Las mesas de paz con grupos delincuenciales en el Valle de Aburrá y Quibdó atraviesan un nuevo período entre anuncios, tensiones e intenciones de sostener los Espacio(s) de Conversación Sociojurídico (ECSJ). Entre acuerdos y treguas, la paz urbana intenta sostenerse a ráfagas, sin lograr consolidarse.
Valle de Aburrá
A finales de enero de este año, el proceso del ECSJ del Valle de Aburrá volvió a sacudirse tras el anuncio de “Carlos Pesebre” de renunciar como vocero de paz. “Carlos Pesebre” es considerado uno de los actores más importantes en la mesa, conocido por comandar la estructura Los Pesebreros, que domina y articula la red criminal en la Comuna 7 (Robledo) de Medellín.
Días después, la delegación anunció la firma de un “acuerdo condicionado” que buscaría dar garantías de irreversibilidad a lo avanzado hasta ahora. De acuerdo con Isabel Cristina Zuleta, jefa delegada del Gobierno en el proceso, el propósito de este acuerdo apunta a blindar los compromisos de reducción de violencias y lograr la irreversibilidad del proceso, ante la ausencia de una ley de sometimiento.
Vale la pena recordar que, antes de instalar la mesa, las estructuras se comprometieron a reducir los homicidios, desapariciones y extorsiones; incluso se acordó un piloto para erradicar la extorsión en 25 barrios entre diciembre de 2024 y enero de 2025, además de compromisos contra la explotación sexual infantil y el tráfico de fentanilo. En febrero de 2025, esos acuerdos fueron renovados y extendidos a más de 40 barrios, hasta junio de 2025.
Homicidios en el Valle de Aburrá. Comparativo 2024-2025
Sin bien se pueden evidenciar disminuciones en las cifras de violencia, como en el caso de los homicidios que se redujeron un 5,5 % con respecto a 2024, se mantiene una tendencia similar de picos y disminuciones a lo largo del año, y con un incremento en el mes de diciembre –que eventualmente podría ser explicado por riñas y otras situaciones derivadas-.
Casos de extorsión en el Valle de Aburrá. Comparativo 2024-2025
En cuanto a las denuncias de extorsión, se observa una reducción con respecto a 2024 del 9,5%, sin embargo, esta reducción se concentra en los meses de noviembre y diciembre, mientras que, en el primer semestre de 2025, en el que se supone se estaba implementando el piloto para reducir la extorsión, las cifras tienden a elevarse con respecto al año anterior.
Sumado a esto, uno de los desafíos del proceso ha estado en torno a la dificultad de articular lo pactado en el ECSJ desde las cárceles, con la realidad diaria de la criminalidad en los barrios. Esta dinámica también se ha evidenciado en sectores de la sociedad civil, como lo evidencia la carta enviada desde la Mesa de Paz del Valle de Aburrá —plataforma que agrupa diferentes organizaciones sociales de esta zona— que cuestiona la falta de claridad de la agenda de diálogo y exigen una participación más efectiva de los sectores sociales.
La paz total y la paz urbana no pueden construirse como pactos de élites ni como diálogos desconectados de los territorios. Exigimos una vocería ciudadana legítima, construida desde décadas de liderazgo social. No somos actores secundarios: somos dolientes del territorio, guardianes de la vida y gestores reales de la transición a la legalidad y la convivencia. (se lee en el comunicado)
Asimismo, exigen que se materialicen iniciativas propuestas por los sectores sociales —como las Maquetas de Paz— que buscan consolidar la construcción de paz en entornos barriales altamente impactados por la criminalidad.
En paralelo, ante la eventual salida de “Carlos Pesebre”, se advierte el riesgo de que se lleguen a reactivar patrones de violencia selectiva particularmente en la Comuna 7 de Medellín —Robledo— que es uno de los bastiones de la organización criminal Los Pesebreros. En este sentido, el riesgo más grave es que el ECSJ deje de ser un escenario capaz de contener la violencia de manera efectiva.
Quibdó
En Quibdó, el ECSJ no ha dejado de atravesar un momento igualmente complejo. En diciembre de 2024, los cinco grupos vinculados al proceso acordaron una tregua hasta marzo de 2025. Aunque hoy no hay una tregua formal vigente, tampoco se registran enfrentamientos directos entre estas estructuras, sin embargo, el foco de confrontación ha estado en torno a la presencia del EGC, que hasta el momento no tiene participación alguna en el ECSJ.
El pasado 6 de febrero, tras la finalización del tercer ciclo de diálogos, las partes llegaron a compromisos para la reducción de la violencia, la protección de la población y la no interferencia en las elecciones locales. El anuncio fue celebrado como un gesto dirigido al desescalamiento en una ciudad donde la política y la violencia han estado entrelazadas —como advierte la MOE en su más reciente informe, Quibdó es uno de los municipios que conserva el riesgo extremo por elecciones de 2022 a 2026—. De igual forma, al igual que en Valle de Aburrá, estos acuerdos buscan dar el impulso para que el ECSJ de Quibdó llegue a un punto irreversible.
