Las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 no terminaron ese día en sí. En rigor, el proceso de escrutinio ha prolongado la disputa política más allá del conteo mismo, hasta convertirse en el escenario en el que el gobierno de Gustavo Petro ha venido librando una batalla paralela.
De hecho, las denuncias sobre posibles irregularidades en el software de preconteo, los más de 50 mil formatos de E14 supuestamente alterados y las reclamaciones sobre votos no contabilizados que han hecho abogados y congresistas del Pacto Histórico en Corferias no son solamente una disputa técnica sobre la integridad del proceso electoral, tienen también, sobre todo, una lectura política que por debajo está movilizando la urgencia de un proceso constituyente.
Para entender lo que está en juego, es necesario seguir con cuidado el hilo de un discurso que el presidente ha venido construyendo desde julio de 2025. Ese discurso parte de que hay tanto jurisprudencia sobre irregularidades electorales previas, como un fallo del Consejo de Estado que le dio la razón al Partido MIRA en 2018 frente a un fraude en su contra, así como también existen preguntas legítimas sobre la contratación privada del software electoral que la Registraduría sigue sin resolver.
No obstante, ese mismo discurso tiene, ahora mismo, un sentido político mucho más inmediato, que es el que permite leer con más claridad tanto las celebraciones del Pacto por el aumento de su bancada como, al mismo tiempo, la insistencia del gobierno en que esos mismos resultados estuvieran viciados.
—¿Qué es lo que ha dicho específicamente Gustavo Petro?
El presidente ha venido elaborando desde hace bastante tiempo la tesis sobre la plausibilidad de que hubiera fraude en este ciclo electoral en Colombia. De hecho, ya desde julio de 2025, Petro había cuestionado la idoneidad de la empresa Thomas Greg & Sons (con la que ya tiene un conflicto abierto de tiempo atrás, debido a la disputa por la impresión de pasaportes, que involucra a esta empresa) para la logística de las elecciones tanto del pasado 8 de marzo como las elecciones presidenciales de mayo y junio, al haberla señalado de fraude en el software de conteo de votos en elecciones pasadas.
Esto llevó a que, en noviembre de 2025, los abogados del presidente interpusieran una acción popular ante el Tribunal Superior de Cundinamarca denunciando este supuesto fraude. El proceso, a la final, no prosperó, porque los abogados del presidente no pudieron probar que las afirmaciones de Gustavo Petro fueran hechos verificables.
Desde allí, Petro siguió sosteniendo que tanto Thomas Greg & Sons, como su filial, ASD, habían incurrido en denuncias de fraude anteriores que no las hacían idóneas para quedarse con el contrato de la Registraduría para hacer el preconteo. En este caso, la afirmación de Petro parte de un informe de Revista RAYA de diciembre de 2025, en la que se señala que ASD estuvo involucrado en un presunto fraude en el pasado proceso electoral de Honduras.
Ante estas denuncias, ASD decidió renunciar al contrato a finales de enero de 2026, señalando potenciales “daños reputacionales” tras las acusaciones en el país centroamericano. Además, según RAYA, el software de ASD estuvo presuntamente involucrado en el fraude cometido contra el partido MIRA en las elecciones legislativas de 2014.
Esto último es importante, porque en 2018 el Consejo de Estado falló a favor del Partido MIRA, luego de que se comprobara que se había destruido material electoral y el software de conteo fuera saboteado, lo que impidió que el Partido tuviera presencia en el Congreso y perdiera su personería jurídica. Según el Consejo de Estado, existieron irregularidades entre los E14 y los E24 con los que se contrastan la cantidad de votos que hay mesa por mesa, pero también hubo irregularidades en algunas de las líneas de código y los algoritmos del software, que terminaron por descontar votos que, sin pruebas físicas (parte del material electoral se destruyó al momento del preconteo, no después), afectaron directamente al partido MIRA.
Lo importante de este fallo es que, en una de sus resoluciones, dictaminó que la Registraduría debía adquirir su propio software (debido a que este siempre ha sido contratado con actores privados) para, entre otras cosas, tener una trazabilidad mucho más coherente y razonable entre las mesas de votación y las declaratorias de elección.
Este es el argumento con el que Gustavo Petro ha indicado que las elecciones en los últimos años han estado viciadas, y que el software privado que contrata la Registraduría para el proceso electoral es susceptible de ser modificado y alterado en los resultados que registra. Del mismo modo, es el argumento del gobierno para justificar la necesidad de que la Registraduría cuente con su propio software electoral.
Este también es el centro de la discusión con la Registraduría por la auditoría del software que se iba a utilizar para el preconteo y la sistematización de los escrutinios con el registrador general, Hernán Penagos, que llevó a que eventualmente éste permitiera una revisión parcial de los mismos tanto a los partidos políticos como a los entes de control y al gobierno nacional a finales de febrero de 2026.
Así mismo, también es el eje de la discusión de los últimos días, en los que el presidente ha señalado que existen más de 50 mil formatos de E14 alterados, así como presuntas modificaciones en el software de escrutinio, que reemplazó cifras de votación por la palabra “null” para un partido (que el presidente no especifica cuál es) y que pudo alterar el escrutinio final, que aún no ha terminado de realizarse.
