Durante 2025, el departamento de Antioquia ha experimentado una persistencia de hechos violentos asociados al conflicto armado. Aunque la intensidad de estos eventos ha variado mes a mes, se observan patrones estables que reflejan las particularidades de las disputas territoriales que atraviesan varias de sus subregiones. En especial, el Bajo Cauca, el Nordeste y el Norte continúan concentrando buena parte de las afectaciones debido a que siguen siendo zonas estratégicas para los Grupos Armados Organizados (GAO). Allí confluyen economías ilegales, corredores de movilidad, una presencia limitada del Estado y altos niveles de vulnerabilidad social, factores que facilitan el ejercicio del control armado y aumentan la exposición de las comunidades.
El balance elaborado con datos registrados entre enero y noviembre muestra la continuidad de diversas formas de violencia: combates entre actores armados, ataques a la Fuerza Pública, agresiones contra la población civil, confinamientos y desplazamientos forzados. Estas acciones permiten identificar transformaciones en las dinámicas del conflicto, así como nuevas modalidades de control territorial que afectan de manera diferenciada a los municipios.
A partir de esta información, se desarrolla un análisis orientado a reconocer patrones, formular hipótesis explicativas y ofrecer una lectura territorial que contribuya a comprender los riesgos presentes en Antioquia. Este ejercicio busca, además, aportar insumos para la toma de decisiones institucionales y comunitarias en un contexto donde la violencia persiste, se adapta y continúa marcando la vida cotidiana de amplios sectores de la población.
El registro mensual de acciones y afectaciones armadas monitoreado por PARES en Antioquia muestra un comportamiento relativamente estable durante la mayor parte del año analizado. Aunque se contabilizaron 103 hechos en total, su distribución revela que la mayoría de los meses mantienen cifras moderadas, generalmente entre el 4% y el 7% del total anual. Esto refleja una dinámica del conflicto persistente, pero sostenida y sin variaciones abruptas en gran parte del periodo.
Sin embargo, abril rompe por completo este patrón. Con 40 acciones —equivalentes al 38,83% del total anual— este mes concentra un pico atípico y desproporcionado. El incremento responde al impacto generado por la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya” o “Comandante Julián”, uno de los mandos medios más relevantes del Estado Mayor Conjunto del Clan del Golfo, dado de baja el 5 de abril de 2025 en zona rural de Ayapel, Córdoba.
Como represalia, el Clan del Golfo activó el denominado “plan pistola”, una estrategia basada en ataques selectivos contra miembros de la Fuerza Pública. Durante esta ofensiva, se registraron más de 27 uniformados asesinados en el país (Muñoz Medina, 2025). El contraste con los demás meses evidencia que abril concentró casi cuatro de cada diez incidentes, convirtiéndose en el periodo más crítico del año como resultado directo de estas acciones de retaliación.
Marzo, con 11 acciones (10,68%), fue el segundo mes con mayor número de hechos, aunque muy distante del pico de abril. La secuencia enero–marzo muestra un incremento progresivo que puede interpretarse como una antesala del estallido violento del mes siguiente. Según el monitoreo de prensa y fuentes primarias, este aumento respondió a múltiples operaciones de la Fuerza Pública contra distintos GAO, en especial contra el Clan del Golfo, dada su amplia presencia territorial en el departamento.
A esto se suma un conjunto de bombardeos que no fue registrado en el monitoreo principal, pero que ayuda a explicar el ambiente de tensión acumulada en marzo y abril. Se documentaron dos bombardeos en Antioquia:
- 26 de marzo de 2025, en las veredas Arenales, Mármol, Montefrío y Segovia.
- 8 de abril de 2025, en las veredas Tesorito y Tarazá.
Ambos tuvieron como objetivo estructuras del Clan del Golfo (Nomesqui Rivera, 2025). Tras el punto máximo de confrontación en abril, se observa un descenso sostenido en los meses posteriores, lo que sugiere un proceso de desescalada o estabilización temporal en las acciones de los GAO.
El tercer trimestre (julio–septiembre) se caracteriza por niveles bajos de acciones armadas. En particular, septiembre, con solo cuatro incidentes (3,88%), fue el mes con la cifra más baja registrada. Esta tendencia descendente se extendió hacia octubre y noviembre, que mantuvieron valores similares. No obstante, es importante resaltar que, aunque octubre no mostró un aumento notable en el número de acciones armadas, sí fue el mes con mayores afectaciones humanitarias, debido principalmente a los altos niveles de desplazamiento forzado.