Homicidios en Quibdó. Comparativo 2024-2025
Los acuerdos han estado acompañados por un comportamiento en las cifras de violencia que favorecen el relato de avances positivos en el proceso, pues se puede observar una reducción del 25,8 % en los casos de homicidios entre 2024 y 2025, con reducciones importantes en casi todos los meses, a excepción de los meses de enero y octubre.
Casos de extorsión en Quibdó. Comparativo 2024-2025
En cuanto a las denuncias de extorsión, también se observa una reducción considerable del 38,7 % con respecto a 2025, evidenciable principalmente hacia el segundo semestre. Posiblemente, los acuerdos hayan tenido una repercusión importante en el comportamiento de las cifras, sin embargo, hay que recordar que la extorsión es un fenómeno que presenta un alto subregistro, y factores como el temor a la denuncia pueden alterar las cifras.
A pesar de la importancia de los anuncios y las reducciones en las cifras, no se disipan las dudas frente al principal obstáculo del proceso. En mayo de 2025, la organización criminal Los Mexicanos denunció presunta connivencia de autoridades locales con el Clan del Golfo (EGC) y anunciaron el reinicio de operaciones armadas, y aunque la Alcaldía Municipal respondió informando capturas de integrantes de diferentes estructuras y reiterando su respaldo al ECSJ, estos señalamientos implicaron un congelamiento de los diálogos durante meses.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el EGC ha expandido su presencia en barrios como Reposo, Buenos Aires, Pablo Sexto y Playita, intensificando las disputas armadas con las organizaciones locales, pese a las treguas suscritas (IS 024-25 de AT 024-24). En este sentido, la respuesta de los grupos como Los Mexicanos, RPS, los Lokos Yam y Los Zetas ha sido endurecer el control poblacional a través de la imposición de horarios de ingreso, requisas, restricciones a vehículos, entre otros mecanismos. De igual forma, la violencia letal y de género no se han detenido; incluso se han registrado casos de extrema sevicia contra adolescentes vinculadas, directa o indirectamente, a estructuras en disputa (IS 024-25 de AT 024-24).
En este contexto, el ECSJ opera en una situación delicada, ya que mientras se pretende avanzar en acuerdos parciales con las organizaciones locales, la presencia y expansión territorial del EGC representa un escenario de riesgo que ponen en duda el alcance real y la sostenibilidad de lo pactado.
¿Hacia dónde va la paz urbana?
A pesar de que ambos espacios iniciaron con un impulso político y mediático importante, despertaron expectativas en las comunidades y lograron, en su momento, compromisos con impactos visibles para la reducción de las violencias en los territorios. Sin embargo, nunca avanzaron de manera decidida en la resolución de los problemas estructurales que atravesaban desde el primer día.
El vacío jurídico sobre el sometimiento, la ausencia de lineamientos claros para la articulación con alcaldías y gobernaciones, la desconexión entre voceros de las estructuras y las redes que ejercen control territorial fueron —y siguen siendo— un desafío central de los diálogos. Al no resolverse, no solo han impedido el avance continuo del proceso, sino que se acumularon de manera progresiva con las complejidades propias de cada territorio, haciendo que los puntos muertos del diálogo sean cada vez más difíciles de superar.
En Medellín y el Valle de Aburrá, la tensión entre la legitimidad de los voceros y el liderazgo territorial de las estructuras dejó abierta la posibilidad de que el proceso derivara en una transformación de la administración del orden criminal más que en su desmantelamiento. En Quibdó, la expansión del EGC y su no vinculación a un acuerdo multilateral ha sido un factor desestabilizador que ha limitado el alcance de la mesa urbana. A esto se suma un contexto político cada vez más adverso, en el que el endurecimiento del discurso de seguridad se prioriza por encima de las agendas de paz.
En esta medida la voluntad de paz —aunque primordial— resulta insuficiente para alcanzar los objetivos planteados inicialmente. Contrariamente, esta voluntad termina operando como un dique frente a dinámicas criminales que cuentan con estructuras, redes y fines claramente definidos que pueden terminar imponiéndose a la búsqueda de la paz.
Tras los anuncios recientes, las dudas frente a los horizontes de la paz urbana para 2026 continúan resonando, sobre todo frente a la posibilidad de que los ECSJ se reduzcan a una experiencia transitoria. Si el gobierno entrante decide mantener las mesas, deberá hacerlo aprendiendo de los errores acumulados, en particular que, sin resolver los desafíos originarios de la paz urbana, cualquier esfuerzo corre el riesgo de quedar reducido a breves momentos. Mientras tanto, las ciudades seguirán atrapadas entre la expectativa de la paz y la persistencia de un orden criminal que se adapta mejor que el Estado a los tiempos de incertidumbre.
