El anuncio de un protocolo para permitir el ingreso de la Fuerza Pública a las universidades públicas reabrió una discusión respecto a los límites del manejo de la protesta social, sobre todo en escenarios de alta movilización, como lo pueden ser las Universidad Publicas. Hoy, a puertas de lo que sería la primera movilización amplia en el gobierno de Abelardo de la Espriella, convocada para el 14 de octubre en defensa de la educación pública, vale la pena preguntarnos, en qué condiciones puede intervenir la Fuerza Pública, quién define la gravedad de la situación, qué controles existen durante la intervención y cómo se impide que una medida excepcional convierta a la comunidad universitaria en un objeto de sospecha y criminalización.
La memoria del 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional de Colombia obliga a formular estas preguntas con especial cuidado, pues la historia nos muestra que la intervención de la Fuerza Pública en los campus tiene antecedentes de violencia, estigmatización, detenciones arbitrarias y silencios institucionales que deben orientar cualquier discusión actual. El informe Reventando silencios: memorias del 16 de mayo de 1984 en la Ciudad Universitaria, elaborado por Archivos del Búho y entregado a la Comisión de la Verdad, constituye un insumo imprescindible para esta tarea de análisis de la historia reciente en miras a conservar la memoria, pero especialmente, garantizar la no repetición (Archivos del Búho, 2021).
La Universidad Nacional de los años setenta y ochenta no era únicamente un lugar donde ocurrían movilizaciones y confrontaciones el “Estado”. Era también un espacio de sociabilidad, de discusión política, de producción cultural e intelectual y de búsqueda de condiciones materiales para estudiar. Las residencias, el comedor, las cafeterías y los pasillos eran parte de una infraestructura de bienestar que hacía posible el acceso y la permanencia de jóvenes provenientes de regiones y de sectores populares.
Carlos Medina Gallego, en Al calor del tropel, recupera esa densidad de la experiencia universitaria. Su crónica constituye parte de la memoria narrativa que permite comprender el universo social de la Universidad Nacional. En su relato, el comedor, por ejemplo, no aparece como un servicio marginal, sino como el lugar de la espera, del hambre, de la conversación y de la diversidad estudiantil. Allí confluyen procesos organizativos, desacuerdos, afectos y precariedades compartidas. Los estudiantes, escribe Medina, estaban “unidos en su desunión por la única coyuntura capaz de agruparlos tres veces al día: el hambre” (Medina Gallego, 2023, p. 19).
El 16 de mayo de 1984, estudiantes de la Universidad Nacional realizaron acciones conmemorativas para rechazar el asesinato de Jesús “Chucho” León, entonces presidente de Cooperación Estudiantil. La jornada se dio en un ambiente marcado por el asesinato previo de liderazgos vinculados a las demandas de bienestar y residencias estudiantiles y el ingreso de la fuerza pública al campus derivó en graves violaciones a los derechos humanos.
La investigación de Archivos del Búho documentó detenciones de estudiantes, docentes, trabajadores y personas que se encontraban en el entorno universitario. También recogió testimonios sobre lesiones, torturas, agresiones sexuales, retenciones irregulares y denuncias de posibles homicidios y desapariciones. El informe fue presentado precisamente para romper el silencio que ha rodeado lo sucedido, dignificar a quienes lo vivieron y aportar a una comprensión más amplia de las afectaciones del conflicto armado sobre el sector universitario (Archivos del Búho, 2021).
Ahora, el aspecto más importante para el debate actual quizá sea comprender que los efectos de una intervención policial no terminan cuando los agentes abandonan el campus, sino en las decisiones posteriores que transforman la vida universitaria durante años tales como cierres, controles, estigmas, vigilancia, pérdida de confianza y debilitamiento de las redes de bienestar. Recordemos que, hasta el día de hoy, nunca se volvieron a abrir las residencias universitarias que durante años fueron una medida de acceso para estudiantes de regiones apartadas del país.
Hoy por hoy, la universidad pública sigue siendo elemento de sospecha. Y bajo el contexto actual, la amenaza de perfilamiento ya no es una posibilidad lejana. Recientemente la revista Semana publicó un artículo aborda un supuesto informe de inteligencia según el cual existirían “células clandestinas” del ELN y de las disidencias de las FARC en diez universidades públicas del país, entre ellas la Universidad Nacional, la Distrital, la Pedagógica, la Universidad de Antioquia, la UIS, la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca y la Surcolombiana.
