ELN y drones: la guerra que se desata en el aire

Desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, el uso de drones armados artesanales representa una crisis humanitaria sin precedentes en el conflicto colombiano. Estos dispositivos carecen de sistemas de puntería avanzada, capacidades claras de reconocimiento o mecanismos de discriminación de objetivos. Por lo tanto, lanzar explosivos de caída libre sobre zonas densamente habitadas como Santa Rita de Iró vulnera de manera sistemática los principios rectores de distinción y proporcionalidad.

En las nuevas guerras descritas por Kaldor, la población civil deja de ser un daño colateral para convertirse en el objetivo primario de la intimidación táctica. El propósito central de estos bombardeos imprecisos no es necesariamente destruir a las Fuerzas Militares, sino generar un terror psicológico incesante que facilite el control social y territorial por parte del grupo armado. La normalización de esta violencia asimétrica configura un escenario alarmante de posibles crímenes de guerra. Según fuentes territoriales, por ejemplo, en el suroccidente del país, lideres sociales han denunciado desplazamientos individuales ejercidos por grupos armados, los cuales son direccionados por drones, así no solo artefactos explosivos, sino también son instrumentos de control y vigilancia.

Ahora, la implementación de esta tecnología ha obligado a los grupos armados a transformar de manera profunda sus patrones de reclutamiento. La guerra contemporánea en Colombia exige habilidades que trascienden el manejo de un fusil de asalto en zonas montañosas. Actualmente, grupos como el ELN priorizan la búsqueda, captación y retención de perfiles técnicos especializados, priorizando a jóvenes con conocimientos en programación, electrónica y pilotaje remoto, así lo denuncio un experto en drones el pasado 15 de marzo del 2025, quien fue citado en el sector conocido como Campo 2, en Norte de Santander, por este grupo y quien ha recibido varias amenazas[1]. Este cambio de paradigma evidencia que las alianzas y las rupturas en el conflicto armado actual se definen cada vez más por las capacidades tecnológicas operativas que por el volumen numérico de los frentes de guerra. Un operador de drones bien capacitado representa hoy una ventaja táctica mucho mayor que decenas de combatientes de infantería tradicionales.

Frente a esta sofisticación, la respuesta del Estado no ha sido suficiente. Si bien el Ministerio de Defensa ha estructurado el Escudo Nacional Antidrones, basado en la compra de inhibidores de radiofrecuencia y radares tácticos, la ralentización en la compra y la burocratización en el acceso a estas tecnologías no logra tomarle la ventaja a la innovación criminal que avanza a un ritmo más acelerado, lo cual puede derivar en una desventaja militar frente a las rápidas adaptaciones que hacen de estos elementos los grupos armados. Los inhibidores tradicionales funcionan bloqueando la señal entre el control remoto y la aeronave, pero resultan inútiles frente a las nuevas adaptaciones de la guerrilla.

Según la información publicada por Infobae[1], estructuras como las del ELN han comenzado a emplear drones guiados por cables de fibra óptica. Esta innovación táctica hace que las aeronaves sean completamente inmunes a las interferencias electromagnéticas del Ejército, neutralizando inversiones millonarias en seguridad. Para recuperar la iniciativa, el Estado está obligado a transitar hacia tecnologías de mitigación cinética o sistemas de armas de energía dirigida.

Hoy por hoy, la contención de las guerras de quinta generación[2] no puede depender exclusivamente de la interceptación en el campo de combate táctico. Es importante abordar el problema desde una perspectiva estructural que interrumpa la cadena de suministro logístico antes de que la tecnología llegue a los campamentos armados. El Estado debe entonces establecer controles aduaneros sumamente estrictos y exigir un registro de propiedad obligatorio para la adquisición de drones agrícolas o industriales de alta capacidad de carga, pero, además, hoy por hoy, cualquiera puede acceder a la compra y la capacitación de estas aeronaves no tripuladas, por ello también tendrían que pensarse mejores controles frente al acceso de estos.

Asimismo, las instituciones deben desplegar mecanismos de inteligencia financiera para rastrear y desarticular las redes de contrabando que proveen los componentes electrónicos, motores y precursores químicos a los actores armados. Solo a través de una política pública integral que combine la modernización de la defensa antiaérea, la protección de los derechos humanos y la asfixia regulatoria comercial, Colombia podrá hacer frente a la letalidad asimétrica de las nuevas guerras.

[1] Sistemas antidrones de la fuerza pública se habría quedado obsoleta ante nuevo recurso tecnológico del ELN y disidencias de las Farc en: https://www.infobae.com/colombia/2026/01/28/sistemas-antidrones-de-la-fuerza-publica-se-habria-quedado-obsoleta-ante-nuevo-recurso-tecnologico-del-eln-y-disidencias-de-las-farc/

[2] La Guerra de Quinta Generación (5GW, por sus siglas en inglés) es un concepto estratégico que describe los conflictos contemporáneos donde se desdibujan las fronteras entre lo militar y lo civil, y donde el Estado pierde el monopolio exclusivo de la violencia. A diferencia de las guerras convencionales, la 5GW se caracteriza por el uso de tecnologías avanzadas y accesibles (como drones comerciales o ataques cibernéticos) por parte de actores no estatales, y tiene como campo de batalla principal el dominio humano y cognitivo.