El pasado 17 de febrero el Congreso de Perú con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, destituyó al entonces presidente José Enrique Jerí Oré, en el marco del escándalo chifagate, que lo acusaba de tener reuniones secretas con empresarios chinos que no fueron registrados en la agenda presidencial. A la destitución de Jose Jerí, el séptimo presidente en los últimos 10 años de Perú, lo siguió el nombramiento de José María Balcazar como el nuevo presidente elegido por el Congreso.
Balcazar llega al cargo con una serie de investigaciones en curso por presuntos delitos de fraude, estafa y prevaricato. Se suma a su perfil posturas problemáticas como la que sostuvo sobre el matrimonio infantil en 2023 durante su periodo como congresista. Se espera que su periodo termine el 28 de julio, fecha en que asumiría el cargo el ganador de las elecciones presidenciales que tienen su primera vuelta programada para el 12 de abril.
El ambiente político en Perú viene sumido en una crisis sostenida desde al menos 10 años, cuando se marcó un punto de quiebre en la estabilidad de la silla del ejecutivo y un inicio en la acumulación de poder en el congreso. Esta década ha estado marcada por un debilitamiento gradual de la democracia peruana, de su sistema de partidos y sobre todo de las condiciones de vida de la sociedad. En el momento hay 36 candidatos para la presidencia del país, ninguno supera el 15% en intención de voto y la mayoría tiene únicamente un 1%, sumado a ello se ha consolidado un ambiente donde la confianza en un posible cambio a través de una modificación del ejecutivo es bastante endeble (BBC News Mundo, 2026).
En el deterioro de las condiciones generales de vida de la sociedad peruana se ubica de forma particular como se ha construido como política de Estado la represión frente a la protesta social. Desde la crisis de Manuel Merino en 2020, cuando su intento de asumir la presidencia tras la destitución de Martín Vizcarra desató una ola de protestas masivas en diversas ciudades del país, la movilización social se convirtió en un elemento con capacidad determinante dentro de la política peruana contemporánea. Miles de personas, especialmente jóvenes y sectores populares, salieron a las calles para rechazar lo que percibieron como un atropello institucional y una secuencia interminable de gobiernos impopulares, logrando que Merino renunciara en menos de una semana. En está corta jornada de movilización, Human Rights Watch documentó que la policía disparó perdigones de plomo y vidrio, así como gases lacrimógenos de forma directa contra los manifestantes, lo que habría provocado más de 200 personas heridas en Lima por esos días (Human Rights Watch, 2020). La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló por su parte que se registraron al menos dos personas asesinadas y que el uso de la fuerza no se ajustó a los estándares interamericanos de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además expresó preocupación por denuncias de violencia sexual contra una manifestante detenida y por agresiones a periodistas y personal de la Defensoría del Pueblo (CIDH, 2020). Estas jornadas marcaron un antes y un después, la protesta social pasó de ser expresión sectorial a convertirse en catalizador y foco para las crisis políticas, un fenómeno que reaparecería con fuerza en 2022.
Desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023, tras el arresto de Pedro Castillo, se dieron movilizaciones que abarcaron prácticamente todo el país y estuvieron motivadas no solo por demandas inmediatas como elecciones anticipadas y el rechazo de la destitución, sino por un profundo malestar estructural que incluía la precariedad económica de la población que se ha mantenido pese al avance macroeconómico que ha tenido el país en la última década de crisis política, la marginalización de comunidades indígenas y la desconfianza generalizada en las instituciones estatales. La composición de los actores sociales fue diversa, campesinos y poblaciones rurales del sur del país, estudiantes, colectivos sindicales y juventudes trabajadoras se articularon en torno a demandas más amplias que exigían un viraje hacia la construcción de condiciones de vida digna y democracia real.