La nota asocia a colectivos estudiantiles, organizaciones sociales, estudiantes que prolongan su permanencia académica e incluso docentes con posibles redes de apoyo, captación, financiación o “manipulación” por parte de grupos armados. Sin embargo, el artículo presenta estas afirmaciones como hallazgos de fuentes de inteligencia y funcionarios sin identificación pública, sin divulgar el informe íntegro, los criterios de atribución, las pruebas individualizadas ni las garantías de contradicción para las personas, colectivos e instituciones señaladas. Ese tipo de narrativa transforma afinidades ideológicas, participación estudiantil, trabajo organizativo o trayectorias académicas no lineales en potenciales indicadores de peligrosidad.
En una universidad atravesada por una historia de persecución política, montajes judiciales y acusaciones posteriormente desvirtuadas, como las de Mateo Gutiérrez y el profesor Miguel Ángel Beltrán, esta lógica representa un riesgo concreto, donde la inteligencia y el discurso público producen perfiles colectivos antes que investigaciones serias sobre responsabilidades individuales. Cuando se equipara la comunidad universitaria con una infraestructura de “terrorismo urbano”, se prepara el terreno simbólico para legitimar la intervención policial y se debilita la presunción de inocencia, la libertad de pensamiento, la organización estudiantil y la autonomía universitaria.
Y es precisamente, en este punto en donde está el riesgo de un protocolo de ingreso redactado con categorías ambiguas, como “vandalismo”, “terrorismo”, “peligro” o “alteración del orden público”, sin definiciones estrictas ni mecanismos de control que puede convertirse en una autorización expresa que termine facilitando intervenciones indiscriminadas.
Finalmente, permitir el ingreso de la fuerza pública a la universidad en un contexto donde la protesta estudiantil vuelve a ser presentada como amenaza, vandalismo o terrorismo consolida una lógica de sospecha sobre quienes habitan el campus y habilita que la excepción se vuelva regla. El 16 de mayo de 1984 demuestra que la violencia estatal en la Universidad Nacional no fue solo el resultado de un operativo, sino estuvo precedida por discursos y prácticas que asociaron la organización estudiantil con la peligrosidad y que después dejaron detenciones, lesiones, denuncias de tortura, asesinatos y desapariciones aún no plenamente esclarecidos. Por eso, la discusión actual no puede limitarse a definir cuándo entra la Policía, sino debe preguntarse por qué se insiste en responder a conflictos universitarios con herramientas de control armado, en vez de garantizar mediación, bienestar, diálogo y derechos. La autonomía universitaria existe para impedir que el poder estatal convierta el pensamiento crítico en sospecha y la protesta en delito. Permitir el ingreso de la fuerza pública, hoy, sería ignorar la historia y renunciar a una garantía básica de no repetición.
Referencias
Archivos del Búho. (2021). Reventando silencios: Memorias del 16 de mayo de 1984 en la Ciudad Universitaria [Informe presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición].
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2021). ¿Qué pasó el 16 de mayo de 1984 en la Universidad Nacional? https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/que-paso-el-16-de-mayo-de-1984-en-la-universidad-nacionalweb.comisiondelaverdad
Cortés Villalba, V. (2020). “Quiero saber qué motivó a la Policía a hacerme el montaje”: Mateo Gutiérrez. El Espectador. https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/quiero-saber-que-motivo-a-la-policia-a-hacerme-el-montaje-mateo-gutierrez-article/elespectador
El Espectador. (2016). Corte Suprema absolvió al profesor Miguel Ángel Beltrán. https://www.elespectador.com/judicial/corte-suprema-absolvio-al-profesor-miguel-angel-beltran-article-652604/elespectador
El Espectador. (2020). Profesores de sociología denuncian ante la Fiscalía presunto montaje en su contra. https://www.elespectador.com/judicial/profesores-de-sociologia-denuncian-ante-la-fiscalia-presunto-montaje-en-su-contra-article-905105/elespectador
Medina Gallego, C. (2023). Al calor del tropel: La Universidad Nacional, crónica de una década (4.ª ed.). Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Instituto de Investigación Sociojurídica Gerardo Molina, UNIJUS. https://derecho.bogota.unal.edu.co/media/libros/3386_Al_calor_del_tropel.pdfderecho.bogota.unal.edu
Semana. (2026). Exclusivo: Identifican células de guerrillas en diez universidades y alertan de un plan para desestabilizar al país. https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-identifican-celulas-de-guerrillas-en-diez-universidades-y-alertan-de-un-plan-para-desestabilizar-al-pais/202604/semana
