En medio de los debates sobre la transición energética, el proyecto Parque Eólico Camelias, con una capacidad de 436,6 megavatios, emerge como una señal inequívoca de que Colombia puede, y debe, avanzar decididamente hacia una matriz energética más diversificada, resiliente y alineada con los compromisos climáticos del siglo XXI.
La aprobación ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) al proyecto Camelias, liderado por Celsia, no solo representa un hito técnico, sino una decisión política y estratégica en favor del cambio estructural del sistema energético nacional. Camelias se convierte en uno de los parques eólicos más grandes proyectados en el país, y su ubicación en Uribia, La Guajira, reafirma el rol central que esta región tiene —y tendrá— en el nuevo mapa energético colombiano.
El proyecto no parte de cero. Se apalanca en licencias previas otorgadas a Begonia Power desde 2016, pero las reorganiza y actualiza bajo criterios más modernos de diseño, capacidad instalada y consulta social. En su fase actual, el parque contempla 72 aerogeneradores distribuidos en 320 hectáreas, con una vida útil proyectada de 30 años. No es un simple proyecto: es una infraestructura de escala nacional que podría aportar energía limpia y firme a millones de colombianos en los próximos años.
Este tipo de iniciativas se enmarcan plenamente dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que establece la necesidad de descarbonizar la economía, diversificar la matriz energética y garantizar justicia territorial en el acceso y gobernanza de los recursos energéticos. El presidente Gustavo Petro ha sido claro: sin transición energética, no hay futuro ni económico, ni social, ni ambiental para Colombia. Proyectos como Camelias materializan esa visión y la traducen en hechos.
Además, Camelias ha sido socialmente negociado, al menos en su fase de licenciamiento, a través de 15 consultas previas con comunidades indígenas Wayúu. Esto es significativo. No solo porque responde a un mandato legal, sino porque señala un viraje frente al modelo extractivo centralista que ha caracterizado históricamente el desarrollo energético colombiano. Si se respetan e implementan adecuadamente los acuerdos alcanzados, Camelias puede convertirse en un modelo de gobernanza territorial y energética, donde la riqueza eólica no sea fuente de despojo, sino de dignificación comunitaria.
Por supuesto, los desafíos no desaparecen. La infraestructura de transmisión, la conflictividad social en La Guajira, la lentitud en la ejecución de los compromisos institucionales, y la necesidad de evitar la concentración de beneficios en pocas manos privadas son alertas que no se pueden ignorar. Pero a diferencia de otros megaproyectos que naufragan en promesas, Camelias ya cuenta con aval ambiental y una hoja de ruta clara para iniciar obras en los próximos dos años.
En un país donde más del 70% de la energía sigue dependiendo de las hidroeléctricas, y donde fenómenos como El Niño amenazan con desestabilizar el suministro eléctrico cada cierto año, proyectos como Camelias no solo son deseables, son indispensables. No se trata de reemplazar una fuente por otra, sino de construir un mix energético equilibrado, sostenible y territorialmente justo.
Colombia tiene viento. Tiene sol. Tiene comunidades dispuestas a participar. Tiene normativas ambientales y energéticas que, aunque perfectibles, permiten avanzar. Lo que necesita ahora es decisión política, agilidad institucional y sentido de urgencia. Camelias es, en ese sentido, una buena noticia. No por lo que ya es, sino por todo lo que puede representar: una transición energética que sopla desde el norte, impulsando un país más limpio, más justo y más preparado para los retos del mañana.