La respuesta estatal fue contundente y violenta. Fuerzas de seguridad reprimieron las protestas con fuerza letal, dieron lugar a eventos como la masacre de Ayacucho en diciembre de 2022, donde al menos 10 manifestantes fueron asesinados y 61 personas fueron heridas por disparos de las fuerzas armadas y policiales, o la masacre de Juliaca en enero de 2023, en la que al menos 18 civiles murieron y más de 100 resultaron heridos por balas durante enfrentamientos con la Policía Nacional. Organismos internacionales, incluyendo la CIDH, documentaron que el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte del Estado caracterizó la respuesta a las movilizaciones y recomendó investigaciones exhaustivas y sanciones a responsables.
El Ministerio Público de Perú (2024) registro un alto número de víctimas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, las cifras muestran 62 investigaciones iniciadas contra miembros de las fuerzas del orden, 766 agraviados que incluyeron 50 fallecidos y 716 lesionados en ese periodo. Esta violencia institucional se posiciono como catalizador de una desmovilización forzada de amplios sectores sociales al interior del país, pues el miedo a la violencia letal y las heridas permanentes afectan hasta el día de hoy la contundencia de las protestas, dejando profundas cicatrices en los sectores sociales que aún no han sido atendidas con justicia ni reparación adecuada.
En septiembre de 2025 un nuevo ciclo de protestas volvió a sacudir Perú, esta vez con protagonismo de la Generación Z, jóvenes trabajadores retornaron a las calles contra la administración de Dina Boluarte y posteriormente contra el nuevo gobierno de José Jerí. Las demandas incluían la derogación de reformas como la del sistema de pensiones, el rechazo a la corrupción y la inseguridad relacionada a la incidencia del crimen organizado que viene en aumento, la renuncia del presidente, la modificación del Congreso, así como justicia para las víctimas de años anteriores.
Las protestas de septiembre y octubre del año pasado fueron respondidas con un fuerte despliegue policial que utilizó gases lacrimógenos y perdigones para dispersar manifestantes, lo que dejó al menos una persona fallecida y decenas de heridos en enfrentamientos en Lima (EFE, 2025). Organizaciones defensoras de la libertad de prensa denunciaron además agresiones contra periodistas que cubrían las manifestaciones, incluyendo disparos y hostigamientos por parte de agentes de seguridad (Committee to Protect Journalists, 2025). Diversas organizaciones de derechos humanos señalaron que el uso de la fuerza por parte de la policía fue innecesario y desproporcionado frente a manifestaciones mayoritariamente pacíficas, reforzando la preocupación por un patrón de respuesta estatal que prioriza la represión antes que una salida política al conflicto social (Amnesty International, 2025).
La acumulación de estas experiencias de movilización y represión revela que la crisis de derechos humanos en Perú no es un fenómeno aislado sino estructural. La falta de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, la impunidad reiterada frente a violaciones graves, y la ausencia de procesos efectivos de justicia y reparación han configurado en la práctica, una dinámica en la que la violencia estatal se erige como respuesta habitual a las demandas sociales y una característica constitutiva del aparato de Estado, que va en contradicción con el marco legal formal que reconoce estos derechos.
De cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la agenda de derechos humanos figura como una deuda crítica que, sin embargo, ha tenido escasa centralidad en los programas y debates de la mayoría de los candidatos presidenciales, muchos de los cuales se concentran en temas de seguridad o crecimiento económico sin propuestas claras sobre justicia transicional o reparación de víctimas. Amnistía Internacional lanzó la iniciativa “Mira Bien”, una herramienta que analiza los planes de gobierno de los candidatos desde una perspectiva de derechos humanos, evaluo los 36 planes de gobierno registrados ante el Jurado Nacional de Elecciones a la luz de cinco ejes de derechos humanos: libertad de expresión y asociación, justicia de género, justicia ambiental y climática, seguridad ciudadana y corrupción e impunidad.
