El 27 de diciembre del 2025 el diario El País de España reportaba con angustia como en las dos últimas semanas del año se habían desplazado cerca de 250 personas por los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las FARC. Y eso que se había llegado a pactar un cese al fuego para permitirle a los habitantes de municipios eternamente golpeados por la guerra como El Tarra y Tibú tener el consuelo de unas buenas fiestas de fin de año. Pero no se pudo. El continuo traqueteo de la guerra cambió los voladores por balas. El confinamiento y el desplazamiento hundieron cualquier tipo de tranquilidad.
Afirmar que la guerra en el Catatumbo comenzó en este gobierno por supuesto que es una exageración. Acá, como en otras partes del mundo, el petróleo trajo, en vez de riqueza y prosperidad, desasosiego y ruina. Primero fueron los gringos que se establecieron gracias a lo que se conoce como la concesión Barco. Luego fueron las guerrillas de las FARC que introdujeron la coca y sus laboratorios. A finales del siglo XX la máquina de guerra de los hermanos Castaños fueron los últimos protagonistas. Las masacres de Tibú y La Gabarra quedarán para siempre estampadas en la memoria nacional. En los años del acuerdo de paz de Santos con las FARC alcanzó a haber esperanza. Pero sólo fue una calma chicha. La falta de implementación del acuerdo durante el gobierno Duque hizo que muchos catatumberos regresaran a las armas. El Frente 33 se fue nutriendo. Era un monstruo dormido. El ELN pensaba recuperar esa zona. Las prerrogativas dadas en este gobierno al Frente 33 empezaron a despertar celos entre los elenos quienes se sentían amenazados por el poder que acumulaban hombres como Andrey Avendaño.
2024 fue un año particularmente violento, incluso para los estándares del Catatumbo. Más de quinientos muertos. Pero el 2025 arrancaría con el peor desplazamiento que vivió el país desde los años en los que los paras caminaban por Colombia. Según lo estipulado por Vivamos Humanos fueron más de 87 mil personas los que han tenido que dejar sus casas en esta zona del país para huirle de nuevo a la guerra. La ofensiva del ELN arrancó el 14 de enero con un asesinato que aún duele. Miguel Ángel López, dueño de una funeraria en Tibú, decidió desobedecer las órdenes del ELN que estipulaban que no se enterraran a los muertos que ellos dejaban en el camino de Tibú para darles una sepultura digna. Esto le costó la vida a él, a su esposa y a su pequeño hijo. A partir de allí el ELN buscó casa por casa a firmantes de paz que habían sido de las FARC. Sacó a cinco de ellos, los llevó a zona rural y luego los asesinaron. El desplazamiento de cientos de hombre se dio desde diferentes zonas del país. Afirmaban que los guerrilleros del ELN asentados en esta zona no podían atacar a los del Frente 33 porque muchos se conocían desde niños. Por eso eran incapaces de levantar su mano contra sus hermanos de vida, por esto tuvieron que trasladarlos de un lugar a otro.
La noticia del desplazamiento masivo, más de treinta mil personas llegaron a Cúcuta, desató las alarmas y la solidaridad del país pero pronto Bogotá miró para otra parte. El gobierno nacional, como hemos podido comprobar desde Cúcuta, implementó medidas inmediatas, poner un PMU en la zona en donde el presidente mandaba desde la frontera. Pero nada de esto fue suficiente. En la vía que comunica a Tibú con Cúcuta el control que a veces ejerce el ELN es total. Y los combates siguen. A finales del 2025 la Defensoría del Pueblo hizo varios anuncios para que les permitiera a ambos bandos, enfrentados en una guerra sin fín, para que les dejara ingresar personal médico porque había gente que se estaba desangrando. Es que las medidas implementadas a los largo del 2025 por parte del gobierno no funcionaron, una de ellas fue la de consolidar la Zona de Ubicación Temporal en donde estarían concentrados cerca de 500 ex combatientes del Frente 33. La orden se dio en mayo y nunca se pudo concretar en parte por las fracturas internas que tiene este grupo insurgente.
El 23 de diciembre del 2025 el presidente de la Asociación Nacional de Víctimas, Olguín Mayorga, hacía un fuerte llamado de compromiso de parte del gobierno a la situación cada vez más alarmante en el Catatumbo y habló de una desconexión directamente de Gustavo Petro. Así lo afirmó: “Pareciera que hay una desconexión muy directa del gobierno nacional y de las autoridades con relación a lo que realmente se vive en el territorio. No tienen cifras exactas de los hechos que se vienen presentando”. Además se refirió a los continuos secuestros que se vienen registrando en la zona y que prácticamente se están normalizando.
Los enfrentamientos se intensifican a lo largo y ancho del Catatumbo. En el Carmen el traqueteo de la guerra cada vez es más constante. El confinamiento de las comunidades en zonas rurales de Tibú se volvió paisaje. Desde finales de los noventa el Catatumbo sólo ha cambiado de verdugo porque las condiciones de violencia permanecen inmutables. Los años de esperanza que trajo el acuerdo de paz con las FARC ya son sólo periódicos viejos y lo peor está por venir, la invasión de Estados Unidos a Venezuela ocurrida el 3 de enero hace que la zozobra y la incertidumbre aumenten. Si algo han sabido hacer la gente de Catatumbo es tener lógica y esperar siempre lo peor. En el gobierno Petro tampoco encontraron las respuestas que buscaban.