Entre finales de septiembre y comienzos de octubre se presentaron confrontaciones que desencadenaron desplazamientos masivos y confinamientos en varios municipios. El caso más crítico ocurrió en Briceño, donde entre el 18 y el 22 de octubre más de 2.100 personas (1.056 familias) se vieron obligadas a abandonar sus hogares en 23 veredas —entre ellas Las Auras, Gurimán, El Roblal, Travesías y el corregimiento de Pueblo Nuevo—. De estas familias, 566 eran niños, niñas y adolescentes, y 333 adultos mayores.
Las órdenes de desalojo y las advertencias de los GAO sobre posibles enfrentamientos obligaron a la población a desplazarse hacia la cabecera municipal. Octubre se consolidó así como el mes con mayor número de afectaciones humanitarias: seis municipios —Briceño, Valdivia, Tarazá, Anorí, El Bagre y Amalfi— enfrentaron desplazamientos activos, miles de personas quedaron confinadas y se incrementó la sensación de que la guerra había retomado fuerza en los caminos rurales del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
En términos generales, los datos revelan un ciclo claro de escalamiento y desescalamiento: un aumento gradual desde enero hasta el pico de abril, seguido por una disminución constante hasta finalizar el periodo analizado. Esta dinámica evidencia la influencia de factores coyunturales como el plan pistola en abril y los enfrentamientos entre GAO en septiembre y octubre, que derivaron en las mayores afectaciones para las comunidades durante el año.
Panorama general de los hechos violentos registrados en 2025
Durante 2025 se monitorearon cinco categorías de eventos violentos en Antioquia. Tres de ellas corresponden directamente a acciones de confrontación armada ejecutadas por los Grupos Armados Organizados (GAO), ya sea contra la Fuerza Pública, contra la población civil o en enfrentamientos con otros actores armados. Las otras dos categorías se refieren a las afectaciones humanitarias derivadas de esas confrontaciones: desplazamientos forzados y confinamientos.
En términos analíticos, las categorías monitoreadas fueron:
- Combates o enfrentamientos
Hechos que corresponden a choques armados entre dos actores beligerantes con uso activo de armas de fuego. Estos eventos suelen reflejar disputas por corredores estratégicos, puntos de control territorial o zonas clave para economías ilegales.
- Ataques a la Fuerza Pública
Incluyen atentados contra unidades militares, estaciones de policía, patrullas o bases operativas. Suelen estar asociados a retaliaciones por operaciones estatales, demostraciones de poder armado o intentos de impedir la presencia institucional en áreas de influencia ilegal.
- Ataques a la población civil
Comprenden agresiones directas, amenazas, homicidios, restricciones a la movilidad, extorsiones y daños a bienes civiles. En la mayoría de los casos, estos hechos responden a estrategias de control social, disciplinamiento comunitario o represalias contra líderes locales y pobladores que no acatan las normas impuestas por grupos armados.
- Confinamientos
Situaciones en las que las comunidades quedan encerradas en sus territorios debido a la instalación de minas antipersona, presencia de francotiradores, órdenes de no circulación o riesgos por hostilidades en curso. Este fenómeno afecta gravemente la seguridad alimentaria, la movilidad y el acceso a servicios esenciales.
- Desplazamientos forzados
Movilizaciones individuales o masivas generadas por amenazas, miedo generalizado, enfrentamientos o presencia directa de actores armados. Es uno de los indicadores más contundentes del deterioro de la seguridad territorial y del impacto sobre la vida comunitaria.
Tendencias generales de los hechos violentos
Los datos evidencian que durante 2025 se registraron 101 hechos de confrontación armada, distribuidos en tres tipos principales. La mayoría corresponde a ataques contra la Fuerza Pública (43 casos), lo que demuestra una ofensiva sostenida de los GAO contra las instituciones del Estado. Le siguen 41 combates o enfrentamientos, que reflejan una disputa activa por el control territorial y por las economías ilegales. Finalmente, se documentaron 17 ataques contra la población civil, que aunque menos frecuentes, representan las afectaciones humanitarias más graves por su impacto directo sobre la vida y la seguridad de las comunidades.
En conjunto, estas cifras muestran un escenario de conflicto activo donde convergen: presión sistemática contra la Fuerza Pública, confrontación directa entre actores armados, y vulneraciones persistentes contra la población civil.