El 13 de marzo, Petro le volvió a pedir al registrador Penagos que entregara los códigos fuente para una auditoria abierta por parte del gobierno nacional y de la ciudadanía en general. Penagos respondió posteriormente, señalando que el conducto regular para las reclamaciones sobre posibles irregularidades en el proceso electoral existe y está determinado por el artículo 192 del Código Electoral, así como indicó que las presuntas diferencias e irregularidades no se han probado ciertas.
Estos cuestionamientos se han agudizado luego de que varios abogados y congresistas del Pacto Histórico que estuvieron acompañando la revisión de los escrutinios señalaran que el Pacto ha recuperado dos curules en Senado y varias otras más a nivel territorial, indicando que ha habido miles de votos que no se han contabilizado o que se ha hecho de forma irregular.
—¿Qué revela este discurso?
Queda claro, tras una semana larga de las elecciones a Congreso y con el proceso de escrutinio a boca de cierre, que la intención del gobierno de Gustavo Petro ha sido construir una narrativa de proceso electoral cuestionado que, por un lado, proteja al Pacto de la lectura de derrota relativa y, por el otro, alimente el argumento de la constituyente como salida ante un sistema que se encuentra corrompido.
De hecho, existe una ambivalencia entre las reacciones del gobierno frente a la cantidad de curules que ocupa el Pacto Histórico para el siguiente ciclo legislativo (2026-2030) y al mismo tiempo la demanda de que estas elecciones ha estado marcadas por un nuevo fraude. Esto, en tanto Petro ha salido a celebrar que el Pacto sea la primera fuerza política del país (25 senadores y 42 representantes a la Cámara hasta el momento), así como también ha dicho que existen pruebas de lugares en el país donde el Pacto perdió votos frente a otros partidos de forma irregular.
No obstante, tener esta cifra de congresistas no le ayuda frente a su último interés, que es movilizar la agenda de una Asamblea Nacional Constituyente al inicio del próximo ciclo legislativo. No es para menos.
Ya el presidente había instado a todos sus ministros, el pasado 24 de febrero, a firmar el documento de convocatoria. Esto es relevante porque la firma se hizo días antes de la jornada electoral.
Aun cuando el gobierno sigue siendo la primera fuerza política (y, con ello, tenga la posibilidad de ocupar las presidencias de Senado y Cámara de Representantes en la primera legislatura, 2026 – 2027) y tiene mayor margen de maniobra en un Congreso que sigue fragmentado, no tiene asegurada una mayoría lo suficientemente amplia para poder movilizar sin el poder de veto de los partidos independientes y de oposición esta iniciativa.
Así, el Pacto Histórico termina dependiendo, de nuevo, de negociaciones al menudeo con congresistas y de establecer nuevos puentes con los partidos tradicionales que, en este caso, pueden exigir costos muchísimos más altos para hacer transacciones políticas, más ahora con el incentivo de que existe una posibilidad alternativa de gobierno a la que van a apostarle, como lo es la candidatura de Paloma Valencia.
Es por ello por lo que para el gobierno y para su partido recién unificado se vuelve urgente recuperar curules tanto en Senado como en Cámara, para reducir la brecha de apoyos y garantizar tener suficientes votos como para forzar escenarios de negociación más ventajosos, o al menos disminuir los costos de esas transacciones políticas, en tanto es claro que los partidos “bisagra” (en este caso el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U) demandarán mayores cuotas burocráticas o incidencia presupuestal para asegurar esos votos.
Así es como el gobierno ha logrado movilizar el discurso del fraude que, aunque tiene asidero real y jurisprudencial sobre irregularidades rastreables en procesos electorales previos, ahora mismo tiene también un sentido político, que es asegurar que el Pacto Histórico tenga mucho más peso en un legislativo que sigue anunciando fracturas y bloqueos políticos, con baja posibilidad de gobernabilidad y frágil ante la falta de incentivos que han existido para estos partidos en los últimos 4 años.
De hecho, en un gobierno como el de Abelardo de la Espriella también es posible que una potencial coalición amplia de partidos para derrotar al progresismo se estrelle con la realidad de que los partidos le exigirán altos costos políticos por su apoyo. Y aunque tanto De La Espriella como Valencia tienen suficiente capacidad de maniobra para establecer alianzas con los partidos tradicionales, ya el gobierno Duque demostró que estas alianzas son estables y también dependerán del ambiente social en gobiernos que pueden llegar a ser revanchistas respecto del gobierno saliente.
Lo que esto revela es que la inestabilidad estructural de las coaliciones en Colombia no es un asunto solamente del Pacto Histórico, sino que es un problema de fondo de un sistema político en el que los partidos “bisagra” han aprendido a monetizar su ambigüedad, y en el que ningún gobierno (ni el que sale ni el que llega) tiene garantizado el piso legislativo que necesita para gobernar sin negociar permanentemente su propia agenda.
Eso, pues, es lo que hace que el discurso del fraude tenga tanto sentido político en este momento. No porque resuelva el problema de gobernabilidad del Pacto en sí misma, sino porque aplaza, al menos por ahora, la lectura de que ese problema ya no tiene solución dentro del marco institucional que Petro lleva cuatro años cuestionando.
