Al señor Abelardo de la Espriella, no puedo darle trato de presidente; pero, por cuenta de la “buena fe”, debo aceptarlo como mandatario, al menos hasta cuando se resuelvan las dudas acerca de su legitimidad. Al día de hoy, son numerosas las demandas contra su elección y son muchas las pruebas, a mi juicio fehacientes, presentadas ante el Consejo de Estado y dadas a conocer públicamente por el expresidente Gustavo Petro.
A dos meses largos de su mandato, es claro que el país está pasando por una crisis emocional contenida, por cuenta de las “amenazas” -así suenan las propuestas de gobierno del señor De La Espriella- con las cuales pretende escamotear de nuevo la dignidad de la gente pobre, llevándola otra vez a una esclavitud laboral, con sueldos miserables y jefes aborrecibles, y a una esclavitud social con traquetos, con ´gente de bien´, y con pobres entrenados en el sicariato. Una tarea tan difícil de realizar democráticamente, que para ejecutarla habrá también que ejecutar -él lo ha precisado con el miedoso término “destripar”- a quienes se le opongan o piensen distinto.
No obstante, veo con admiración, que la mayor parte de los colombianos y de las colombianas, aun teniendo la convicción de ser víctimas de un fraude electoral, han actuado con paciencia, obedeciendo a esta intuición cívica: es mejor para la democracia cumplir con la Constitución Nacional y esperar que trascurran los tiempos judiciales establecidos para que los jueces se pronuncien sobre la realidad jurídica del nombramiento y posesión presidencial del señor Abelardo. Luego de ello, habrá que respetar el fallo, cualquiera que este sea.
En Colombia, la población electoral más importante, es la de arraigo popular. Pese a carecer de cultura política, no por incapaces mentales; sino, porque tradicionalmente se les ha negado la educación básica y se les ha conminado de modo perverso a participar en las contiendas electorales siguiendo prácticas insanas, como vender el voto por unos pesos, o vender a su país y a sus familiares por el aseguramiento de un “estatus económico” o de un empleo soportado extracontractualmente sobre obligaciones de lealtad política, algo así como venderle el alma al diablo.
Pero, bueno, este pueblo que está aceptando al impuesto señor Abelardo en calidad de gobernante -al menos hasta que no se dirima judicialmente si debemos obedecerle o no-, ha demostrado su respeto por las instituciones, aun cuando quienes las dirigen, ahora bajo el mandato de Abelardo, que reclamaban coherencia al gobierno anterior, se les obnubiló el cerebro, y los políticos, tal vez por causa del mismo caos, no ven ni critican nada. Igualmente, los medios de comunicación, que durante el gobierno de Gustavo Petro mentían sin pudor para hacerle daño a sus propósitos de progreso social, ahora, en el gobierno del señor Abelardo, mienten sin pudor, por cuenta de la codicia, cuyo cobro es el ocultamiento de cuanta información le haga daño al perverso régimen que se las nutre.
Estos medios, y con ellos los políticos de oposición al progresismo, como también cada colombiano con dos dedos de frente, son conscientes del fraude, y de seguro miran con asombro y preocupación que el impuesto presidente -más por temerario que por inepto- amenaza con perseguir a los terroristas, con el proyecto de un Estatuto Antiterrorista, como si no tuviera idea acerca de cuál es el significado de la palabra en cuestión. Palabra que en Colombia hemos repasado con indefensión durante los gobiernos anteriores al primer gobierno de la izquierda en Colombia.
No sabe el impuesto presidente De La Espriella, que los terroristas son quienes practican actos de terrorismo, es decir; “actos de violencia ejecutados para infundir terror”. Y tal vez desconozca -siendo un abogado penalista- que el verbo rector, violencia, puede ejercerse también con presiones sicológicas que van desde humillar, rechazar, aislar, instrumentalizar y, entre otras más, restringir la autonomía de las personas. De manera que proponer, en la realidad de nuestro contexto político-social, una fórmula para perseguir a los terroristas, puede ser un tiro al pie, porque un buen abogado o una buena administración de justicia, podrían sacar adelante la fácil conclusión de que el señor Abelardo, con sus declaraciones públicas donde usa los verbos aquí citados como sinónimos de violencia (humillar, rechazar, aislar…), y por profesarlos con asperezas y amenazas, es el más notorio terrorista en la actualidad nacional. De tal suerte, de llegar aprobarse dicha ley en el Congreso, indefectiblemente se accionaría la lógica del sentido común, indicándole a la conciencia de cada ciudadano que, entre los terroristas visibles, no hay ninguno -no por sus actuaciones, sino por sus violentas amenazas- con mayor relevancia que el señor Abelardo.
*Esta es una opinión de este columnista que no refleja el pensamiento de la fundación Paz y Reconciliación