Afectaciones humanitarias a la población civil
Las afectaciones registradas muestran que los desplazamientos forzados (61,54%) y los confinamientos (38,46%) continúan siendo dos de las formas de violencia más impactantes para las comunidades. Los meses más críticos fueron septiembre y octubre, cuando las confrontaciones armadas desencadenaron emergencias humanitarias simultáneas en varios municipios del departamento.
Octubre concentró el mayor número de afectaciones del año, con seis municipios —Briceño, Valdivia, Tarazá, Anorí, El Bagre y Amalfi— enfrentando desplazamientos masivos, confinamientos y amenazas constantes. El caso más grave ocurrió en Briceño, donde más de 2.100 personas de 23 veredas tuvieron que abandonar sus hogares entre el 18 y el 22 de octubre debido a órdenes de desalojo y advertencias de inminentes enfrentamientos entre grupos armados.
Este episodio evidenció que la violencia armada no solo persiste, sino que continúa provocando rupturas profundas en la vida comunitaria, afectando la seguridad, la movilidad, la economía local y la estabilidad social de los territorios rurales del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño.
Actores armados organizados involucrados en estos hechos
Los grupos armados organizados con registro en la base de datos son: el Clan del Golfo (AGC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Fuerza Pública. Otros actores como la Segunda Marquetalia (SM) y el Estado Mayor Central (EMC) aparecen sin registros debido a su nula presencia operativa en Antioquia durante el año. De las 103 acciones o afectaciones armadas registradas en 2025, el grupo con mayor participación fue el Clan del Golfo, con 78 hechos, lo que confirma su posición como el actor ilegal con mayor capacidad de incidencia y presión territorial en el departamento. Le sigue muy de cerca la Fuerza Pública, con 76 eventos, reflejando un nivel elevado de involucramiento en confrontaciones, operativos y respuestas a las acciones de los grupos armados organizados. En menor proporción aparece el ELN, con 24 hechos, manteniendo una presencia relevante pero significativamente inferior a la de las AGC. Finalmente, el EMBF registra 15 hechos, lo que evidencia un accionar más focalizado y limitado geográficamente.
En conjunto, estos datos muestran que la dinámica del conflicto en Antioquia está dominada por la confrontación entre el Clan del Golfo y la Fuerza Pública, mientras que otros actores operan de manera secundaria.
Hipótesis sobre el comportamiento de los datos
A partir del monitoreo de acciones armadas y afectaciones contra la población civil en Antioquia durante 2025, se plantean varias hipótesis que ayudan a explicar las dinámicas identificadas en el territorio.
- Debilidad institucional y ausencia del Estado en zonas rurales
La primera hipótesis, ampliamente documentada en investigaciones y reportes de prensa, señala que los altos niveles de desplazamiento y confinamiento están directamente relacionados con la limitada presencia estatal en las zonas rurales. En municipios como Briceño, Tarazá, Anorí, Valdivia, El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios —ubicados en el Norte, Nordeste y Bajo Cauca— predominan indicadores de pobreza, dificultades de acceso a servicios públicos e instituciones civiles debilitadas.
Estas condiciones facilitan la consolidación de los grupos armados organizados, que llenan los vacíos de autoridad, controlan la movilidad y regulan la vida comunitaria. La débil capacidad de respuesta estatal ante emergencias humanitarias explica por qué estas subregiones concentran tanto la presencia de los GAO como las mayores afectaciones registradas.
- Reacomodamiento territorial y disputas por economías ilegales
La segunda hipótesis sugiere que el aumento de combates, ataques a la Fuerza Pública y acciones armadas responde a un proceso de reconfiguración territorial de los GAO.
El Clan del Golfo es el actor que más refleja este fenómeno, tanto por la expansión territorial que adelanta desde 2022 como por la reacción violenta que produjo la muerte de uno de sus mandos principales, alias “Chirimoya”, en abril de 2025. La ejecución del “plan pistola” y los enfrentamientos posteriores evidencian un reacomodamiento de estructuras internas, disputas por corredores estratégicos y esfuerzos por asegurar economías ilegales como la minería criminal y el narcotráfico.
Los picos de violencia registrados en marzo y abril coinciden con bombardeos, operaciones militares y choques entre estructuras, lo que refuerza esta hipótesis.
