De la virgen al diablo en cien días

A Abelardo de la Espriella se le está convirtiendo en diablo la virgen de la reconstrucción. Una semana después del terremoto de agosto, escribí en PARES que el recién posesionado presidente tenía ante sí una oportunidad excepcional para demostrar capacidad de gobernar. Para aprovecharla debía mostrar liderazgo, organizar la reconstrucción y devolverles seguridad y confianza a los damnificados. Está semana, al cumplirse los primeros cien días de su gobierno, las demoras, las controversias sobre los recursos y los cuestionamientos a su gestión le están convirtiendo aquella oportunidad en un calvario político.

Este problema nace de la distancia entre las promesas de eficacia y las preguntas pendientes sobre recursos, decisiones y resultados. El Gobierno elevó las expectativas de ofrecer una respuesta rápida y transparente. Pero, en lugar de la claridad prometida, ahora tenemos dudas sobre cuánto dinero está disponible, quién lo administra y cómo se traduce en soluciones para los damnificados. Además, como esas respuestas llegan tarde o de manera fragmentada, la espera desgasta la confianza y convierte cada anuncio en una nueva exigencia de cumplimiento.

Los cien días permiten observar cómo comienza a gobernar un presidente. La reconstrucción ofrecía una ocasión para mostrar liderazgo, compromiso e innovación, organizar la solidaridad y acumular capital político mediante soluciones. La tragedia abrió una agenda compartida con alcaldes, empresarios y comunidades. Para aprovecharla se necesitaban responsables, prioridades territoriales, presupuesto y plazos verificables. La legitimidad podía construirse con ayudas oportunas, obras seguras y cuentas abiertas.

El informe de la Fundación PARES sobre los cien días de gobierno reconoce medidas para recuperar servicios, financiar obras y atender necesidades de vivienda y arrendamiento. Pero también advierte que falta claridad sobre el funcionamiento del Fondo Milagro y el manejo de sus recursos, al tiempo que reclama veeduría sobre la contratación. Afirma que el Gobierno conta con instrumentos para actuar, pero requiere con urgencia mostrar cómo ha usado hasta el momento los recurso y qué soluciones han recibido quienes perdieron su casa y sus ingresos.

Con el paso de los días, las preguntas han ido creciendo. Primero, sobre las ayudas y los compromisos anunciados; después, sobre las donaciones y la relación entre iniciativas privadas y decisiones públicas. La Fundación Colombia Luz y Sonrisas, presidida por Ana Lucía Pineda, esposa del presidente, quedó en el centro del debate. La cercanía con la Presidencia facilitó en un inicio la movilización solidaria, pero también elevó la exigencia de rendición de cuentas. Pues, aunque sea una organización privada no la exime de explicar qué recibió y cómo lo utilizó, ni elimina la responsabilidad política de quien la preside.

La duda sobre el uso de los recursos ha sido tanta, que hasta la caricatura ha sido crítica. El 3 de noviembre, Matador utilizó un nuevo temblor para ironizar sobre las donaciones y la transparencia de la fundación. Este episodio muestra cómo una campaña de solidaridad puede convertirse en objeto de sospecha pública. La sátira no prueba corrupción, pero muestra cómo las preguntas por las donaciones han alcanzado la imagen de la primera dama.

La controversia por el manejo de las donaciones también llegó a los jueces. El Juzgado 126 Penal Municipal de Bogotá ordenó a la fundación responder sobre las donaciones recibidas, administradas o distribuidas. La información debía permitir conocer qué pasó con los aportes. La orden no demuestra apropiación indebida, pero deja claro que el reclamo de información seguía sin resolverse. Así, el costo político alcanza al mandatario porque la solidaridad se convocó con el respaldo que representa ser la esposa del presidente.

Luego se conocieron los salarios del Fondo Milagro: veintisiete personas contratadas, una nómina mensual cercana a 765 millones de pesos y una remuneración del gerente de 39,4 millones. La promesa de austeridad de De la Espriella chocó con las decisiones de su propia administración. El presidente aseguró que no había autorizado esos montos y ordenó corregirlos. Pero su indignación no resuelve una pregunta: ¿quién aprobó esas remuneraciones y qué controles se aplicaron antes de autorizarlas?

La crisis desembocó en la salida de Jaime Andrés Uribe y el nombramiento de Luis Felipe Henao. A los cuestionamientos por remuneraciones se habían sumado la lentitud de ejecución y las ausencias del gerente ante el Congreso. Cambiar al responsable puede facilitar una corrección, pero la confianza exige explicar las decisiones y mostrar resultados. El relevo reconoce la gravedad de un problema que el Gobierno permitió crecer.

El balance de estos cien días de gobierno deja una paradoja. La emergencia le permitió al presidente concentrar atención y convocar apoyos, pero también lo puso en el centro de las críticas. Quien presenta la reconstrucción como expresión de su liderazgo debe responder por las decisiones de su equipo y los resultados de su gestión. La exposición presidencial multiplica tanto los reconocimientos como los cuestionamientos.

El desgaste aparece en la evaluación ciudadana. Según la encuesta de Cifras y Conceptos divulgada por Caracol Radio, la valoración favorable de la atención inicial descendió durante la reconstrucción, especialmente en Pereira y Cali, dos de las ciudades afectadas por el terremoto. La encuesta no permite establecer cuánto de la imagen presidencial se explica por el manejo de la reconstrucción. Mi lectura es que la reconstrucción se convirtió en un frente de desgaste: la ciudadanía pasó de reconocer la presencia del mandatario a exigir soluciones y cuentas claras.

La teoría de sistemas aplicada a la política ayuda a interpretar este tránsito. Recordemos: las demandas y los apoyos llegan al Gobierno; sus decisiones producen respuestas y generan retroalimentación. Si las familias encuentran demoras y explicaciones insuficientes, las críticas retornan como nuevas demandas y pérdida de respaldo. Cuando el Gobierno responde principalmente con anuncios o relevos de funcionarios, puede aumentar la distancia entre expectativas y resultados. Así, una dificultad administrativa puede convertirse en un problema de confianza y respaldo político.

Esta misma lógica puede repetirse en seguridad y orden público, en finanzas públicas y economía, y en la gobernanza y las relaciones internacionales. Cada promesa eleva expectativas; su incumplimiento puede extender la desconfianza hacia otras decisiones. De la Espriella debe corregir el rumbo: abrir las cuentas, atender los controles y acordar prioridades con los damnificados. Esperamos que la reconstrucción devuelva a los dignificados condiciones de vida digna y confianza. Allí sigue abierta la oportunidad de gobernar que, por ahora, se le está convirtiendo en diablo.

 

* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.

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Germán Valencia