La crisis de Air-e, empresa de distribución y comercialización de energía en la Costa Caribe, se ha convertido en un escenario de tensiones y la falta de soluciones estructurales pueden encender una región entera. A un año de la intervención oficial, lo que debía ser un camino hacia la recuperación terminó agravando el problema: incertidumbre y una sensación creciente de abandono en una de las zonas más vulnerables y estratégicas del país.

Los gremios económicos y sociales del Caribe han pasado de la espera paciente al camino judicial; las acciones de cumplimiento instauradas contra el Gobierno buscan obligar a que se destinen los recursos y se tomen las medidas necesarias para garantizar un servicio digno y sostenible en la región. No se trata únicamente de un asunto empresarial; está en juego la estabilidad energética, la confianza en las instituciones y, en última instancia, la paz social de una región históricamente golpeada por la desigualdad.

La intervención de Air-e, lejos de convertirse en una tabla de salvación, ha dejado la imagen de una empresa más frágil que nunca, el discurso de rescate se diluyó en medio de balances que exhiben cifras rojas, escándalos administrativos y un servicio que sigue siendo percibido como caro e ineficiente. La consecuencia es un Caribe atrapado en un círculo vicioso: usuarios que pagan tarifas elevadas por una energía que no llega en condiciones de calidad, empresas que ven comprometida su competitividad y comunidades que sienten que el Estado las ha condenado a disipar las penumbras con velas.

El hecho de que los gremios hayan recurrido a la vía judicial revela el nivel de desesperación y el agotamiento de los canales de diálogo tradicionales; no es solo un pulso legal; es una señal política de que la paciencia de la región se agotó. El mensaje es claro: si el Gobierno no responde, el Caribe está dispuesto a exigir por la fuerza de la ley lo que no se ha resuelto por voluntad política, y esto abre una grieta peligrosa, porque lo que empieza como una discusión sobre energía puede transformarse en un debate mucho más profundo sobre la cohesión territorial y el trato desigual a las regiones.

El riesgo de un apagón en la región, más que una metáfora alarmista, es una posibilidad real que pondría al país frente a un escenario crítico. Un apagón no solo paralizaría la actividad económica, también agudizaría tensiones sociales y profundizaría la sensación de que la Costa Caribe sigue siendo tratada como un territorio de segunda categoría. La energía es un bien básico, pero también un componente esencial de dignidad y ciudadanía. Negarla es perpetuar la inequidad.           

El Caribe merece algo distinto a discursos de coyuntura y promesas incumplidas. La crisis de Air-e debería ser la oportunidad para repensar el modelo energético en clave de una transición justa, con participación de las comunidades, diversificación de fuentes y un enfoque de sostenibilidad que permita superar décadas de rezago. Seguir apostando por soluciones cortoplacistas equivale a prolongar la agonía y a profundizar la brecha entre el centro y la periferia, teniendo muy presente el potencial renovable del Caribe.

En el fondo, este conflicto revela una verdad incómoda: mientras el Estado no trate a las regiones con la misma seriedad con que protege los intereses de los grandes centros urbanos, seguirá alimentando la desconfianza y la fractura territorial. El Caribe está al borde del colapso energético, pero más grave aún, al borde de perder definitivamente la fe en un Estado que le ha prometido mucho. Es paradójico que mientras se vende la imagen del Caribe como potencia y capital energética de Colombia, esta rezagada región subsista alrededor de una llamarada que más que alumbrar, calienta la sangre de sus habitantes.