En el Cauca, la violencia se mueve por carreteras, veredas y zonas urbanas. Durante el fin de semana del 9 al 12 de octubre se registraron ataques contra la Fuerza Pública, combates entre el Ejército y grupos armados, acciones con drones y explosivos, y restricciones a la movilidad. La sucesión de hechos muestra que el conflicto no está contenido en un solo municipio alcanzando corredores estratégicos, territorios indígenas y también a Popayán.
El viernes 9 de octubre, hacia las 7:40 de la noche, una emboscada en la vía Panamericana, entre Timbío y Popayán, dejó muerto al sargento primero Ángel David Ordóñez, del Gaula Militar. Los primeros reportes señalaron que dos policías resultaron heridos y que hubo capturas; sin embargo, las cifras sobre personas detenidas variaron durante las primeras horas. El ataque obligó a restringir la movilidad en este tramo de la carretera.
Ese mismo día, en la vereda 20 de Julio, en Caldono, las autoridades y la guardia indígena detuvieron dos camionetas y cuatro motocicletas que transitaban por el territorio Sa’th Tama Kiwe. En los vehículos se movilizaban personas señaladas de pertenecer al Frente Dagoberto Ramos, del Estado Mayor Central (EMC). Las autoridades indígenas verificarían la legalidad de los automotores. El episodio ocurrió en vísperas de la cumbre indígena que comenzó el 11 de octubre en el municipio, con la participación de organizaciones sociales, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el Consejo Regional Indígena del Huila (CRIHU) y otros procesos.
En los días siguientes, la violencia tomó otras formas. El sábado 10 de octubre, un ataque con drones contra unidades del Ejército en la vereda La Carrera, corregimiento de Altamira, en La Vega, mató a un soldado. Al día siguiente, en Toribío, integrantes de las disidencias atacaron con drones y ráfagas de fusil la base militar del cerro El Berlín. Los combates que siguieron dejaron confinadas a las comunidades de cinco veredas (Berlín, San Julián, Potrerito, La Pila y Natalá), cuyos habitantes permanecieron resguardados en sus viviendas. En ese momento no se habían reportado personas heridas.
También el 11 de octubre, en la vereda El Dinde, en Cajibío, se enfrentaron el Ejército y el Frente Jaime Martínez del EMC. Los combates, que se prolongaron desde la mañana hasta la tarde, dejaron dos presuntos integrantes de esa estructura muertos. Las autoridades informaron, además, que incautaron armas, municiones y otros elementos, y destruyeron un laboratorio de procesamiento de base de coca.
El lunes 12, un carro bomba destruyó el peaje El Bordo, en el sector de La Depresión, jurisdicción de La Sierra. El balance inicial hablaba de tres personas heridas, pero la cifra aumentó durante el día. Según el reporte más reciente de la Secretaría de Salud del Cauca, 11 civiles resultaron lesionados, incluidos dos menores de edad. Una trabajadora del peaje necesitó atención quirúrgica. El alcalde de La Sierra también reportó que 27 viviendas resultaron afectadas por la explosión. El ataque dañó la infraestructura y obligó a cerrar temporalmente la vía Panamericana.
La presión también se ha sentido en Popayán. El 7 de octubre, la explosión de una granada cerca de la cárcel de mujeres dejó dos policías afectados. A este hecho se suman otros episodios recientes en la ciudad: la liberación de Duván Gómez, un menor de edad que había sido secuestrado por las disidencias en la vereda La Rejoya; las desapariciones de adolescentes; las alertas sobre el perfilamiento de activistas estudiantiles cerca de facultades de la Universidad del Cauca; y el uso excesivo de la fuerza por parte de policías contra dos estudiantes durante un procedimiento.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre riesgos de este tipo en la Alerta Temprana 018 de 2026 para Popayán. Entre las amenazas identificadas están los homicidios selectivos y las masacres, el uso de artefactos explosivos (incluidos drones), la extorsión y el secuestro. La alerta también advierte sobre el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes, así como sobre la violencia basada en género. Los hechos recientes muestran que estos riesgos afectan tanto a la ciudad como a sus zonas rurales.
En Caldono, la retención de los vehículos por parte de las autoridades indígenas ocurrió en medio de una disputa que, según el análisis del documento, lleva más de dos años y se intensificó tras la muerte de la mayora Carmelina en Morales. Desde entonces, el EMC habría dirigido acciones contra la guardia indígena, las autoridades y la vida cultural de los resguardos vinculados al CRIC. La persecución y las muertes de integrantes de estas comunidades forman parte de una tensión que se hace más visible cuando las organizaciones indígenas se reúnen y ejercen autoridad en su territorio.
Los enfrentamientos en Cajibío también se inscriben en una ofensiva de la Fuerza Pública contra las estructuras del EMC, sus corredores de movilidad y sus economías. El análisis del documento plantea que los ataques posteriores contra la base militar de Toribío y el peaje de La Sierra podrían ser una respuesta de esa organización. La coincidencia de acciones en distintos puntos del departamento sugiere coordinación entre sus estructuras, aunque esa relación debe entenderse como una hipótesis y no como un hecho confirmado.
En La Vega, el ataque con drones fue atribuido al ELN, una estructura con presencia histórica en esa zona, anterior incluso a la firma del Acuerdo de Paz de 2016. A comienzos de octubre también hubo combates entre el ELN y el EMC en el oriente del departamento. El documento señala la movilización de tropas del Frente Manuel Vásquez Castaño y plantea que la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 pudo haber incidido en el desplazamiento de unidades del ELN desde Venezuela y en su reorganización en otras regiones. Esta explicación es una hipótesis sobre la expansión y disputa territorial del grupo, que también se observaría en municipios como Bolívar, La Vega, Mercaderes, Inzá, Páez y Popayán.
La secuencia del fin de semana deja una imagen clara. El conflicto se expresa en combates y ataques, pero también en controles sobre el territorio, amenazas a la organización comunitaria, restricciones a la movilidad y riesgos para la población civil. En Toribío, cinco veredas quedaron confinadas; en La Sierra, la explosión afectó viviendas y dejó 11 personas heridas. La presión sobre Popayán y los hechos en municipios rurales hacen cada vez más difícil separar los lugares de confrontación de los espacios de la vida cotidiana.
