Si el principal desafío para el nuevo Gobierno en el Catatumbo continúa siendo la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP, en Cúcuta y su área metropolitana la principal preocupación gira alrededor de la disputa por el control territorial urbano y fronterizo. La ciudad concentra una compleja convergencia entre organizaciones delincuenciales, grupos armados ilegales y estructuras criminales transnacionales que encuentran en la frontera colombo-venezolana un escenario estratégico para el desarrollo de economías ilícitas.
El más reciente atentado perpetrado por el ELN contra infraestructura de la Fuerza Pública en el área metropolitana de Cúcuta enciende las alertas sobre el panorama de seguridad en el oriente colombiano, justo cuando el país se encuentra ad portas de un cambio de gobierno. En la madrugada del sábado se registraron varias explosiones en el barrio Tasajero, donde está ubicado el comando de la Policía de Norte de Santander, que dejaron un saldo de 14 personas heridas, entre ellas 11 uniformados.
De acuerdo con información del Ministerio de Defensa, la acción habría sido coordinada por los cabecillas conocidos con los alias de “David” y “Nay” o “Nike”, y ejecutada por el Frente Urbano “Carlos Germán Velasco Villamizar” del ELN.
Este atentado se produce en un contexto departamental caracterizado por la persistencia de la crisis humanitaria en el Catatumbo, que completa ya dos años sin que se hayan superado las condiciones estructurales que la originaron. En este hecho se evidenció la capacidad del ELN para proyectar acciones ofensivas más allá de la subregión del Catatumbo y trasladar la confrontación hacia el principal centro urbano del departamento.
En este contexto, el presente análisis examina el panorama de seguridad del área metropolitana de Cúcuta, las dinámicas de violencia que confluyen en la capital de Norte de Santander y los principales desafíos que enfrentará el nuevo gobierno en materia de seguridad y estabilización territorial.
Inicialmente, se expone que los registros del primer semestre de 2026 realizados por Pares evidencian una transformación en las dinámicas del conflicto armado en Norte de Santander, marcada por la incorporación de nuevas capacidades militares y la expansión de las acciones hacia zonas urbanas. Entre enero y junio se documentaron once ataques con drones, de los cuales el 54,5 % (seis casos) estuvieron dirigidos contra bienes militares, mientras que el 45,5 % (cinco casos) ocasionaron afectaciones a bienes y población civil. Estas cifras reflejan que el uso de drones con explosivos dejó de ser una táctica dirigida exclusivamente contra la Fuerza Pública y comenzó a generar riesgos directos para las comunidades, incrementando las preocupaciones por el respeto al Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil.
Esta tendencia se complementa con el incremento de las acciones armadas registradas en el departamento. Entre enero y julio de 2026, Pares contabilizó 53 acciones armadas, de las cuales once ocurrieron en Cúcuta y su área metropolitana. En este último escenario, cuatro hechos correspondieron a ataques o combates contra la Fuerza Pública y siete fueron ataques con explosivos, lo que evidencia una expansión de la confrontación hacia el principal centro urbano del departamento. Estos registros muestran una estrategia de los grupos armados para proyectar su capacidad operativa sobre corredores urbanos y fronterizos, que genera nuevos desafíos para la seguridad regional y aumentan el riesgo para la población civil en un contexto de reconfiguración del conflicto armado.
El tablero de la delincuencia en Cúcuta
De acuerdo con Eliana Zafra, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y Enrique Pertúz, director de la Corporación Red de Defensores de Derechos Humanos, en Cúcuta y su área metropolitana hacen presencia aproximadamente 26 bandas delincuenciales, entre las que se encuentra “La familia P”, “Los Mexicanos” y “Los de Pepino”, cuya principal fuente de financiación proviene del microtráfico de estupefacientes, la extorsión y otras economías ilegales urbanas. Más allá del número de organizaciones criminales, el principal rasgo de la coyuntura es la división del control territorial, donde diferentes estructuras compiten simultáneamente por las rentas ilegales y la influencia sobre sectores específicos de la ciudad.
