Las acciones generaron eldesplazamiento de 1200 colombianos, otros 400.000 se vieron afectados por los ataques aoleoductos y lacontaminación del agua, laspérdidas para el sector petrolero superaron los 101.700.000 millones de pesos, según lo expresóAriel Ávila, investigador de laFundación Paz y Reconciliación.

Según laFundación, las acciones violentas en eso dos meses se triplicaron con respecto a las que hubo durante cinco meses del cese unilateral.

«En los dos meses después del rompimiento del cese unilateral del 22 de mayo al 20 de junio, se cometieron 372 acciones armadas legando a los niveles prácticamente de 2011, 1200 desplazamientos, 400.000 personas afectadas de forma indirecta por el tema del rompimiento de losoleoductos o el tema de volamientos detorres de energía, un costo ambiental que todavía es incalculable y sobre todo un costo político en el tema delproceso de paz «.

Frente al nuevo cese decretado por lasFarc, que comenzó a regir el 20 de julio,Ávila dijo que de la suspensión de los bombardeos por parte delGobierno dependerá en gran medida el desescalamiento en el próximo mes o meses que dure el nuevocese unilateral. «Uncese unilateral tiene unos límites que mantener, por eso hay que hacerle un llamado alGobierno a que comience a desescalar, para llegar en cuatro meses a un cese bilateral».

En la presentación del informe,León Valencia, presidente de la Fundación, señaló que decretar uncese bilateral antes de las elecciones de octubre, podría asegurar el desescalamiento.

«Si las elecciones de octubre nos cogen en un escalamiento del conflicto como el que hay ahora, pues la cosa sería desbaratar esas negociación, porque además de lasFarc está también elELN y ahora hay una interferencia grande de las mafias en la campaña electoral, que claro queda más al desnudo si las Farc no está en tregua, porque si lasFarc no está en tregua todo se lo achacan a las Farc», precisó Valencia.