El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentará este jueves ante el Consejo de Política Criminal el nuevo estatuto antiterrorista con el que el gobierno pretende combatir a las organizaciones criminales. Uno de los componentes que tendrá esta iniciativa es crear listas para determinar qué grupos son, quiénes son sus líderes y así poder contrarrestarlos. Desde que estaban en campaña, los “defensores de la patria” se han quejado de que en Colombia, aunque el delito de terrorismo está tipifcado, aún no se cuenta con las debidas herramientas para atacarlo.
Aunque cerca de 13 millones de colombianos votaron para que este gobierno endureciera las medidas contra el terrorismo, el estatuto despierta algunas críticas. Organizaciones de derechos humanos advierten que algunas disposiciones del estatuto pueden restringir de manera inaceptable las garantías fundamentales y el debido proceso bajo el pretexto de la seguridad. Además, podría traer riesgos de control constitucional. Al tramitarse parcialmente mediante leyes ordinarias y estatutarias, críticos señalan que se podrían eludir o acelerar controles estrictos sobre medidas que afectan directamente derechos ciudadanos. El estatuto también podría traer inconvenientes a la hora de poder hacer mesas de negociación con estas estructuras.
El proyecto ha sido presentado por el Ejecutivo como parte de su estrategia de seguridad frente a grupos armados y economías ilícitas. En los últimos días, Lara también señaló que la iniciativa contemplaría medidas contra la denominada “gran minería criminal” vinculada a organizaciones terroristas.
Aunque en Colombia existen por lo menos nueve grupos armados que atentan contra la estabilidad del país, solo estos tres son considerados como terroristas: ELN (Ejército de Liberación Nacional): Catalogado como organización terrorista por países como Estados Unidos y la Unión Europea, además de ser señalado por el Estado colombiano por cometer actos de terrorismo y violaciones al derecho internacional humanitario. Clan del Golfo (Ejército Gaitanista de Colombia – EGC): Designado formalmente como organización terrorista extranjera por el gobierno de Estados Unidos. Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia: Disidencias de las antiguas FARC-EP a las que distintas administraciones y gobiernos extranjeros atribuyen acciones de carácter terrorista en sus hostigamientos contra la población y la fuerza pública.
El Estado colombiano prefiere, en su marco jurídico, la denominación de Grupos Armados Organizados (GAO) o Grupos Armados al Margen de la Ley (GAML) para procesar penalmente a sus integrantes, combatiendo sus actos terroristas sin que esto signifique necesariamente el reconocimiento político de beligerancia.
Solo este jueves podremos tener claridad sobre este nuevo movimiento de un gobierno que se ha caracterizado, en sus primeros dos meses, en cumplir lo que le prometió a sus votantes. Solo hasta ese día podremos darnos cuenta de los cambios que habrá en el país en materia de seguridad.