- Estrategias de consolidación de control social y territorial
La tercera hipótesis se relaciona con las acciones orientadas a afianzar el dominio social de los GAO en los territorios donde ejercen influencia. Los ataques a la población civil, las amenazas, las restricciones a la movilidad y los confinamientos indican que grupos como el Clan del Golfo, el ELN y el EMBF utilizan mecanismos de control comunitario para evitar la incursión de otros actores armados y garantizar la continuidad de actividades ilegales.
El control social se convierte así en una herramienta clave para asegurar rentas ilícitas, imponer normas locales y sostener posiciones estratégicas en zonas donde la presencia del Estado es intermitente o insuficiente.
- Conclusiones generales y preguntas a futuro
El análisis de las dinámicas armadas en Antioquia durante 2025 deja en evidencia que el departamento continúa siendo un epicentro de conflictividad, especialmente en las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste, donde históricamente confluyen economías ilegales, débil presencia institucional y una fuerte presencia de grupos armados organizados.
El Clan del Golfo se mantiene como el actor ilegal con mayor capacidad operativa y control territorial, impactando de manera directa a las comunidades rurales. Aunque en menor medida, el ELN y el EMBF siguen teniendo un papel relevante en la presión armada y las disputas regionales. La Fuerza Pública, pese a su constante accionar, no logra revertir completamente la influencia de los GAO en las zonas más apartadas.
Las comunidades continúan siendo las principales víctimas del conflicto. Los desplazamientos, confinamientos y la creciente presencia de artefactos explosivos —aunque no incluidos en esta base de datos— muestran un deterioro progresivo de la seguridad humana. Desde PARES se ha advertido el aumento en el uso de minas y otros explosivos improvisados, así como la preocupación comunitaria por la falta de respuestas oportunas (Paz Seguridad y Derechos Humanos, 2025).
Los hallazgos evidencian la necesidad de estrategias integrales que combinen seguridad, fortalecimiento institucional, inversión social, presencia civil del Estado y apoyo a las capacidades comunitarias. Sin este enfoque integral, los esfuerzos militares aislados seguirán siendo insuficientes para transformar las condiciones estructurales del conflicto.
Preguntas abiertas para el próximo año
El escenario de 2026 plantea interrogantes cruciales para las comunidades y autoridades:
¿Cómo se transformará la violencia en un año marcado por coyunturas políticas sensibles, tradicionalmente asociadas a incrementos en los hechos armados?
En el Bajo Cauca y otras subregiones ya existe preocupación por posibles aumentos de amenazas, restricciones y represalias contra líderes y comunidades.
¿Qué impacto tendrá el proceso de diálogo entre el Gobierno y el Clan del Golfo —autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia— adelantado en Doha (Qatar)?
El anuncio realizado el 5 de noviembre de 2025 sobre la ubicación de miembros del EGC en Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba desde marzo de 2026 abre un nuevo escenario, pero también genera incertidumbre.
¿Qué implicará para las comunidades de Antioquia participar en las “áreas piloto de consolidación de confianza” en municipios como Cáceres, El Bagre, Nechí y Mutatá?
Territorios como Cáceres y El Bagre registran presencia simultánea de múltiples grupos armados (AGC, ELN, EMBF), lo que podría aumentar las tensiones y riesgos durante el proceso.
Estas dudas ya están presentes en los diálogos comunitarios, donde líderes y pobladores expresan temor frente a las repercusiones que dichos procesos puedan tener en su seguridad, su autonomía y su vida cotidiana.
Bibliografía
Muñoz Medina, L. (29 de Abril de 2025). Nuevo ataque contra la Policía en Antioquia dejó un uniformado muerto y otro herido. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2025/04/29/nuevo-ataque-contra-la-policia-en-antioquia-dejo-un-uniformado-muerto-y-otro-herido/
Nomesqui Rivera, J. (6 de Noviembre de 2025). Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones. Obtenido de Infobae: https://www.infobae.com/colombia/2025/11/06/los-secretos-de-cinco-bombardeos-contra-el-clan-del-golfo-cuatro-bajas-de-alto-valor-y-mas-de-15000-incautaciones/
Paz Seguridad y Derechos Humanos. (14 de Agosto de 2025). Territorios Minados: la otra cara de la guerra que se intensifica en Antioquia. Obtenido de Fundación PARES: https://www.pares.com.co/territorios-minados-la-otra-cara-de-la-guerra-que-se-intensifica-en-antioquia/
