El pasado lunes 13 de octubre, el presidente Gustavo Petro anunció su intención de retomar los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), buscando reanudar los diálogos de paz que se encuentran suspendidos desde el 17 de enero de 2025. Estas declaraciones responden, en parte, a la propuesta pública realizada el 9 de septiembre por Pablo Beltrán, segundo comandante del ELN y jefe de su equipo negociador, para reactivar la mesa y “darle una salida” al conflicto.
El proceso de diálogo de paz con el ELN, bajo la administración de Gustavo Petro, ha sido uno de los más retadores e inestables dentro de la política de Paz Total. Sin embargo, también es uno de los más cruciales: el ELN es actualmente la guerrilla activa más grande en Colombia, con presencia significativa en departamentos como Norte de Santander, Chocó, Arauca y Sur de Bolívar.
MESA DE DIÁLOGO – ELN: progresos, rupturas, retos previos a la suspensión de la mesa en enero
El primer ciclo de diálogos de paz entre el ELN y el gobierno Petro se celebró en Caracas, Venezuela, del 21 de noviembre al 12 de diciembre de 2022. Este proceso se concibió como una continuación de las conversaciones iniciadas con Juan Manuel Santos en 2017 y suspendidas unilateralmente por Iván Duque en enero de 2019. Desde sus inicios, la Mesa de Diálogo avanzó con dificultades. Apenas tres días después de finalizar el primer ciclo, el ELN anunció un paro armado el 15 de diciembre de 2022 (CNN Colombia, 2024). Pese a esto, el proceso continuó, centrándose en la participación de la sociedad, el cese bilateral de fuego y la suspensión de los secuestros.
En marzo de 2023, la guerrilla atacó una base militar en El Carmen, Norte de Santander, tensando las negociaciones. No obstante, en julio del mismo año se logró establecer un “cese del fuego bilateral, nacional y temporal”. En coherencia con el interés de la participación social, en agosto se creó el Comité Nacional de Participación.
Un evento que puso el proceso en una posición crítica fue el secuestro de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, en La Guajira, el 28 de octubre de 2023. Díaz fue liberado 13 días después. Ante este hecho, la delegación gubernamental exigió al ELN el cese inmediato del secuestro y la liberación de todos los cautivos. Aunque la guerrilla confirmó haber acatado la exigencia hasta febrero de 2024, retomó los secuestros extorsivos en mayo, argumentando falta de avances en la creación del Fondo Multidonante. En un cambio significativo para la delegación del gobierno, Vera Grabe fue nombrada jefa negociadora en diciembre de 2023, reemplazando a Otty Patiño y convirtiéndose en la primera mujer en liderar un proceso de paz en Colombia (El Espectador, 2024).
Un punto de ruptura significativo ocurrió en abril de 2024, cuando el ELN suspendió unilateralmente la Mesa de Diálogo. Esta decisión se tomó en protesta por la adhesión a la Paz Total del Frente Comuneros del Sur, con el cual el gobierno había iniciado un proceso de negociación en marzo. La guerrilla argumentó también incumplimientos por parte de la administración Petro, como el no retiro de los Grupos Armados Organizados (GAOs) de sus filas. La fragmentación se profundizó en septiembre de 2024, con un atentado del ELN contra una instalación militar en Arauca. Esta breve retrospectiva evidencia que la fragilidad y los tropiezos han sido constantes, incluso antes de la crisis humanitaria del Catatumbo, a pesar de logros importantes como la creación del Comité Nacional de Participación.
¿Hay una voluntad de paz? De la crisis humanitaria en el Catatumbo hasta la propuesta por retomar el diálogo
Recordemos que el punto más crítico de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y el ELN se dio en enero de este año, cuando por acciones bélicas en la región del Catatumbo (Norte de Santander) entre el grupo armado ELN y la disidencia Frente 33, el Gobierno Nacional por primera vez desde el inicio de las negociaciones, mediante tres resoluciones, dio por suspendida la Mesa de Diálogo de Paz, considerando que el actuar de la grupo armado ELN en ese territorio era crímenes de guerra, registrando un masivo desplazamiento de la población, secuestros, asesinatos a civiles y firmantes de paz. El pronunciamiento y rechazo a estos hechos por parte del Gobierno Nacional fue muy claro, llegando incluso a retirar el reconocimiento de todos los delegados de gestores de paz del proceso, y no fue para menos: según la Defensoría del Pueblo, lo que se vivió en el Catatumbo fue la crisis humanitaria más grave registrada en Colombia.
La disputa territorial y el establecimiento del ELN en la región implicaron el desplazamiento de al menos 70.000 personas y el confinamiento de más de 12.000, así como cientos de personas muertas (Defensoría del Pueblo, 2025). En medio de la lucha por el control del territorio, se llegó a la utilización de drones explosivos, minas antipersonal, violencia sexual, violencia etnica contra personas de comunidades indigenas; todo un panorama de violencia y completa violación a los derechos humanos, una triste y agresiva perpetuación de la lógica de guerra y muerte en Colombia.