Hay una serie de compromisos concretos para garantizar estándares básicos de derechos humanos, particularmente en materia de control del uso de la fuerza, rendición de cuentas por violaciones cometidas durante protestas sociales y fortalecimiento de las instituciones encargadas de investigar abusos estatales. El escrutinio de los planes de gobierno mostró una tendencia a priorizar enfoques de seguridad centrados en el endurecimiento de medidas policiales y penales, sin incorporar mecanismos efectivos de supervisión democrática ni políticas integrales orientadas a la prevención de la violencia, la protección de derechos fundamentales y la tendencia al dialogo. Hay una grave ausencia de propuestas claras para garantizar justicia y reparación a las víctimas de la represión estatal ocurrida en los últimos años, en la falta de medidas para proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, así como un vacío de compromisos frente a problemas estructurales como la corrupción, la impunidad, la informalidad laboral y la violencia de género. En conjunto, la oferta programática electoral es ajena a las demandas sociales expresadas en las movilizaciones recientes, no hay intenciones de generar medidas institucionales que garanticen efectivamente los derechos humanos (Amnistía Internacional, 2026).
De esta forma, la crisis política sostenida ha erosionado la confianza de la sociedad y generado un desgaste institucional, la movilización social ha sido determinante para visibilizar, cuestionar y poner en tensión el orden político vigente. La disputa por derechos humanos en Perú no es solo un reclamo sectorial sino una reivindicación de justicia, dignidad y participación que debería estar al centro de cualquier agenda gubernamental futura. La pendiente más urgente para el próximo gobierno es, por tanto, enfrentar la impunidad y garantizar la protección efectiva de los derechos a la protesta y a la vida, así como implementar políticas de reparación estructurales que rompan con el ciclo recurrente de vulneraciones que ha caracterizado la política peruana en la última década.
Referencias:
ACNUDH. (2021). Perú: ONU Derechos Humanos condena uso excesivo de la fuerza durante las protestas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Amnistía Internacional. (2020). Perú: Amnistía Internacional documenta uso excesivo de la fuerza por la policía.
Amnistía Internacional. (2025). Perú: Las autoridades deben detener el uso desproporcionado de la fuerza y evitar más violencia. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/10/peru-autoridades-deben-detener-uso-desproporcionado-de-la-fuerza-y-evitar-mas-violencia/
Amnistía Internacional Perú. (2026). Presentamos campaña “mira bien”: El país que queremos se construye con Derechos Humanos. https://amnistia.org.pe/noticia/mira-bien-2026/
BBC News Mundo. (2026). Por qué Perú se convirtió en el país más inestable políticamente de América Latina en el siglo XXI (y cómo solucionarlo). BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/articles/cnv61jy50q9o
Committee to Protect Journalists. (2025, septiembre 23). CPJ calls on Peruvian authorities to investigate attacks against journalists covering protests. https://cpj.org/2025/09/cpj-calls-on-peruvian-authorities-to-investigate-attacks-against-journalists-covering-protests/
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2020). CIDH condena la muerte de dos personas y rechaza el uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas en Perú. Organización de los Estados Americanos.
EFE. (2025). Un muerto y decenas de heridos en multitudinaria manifestación opositora en Perú. https://efe.com/mundo/2025-10-16/peru-protestas-gobierno-congreso/
Human Rights Watch. (2020). Peru: Serious Police Abuses Against Protesters. Human Rights Watch.
Ministerio Público del Perú. (2024, 28 de mayo). Ministerio Público registra 62 investigaciones por presunta comisión de delitos por policías y militares en protestas sociales del 2022–2023. Gobierno del Perú. https://www.gob.pe/institucion/mpfn/noticias/962809-ministerio-publico-registra-62-investigaciones-por-presunta-comision-de-delitos-por-policias-y-militares-en-protestas-sociales-del-2022-2023
People’s Dispatch. (2025, septiembre 24). Anti-government protests continue in Peru despite heavy repression. https://peoplesdispatch.org/2025/09/24/anti-government-protests-continue-in-peru-despite-heavy-repression/