El fenómeno de seguridad en Cúcuta trasciende la criminalidad urbana. La condición fronteriza convierte a esta región en un corredor estratégico para organizaciones criminales nacionales y transnacionales que disputan el control de las principales rentas ilegales. Entre ellas se encuentran estructuras como el Tren de Aragua y AK-47, señaladas por ejercer control sobre pasos informales o trochas, participar en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de drogas, contrabando y otras economías ilícitas que fortalecen su capacidad financiera y territorial.
La frontera dejó de ser un límite geográfico pasando a convertirse en un espacio donde confluyen intereses criminales asociados al tránsito de personas, mercancías y estupefacientes. Esta dinámica incrementa la capacidad de adaptación de las organizaciones ilegales y dificulta la respuesta institucional, al tratarse de fenómenos que requieren coordinación binacional y estrategias diferenciadas frente a la delincuencia urbana tradicional.
A esta realidad se suma la presencia histórica del ELN en los diez municipios fronterizos de Norte de Santander, organización que mantiene influencia sobre corredores estratégicos que conectan el Catatumbo con el área metropolitana de Cúcuta. Paralelamente, el municipio de El Zulia registra la presencia del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), estructura que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, mantendría una alianza con el Ejército Popular de Liberación (EPL) para recuperar el corredor vial que comunica el Catatumbo con la región Caribe, considerado estratégico para el tráfico de drogas.
Esta convergencia entre grupos insurgentes, organizaciones criminales locales y redes transnacionales demuestra que las fronteras entre conflicto armado y delincuencia organizada son cada vez menos claras. El control territorial ya no responde exclusivamente a objetivos militares o políticos, sino también al dominio de economías ilegales que financian la permanencia y expansión de estas estructuras a largo y ancho de la frontera colombovenezolana.
Los efectos del conflicto sobre el área metropolitana
El monitoreo realizado por Pares confirma que el conflicto que actualmente se desarrolla en el Catatumbo, donde la guerra entre el ELN y el Frente 33 completa dieciocho meses, también comienza a proyectar sus efectos hacia el área metropolitana de Cúcuta. Entre enero y junio de 2026 se documentaron 46 acciones armadas desarrolladas por grupos armados ilegales en Norte de Santander. De estas, nueve ocurrieron en municipios del área metropolitana, distribuidas en cuatro hechos en Cúcuta, tres en El Zulia y dos en Villa del Rosario.
Las acciones atribuidas principalmente al ELN dejaron como saldo dos soldados heridos, un policía herido, un policía asesinado y cuatro civiles muertos, reflejando que la confrontación armada parece estarse desplegando al interior del departamento, irradiar sus efectos hacia el principal centro urbano del departamento. Esta tendencia evidencia una expansión territorial de las afectaciones del conflicto y plantea nuevos desafíos para las políticas de seguridad urbana.
Más que un incremento aislado de hechos de violencia, los registros del primer semestre de 2026 evidencian una expansión geográfica del conflicto armado hacia el área metropolitana de Cúcuta. La presencia del ELN en municipios como Cúcuta, El Zulia y Villa del Rosario refleja una estrategia de control sobre corredores urbanos y fronterizos que se articulan con las economías ilegales de la región. En este escenario, El Zulia emerge como un enclave estratégico al conectar las dinámicas del Catatumbo con la frontera colombo-venezolana y los corredores del narcotráfico.
Esta convergencia entre conflicto armado, criminalidad organizada y estructuras transnacionales plantea un reto distinto al de años anteriores: la seguridad en el área metropolitana de Cúcuta ya no puede abordarse únicamente como un problema de orden público exclusivamente urbano, ya que se incrusta en un fenómeno regional donde confluyen disputas por el control territorial, las rentas ilícitas y la movilidad transfronteriza de Norte de Santander. La principal tarea del nuevo Gobierno será evitar que esta expansión consolide un corredor permanente de violencia entre el Catatumbo y el área metropolitana, mediante una estrategia que combine seguridad, inteligencia, justicia, cooperación binacional y fortalecimiento institucional.
