El reclutamiento no se detiene, solo deja de verse

La caracterización de los casos revela patrones consistentes en el tiempo. En ambos periodos, la mayoría de las víctimas son niños y adolescentes hombres (62 %), aunque la afectación de niñas y adolescentes mujeres (38 %) continúa siendo significativa y, en muchos casos, menos visible. Esta diferencia no debe interpretarse como una menor exposición de las niñas al conflicto armado, sino como un reflejo de modalidades de reclutamiento y utilización diferenciadas, que incluyen trabajos forzados, control social, violencia sexual y tareas de apoyo logístico, frecuentemente invisibilizadas en los sistemas de denuncia.

Uno de los datos más alarmantes, y que coincide plenamente con la preocupación expresada por la ONU, es la afectación desproporcionada de comunidades étnicas. En 2024, el 45 % de los casos correspondió a población indígena, porcentaje que aumentó al 47 % en 2025. Esta sobrerrepresentación da cuenta de una relación directa entre reclutamiento infantil, control territorial y exclusión histórica. En territorios indígenas y afrodescendientes, la presencia limitada del Estado, la persistencia de economías ilegales y la imposición de órdenes armados paralelos configuran escenarios de alta vulnerabilidad para la niñez.

Desde el punto de vista territorial, los registros de la Defensoría muestran una concentración de casos en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo y Caquetá, entre otros. Estas regiones coinciden con corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y la movilidad armada, lo que confirma que el reclutamiento de menores no es un fenómeno residual, sino una estrategia funcional al control territorial. La utilización de niñas, niños y adolescentes permite a los grupos armados reducir costos operativos, asegurar lealtades tempranas y sostener su presencia en contextos de alta presión militar.

En cuanto a los presuntos responsables, tanto en 2024 como en 2025 se observa una predominancia de estructuras disidentes de las antiguas FARC-EP, en particular el Estado Mayor Central (EMC), seguido por el ELN y el Clan del Golfo. No obstante, un porcentaje significativo de casos continúa siendo atribuido a “grupos sin identificar”, lo que evidencia las dificultades institucionales para esclarecer responsabilidades en escenarios de fragmentación armada y control social estricto. Esta indeterminación no es menor, pues limita la judicialización, debilita las acciones de prevención y contribuye a la reproducción del subregistro.

Tal como ha advertido la Misión de Verificación, la vinculación de menores no se reduce a su incorporación como combatientes. Los grupos armados recurren de manera sistemática a la utilización de niñas, niños y adolescentes como informantes, mensajeros, campaneros, apoyo logístico, cuidadores de cultivos ilícitos o participantes forzados en actividades de control comunitario. Estas modalidades, al no encajar siempre en la noción tradicional de reclutamiento armado, tienden a quedar fuera de los registros oficiales, pese a constituir graves violaciones de derechos humanos.

Es precisamente en este punto donde se hace más evidente el problema del subregistro. El miedo a represalias, la normalización del control armado, la ausencia de canales seguros de denuncia y la desconfianza histórica hacia las instituciones estatales operan como barreras estructurales para la visibilización de los casos.

La preocupación expresada por la ONU apunta, en consecuencia, no solo a la persistencia del reclutamiento, sino a la incapacidad del Estado para detectarlo y prevenirlo de manera integral. La aparente disminución de casos en algunos periodos de 2025, reflejada en los registros mensuales, no puede interpretarse como un avance sustantivo sin un análisis riguroso de las condiciones de reporte. En contextos de intensificación del control armado, una reducción estadística puede ser, paradójicamente, un indicador de mayor silenciamiento y no de menor ocurrencia.

En este escenario, el contraste entre el informe de la Misión de Verificación de la ONU y los datos de la Defensoría del Pueblo revela una paradoja crítica: mientras la comunidad internacional identifica el reclutamiento de menores como una amenaza central para la paz y la democracia, el país continúa enfrentando profundas limitaciones para dimensionar plenamente el fenómeno. La persistencia del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes pone en entredicho la implementación integral del Acuerdo de Paz y evidencia que, en amplias zonas del territorio, la niñez sigue siendo tratada como un recurso de guerra antes que como sujeto de derechos.