El ciclo de violencia, aunque profundizado en el Catatumbo, no se limitó a esta región: se agravó también en varios departamentos del país por acciones del grupo guerrillero ELN. Desde seguimientos realizados desde la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), se evidenció que el Sur de Bolívar también se vio afectado con una fuerte emergencia humanitaria de desplazamientos masivos a causa de enfrentamientos entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC-Clan del Golfo). El grupo guerrillero exigió a los habitantes del municipio de Arenal, desocupar el territorio e implantó minas antipersonal agravando la situación humanitaria (Fundación Paz & Reconciliación, 2025). En el departamento del Chocó para el mes de agosto, según informes de la Defensoría del Pueblo, al menos 258 familias se desplazaron forzosamente tras una incursión armada en el municipio de Sipí (Defensoría del Pueblo, 2025), también debido a los constantes enfrentamientos entre grupos armados el ELN anunció un paro armado de 72 horas en el territorio chocoano en mayo, y otro en julio, generando un ambiente de violencia e incertidumbre constante en el departamento. En Arauca, se registraron al menos tres ataques con explosivos en los municipios de Saravena y Fortul; dos atentados al oleoducto Caño Limón Coveñas, y dos al oleoducto Bicentenario dejando consecuencias medioambientales importantes como la contaminación del río Caranal por derrame de combustible; asesinatos con francotiradores y el uso de material de guerra como cilindros-bomba, el más reciente atentado se dio el pasado domingo 05 de octubre contra una base militar en Puerto Jordán; la escalada de violencia en Arauca por los enfrentamientos entre grupos armados ha desatado una ola de angustia en la población, por lo que el pasado lunes 20 de octubre, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 014 de 2025, en razón de “las disputas entre el Frente Domingo Laín Sáenz —adscrito al Frente de Guerra Oriental, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— y los frentes 10.º, 28 y 45 —del Comando Conjunto de Oriente del Nuevo Estado Mayor Central (EMC), disidencias de las extintas Farc al mando de ‘Iván Mordisco’— hacen que estén en peligro los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las comunidades de los siete municipios del departamento” (Defensoría del Pueblo, 2025), sumado a un intento de secuestro en Ocaña, Norte de Santander, hacia Gustavo Quintero, un líder del Partido Comunes (Fundación Paz & Reconciliación, 2025), a tan solo menos de un mes de que declaran el interés en reabrir los canales de comunicación para encontrar una salida desde el diálogo a la profunda violencia en la que se encuentra el país actualmente.
Es por eso que parece posible preguntarse no sólo por la voluntad política de construcción de paz, pues bien lo dijo Vera Grabe: no es suficiente con decir que quieren dialogar; las acciones de desescalamiento de violencia son fundamentales, un aporte significativo de compromiso con la paz, no la búsqueda única de reconocimientos políticos y ventajas militares sin buscar un desarme y la desmovilización. Si el Gobierno Nacional desde la administración de Gustavo Petro desea retomar la Mesa de Diálogo, debe replantear no sólo estrategias territoriales para que los ceses al fuego no impliquen el mismo resultado: una redirección de la apuesta ofensiva del ELN que le permitió un respiro frente a los combates un actor armado (el Ejército Nacional) y lograr una mayor fuerza frente a otros actores, fortaleciéndose y logrando asentamientos territoriales más efectivos. Del mismo modo, un reto importante: la concepción interna del grupo guerrillero como una unidad que responde a los delegados, también plantear la capacidad de contención por parte del gobierno, quien no sólo debe continuar intentando hacer presencia estatal desde la capacidad militar sino desde la capacidad de atención en materia de derechos humanos.
La fragilidad del proceso y los tropiezos que se han visto debe llevarnos a reflexiones frente a la manera de llevar diálogos de paz más adecuada para el bienestar de la sociedad. No se trata de abandonar la esperanza frente a soluciones que primen salidas políticas desde la salvedad de la vida. La construcción de paz debe ser siempre una prioridad para el país, es por eso que quienes vociferan querer apostarle, deben mantenerse a la altura de la dignidad de la gente y del pueblo.
Bibliografía
CNN Colombia. (14 de diciembre de 2022). Gobierno de Colombia rechaza el anuncio de paro armado de un frente del ELN en el occidente del país. [Noticia]. Recuperado de: https://cnnespanol.cnn.com/2022/12/14/gobierno-de-colombia-rechaza-anuncio-de-paro-armado-de-un-frente-del-eln-orix#:~:text=%E2%80%9CPor%20estas%20razones%20nos%20vemos,los%20guerrilleros%20en%20el%20comunicado.
Defensoría del Pueblo. (13 de agosto de 2025). Incursión armada del ELN en Sipí, Chocó, obliga al desplazamiento y confinamiento de sus comunidades. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/-/armada-del-eln-en-sipi-choco-obliga-al-desplazamiento-y-confinamiento-de-sus-comunidades
Defensoría del Pueblo. (20 de octubre, 2025). Defensoría del Pueblo emite Alerta Temprana para el departamento de Arauca. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/-/alerta-temprana-para-el-departamento-de-arauca?redirect=%2F
Delegación de Diálogos ELN Paz. (18 de julio de 2023). Protocolos para el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal. [Documentación]. Recueperado de: https://delegacionelnpaz.org/?p=414
El Espectador. (27 de enero de 2025). Con tres resoluciones, Petro suspende oficialmente mesa con ELN y retira gestorías de paz. [Noticia]. Recuperado de: https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/crisis-con-el-eln-guerrilla-vuelve-a-pedir-pista-en-dialogos-de-paz-tras-crisis-en-la-mesa-habla-pablo-beltran/
Fundación Paz & Reconciliación. (15 de septiembre de 2025). Continúa el recrudecimiento de violencia en el Sur de Bolívar: Alerta por crisis humanitaria. Recuperado de: https://www.pares.com.co/continua-el-recrudecimiento-de-violencia-en-el-sur-de-bolivar-alerta-por-crisis-humanitaria/
Infobae. (11 de abril de 2024). Se suspendieron los diálogos con el ELN: el grupo terrorista le echó la culpa al Gobierno Petro. [Noticia]. Recuperado de: https://www.infobae.com/colombia/2024/04/11/eln-confirma-que-el-septimo-ciclo-de-dialogos-fue-suspendido-el-gobierno-congela-la-mesa/