La escalada de la violencia antes de la posesión presidencial
Más allá de las afectaciones inmediatas, el reciente atentado representa un cambio cualitativo en la dinámica del conflicto, al trasladar acciones con explosivos hacia escenarios urbanos de alta concentración poblacional y con un evidente impacto simbólico sobre la institucionalidad. El hecho confirma que la confrontación armada ya no se limita a las zonas rurales del Catatumbo, sino que busca proyectar mensajes de fuerza y capacidad militar sobre la capital departamental, incrementando los riesgos para la población civil y generando un escenario de mayor incertidumbre en materia de seguridad.
A este panorama se suma la información conocida por las autoridades sobre un posible movimiento de tropas del ELN y de estructuras del Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) hacia diferentes zonas de Norte de Santander en los días previos a la posesión presidencial. Aunque estas alertas continúan siendo objeto de verificación operativa, reflejan la posibilidad de una reconfiguración temporal de los dispositivos armados con el propósito de incrementar la presión sobre la Fuerza Pública o desarrollar acciones de impacto durante el proceso de transición gubernamental.
En este contexto, la posesión del nuevo Gobierno constituye un momento de especial sensibilidad para Norte de Santander. La suma de atentados de alto impacto social y mediático, alertas sobre movimientos de estructuras armadas y la persistencia de las disputas territoriales incrementa el riesgo de nuevas acciones violentas antes, durante y después del cambio de gobierno.
La incertidumbre frente a los Bloques Urbanos de Seguridad
A este panorama se suma la incertidumbre frente a la política de seguridad anunciada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien durante la campaña y en sus primeras declaraciones públicas propuso la creación de Bloques Urbanos de Seguridad para enfrentar el crimen organizado en las principales ciudades del país. Aunque hasta el momento el Gobierno no ha definido oficialmente cuáles serán los territorios priorizados, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que Cúcuta podría ser incluida dentro de esta estrategia debido a la alta cifra de homicidios que, de acuerdo con la Policía Metropolitana, pasaron de 291 casos en 2024 a 332 en 2025.
Para Enrique Pertúz, la discusión trasciende el fortalecimiento de la capacidad operativa del Estado y plantea interrogantes sobre las implicaciones que esta estrategia podría tener en un territorio marcado por una larga historia de presencia paramilitar y graves violaciones a los derechos humanos. Desde esta perspectiva, las respuestas sustentadas exclusivamente en la militarización no han logrado desmontar las economías ilegales que sostienen la violencia en la región.
En ese sentido, organizaciones de derechos humanos advierten que la eventual implementación de los Bloques Urbanos de Seguridad podría incrementar los riesgos para defensores de derechos humanos, líderes sociales, organizaciones sindicales, sectores políticos de oposición y personas que expresen posiciones críticas frente al nuevo Gobierno, especialmente en un contexto donde persisten prácticas de estigmatización y antecedentes de persecución contra estos sectores. Estas preocupaciones retoman experiencias históricas del departamento, donde la presencia de estructuras paramilitares dejó profundas afectaciones sobre el ejercicio del liderazgo social y la participación política.
Los retos del nuevo Gobierno
La complejidad de la situación de seguridad en Cúcuta demuestra que el principal desafío para el nuevo Gobierno no será únicamente disminuir los indicadores de homicidio o incrementar el pie de fuerza. El reto consiste en recuperar el control legítimo del territorio mediante una estrategia integral que combine inteligencia militar, fortalecimiento de la justicia, cooperación binacional con Venezuela, desmantelamiento de las economías ilegales y una presencia institucional sostenida en los sectores con mayores niveles de vulnerabilidad.
En una ciudad donde convergen organizaciones delincuenciales urbanas, grupos armados ilegales, estructuras criminales transnacionales y una frontera altamente permeable, la seguridad deja de ser un problema exclusivamente policial para convertirse en uno de los principales retos de gobernabilidad del nuevo Gobierno. Los recientes atentados con explosivos contra la Fuerza Pública en Cúcuta y las alertas sobre posibles movimientos de estructuras del ELN y del Frente 33 evidencian que Norte de Santander inicia este nuevo periodo presidencial bajo un escenario de alta tensión. La capacidad del Estado para responder de manera articulada, proteger a la población civil y evitar una escalada de las confrontaciones será determinante para impedir que la violencia continúe expandiéndose desde el Catatumbo hacia el área metropolitana y otros corredores estratégicos del departamento.
