El proceso que no tuvo cierre con los exparas

Puntualmente, la carta señala que la OCCP convirtió su nombramiento en un acto simbólico, carente de voluntad política y sin mecanismos reales para implementar acciones sustantivas. En la carta exponen, como posterior a la designación de la resolución 453, en donde se les otorgaba el rol como gestores de paz; los gestores cumplieron con las instrucciones de la OCCP, respecto a información pertinente para la Unidad de Búsqueda a Personas dadas como desaparecidas, e información sobre bienes. Sin embargo, la OCCP no convoco a ninguna mesa técnica, ni les asigno presupuesto. Tan solo una semana antes de vencer la gestión, la OCCP presento “planes de trabajo” que, de acuerdo con la carta, eran incompatibles con los tiempos.  De igual forma, denuncian además que, la OCCP, cambió unilateralmente los términos de la gestoría y canceló sin justificación una reunión plenaria previamente acordada, lo que consideran una forma de sabotaje institucional. Así, bajo este panorama, afirman que no existen condiciones para continuar con la gestoría, y solicitan al presidente una reunión directa para retomar el diálogo.

 

Por su parte, en respuesta a las declaraciones, la OCCP emitió un comunicado oficial el 7 de junio de 2025, reiterando que el propósito de estas gestorías ha sido contribuir al cierre de asuntos pendientes del proceso con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), particularmente en lo relacionado con la verdad, la reparación y la no repetición. La OCCP destaca que ha brindado acompañamiento a los gestores en el desarrollo de sus planes de gestión, articulando su participación con otras entidades estatales y facilitando su operación incluso para quienes permanecen privados de la libertad. Asimismo, reconoce avances importantes, como la contribución a la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de bienes con fines de reparación. Sin referirse directamente a la carta de los exparamilitares, el comunicado aclara que no se ha contemplado revocar las gestorías vigentes, cuya prórroga se mantiene hasta el 8 de julio de 2025, y que cualquier decisión sobre su continuidad será evaluada en su momento por el Presidente Gustavo Petro.