresistas clave para el trámite de las reformas, se evidencia un patrón ineludible, que no es otro que el peso de herencias políticas cuestionadas, vínculos con grandes financiadores privados del sector de la salud y del sector corporativo, y la sombra histórica del fenómeno de la parapolítica y la corrupción regional.
El bloqueo de la agenda legislativa del Gobierno Nacional no es otra cosa diferente al resultado directo de la “captura” del Congreso por parte de maquinarias electorales. Clanes como los Blel, los Tavera, los Pinedo, o el clan de Dilian Francisca Toro utilizaron sus escaños en las comisiones Séptimas del Congreso como herramientas de negociación y de presión política.
Teniendo como único objetivo, la protección de sus alianzas económicas y el mantenimiento de las redes clientelares, desdibujando el mandato de representación pública y legislando en favor del capital privado. El debate sobre las reformas sociales nunca se dio, nunca se ahondo en el carácter técnico y mucho menos, se dio en el marco de un acuerdo político por el beneficio de la ciudadanía.
La dilación y el cierre a debates ideológicos de fondo, terminó por perjudicar al gobierno de Gustavo Petro, desdibujó una vez más al Congreso y a los congresistas y golpeó de frente a la ciudadanía.
