En el año 2006, Álvaro Uribe Vélez fue el primer presidente en la historia de Colombia en reelegirse. Contaba con el voto popular. En esas elecciones arrasó: ganó en primera ronda, obtuvo 7. 937.825 votos, lo que constituía el 62.35 % de toda la torta electoral. Lo siguió Carlos Gaviria, del Polo Democrático. Encarnaba los ideales que parecían perdidos y obtuvo un histórico 2.613. 157 votos, que constituía el 22.02 %. Es decir, el apoyo popular a Uribe era total. Pero tuvo que violar la Constitución para lograrlo.
Su reelección, al menos abrirle esa posibilidad, constituyó un primer crimen del hoy condenado expresidente, un crimen por el que fueron a la cárcel sus siguientes funcionarios: sus exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega, y el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez, con penas que superaban los cinco años.
El choque de trenes fue entre Uribe y la Corte Suprema. Fueron la Corte y magistrados como Iván Velásquez los que impidieron que el monstruo del autoritarismo no llegara a Colombia. Dos décadas después hemos visto los riesgos de un mandatario con sed de autoritarismo como sucede en El Salvador con Bukele. Se ha autoproclamado como un “dictador cool” pero el haber conseguido su reelección indefinida es un golpetazo muy peligroso para la democracia en Centroamérica. Es consecuente con el uribismo la cercanía que pueden sentir con Bukele. Una de las grandes inspiraciones del mandatario salvadoreño ha sido el presidente condenado por soborno y fraude procesal.
Uno de los magistrados que se opuso con mayor vehemencia fue Jaime Araújo Rentería, quien dijo en su momento estas palabras que sonaban profundamente antipopulares teniendo en cuenta la adoración que generaba Uribe: “El actual gobierno se encuentra usurpando el poder político y jurídico. Y, por tanto, se encuentra justificada y legitimada la desobediencia civil, ya que los ciudadanos no estamos obligados a obedecer a un gobierno que fue elegido gracias a un delito, violando las reglas básicas del juego de la democracia y del Estado constitucional de Derecho”.
Uribe, insaciable, quería apuntarle a una tercera reelección. Por eso se metió en una sinsalida muy complicada para él: la yidispolítica. La yidispolítica es el nombre que se le dio al escándalo político de corrupción desatado en Colombia en abril de 2008, a raíz de las declaraciones de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien admitió haber aceptado ofrecimientos de sobornos de parte de funcionarios del Gobierno Nacional, a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial y, como consecuencia, fuera reelecto en el año 2006.
Aunque los seguidores de Uribe no quieran admitirlo, él se arrodilló en uno de los baños del Congreso suplicándole a una política que no tenía demasiada trayectoria, como Yidis Medina, para que cambiara su voto y aceptara el proyecto de reelección. Por eso, Araújo se fue lanza en ristre contra el proyecto en el que fue aprobada la reelección. Sobre el acto legislativo dijo lo siguiente: “Eso está viciado de nulidad absoluta, por cuanto es consecuencia de un delito, el delito de cohecho (…) Si el delito no genera la nulidad ¿Qué lo haría? Cuando el delito es el acto de corrupción más grave y tiene la máxima sanción del ordenamiento jurídico (…) La corrupción, el crimen o el delito, no pueden ser nunca y bajo ninguna justificación o circunstancia, fuente de derecho”.
Araújo fue extremadamente crítico con la Corte que aprobó ese primer proyecto reeleccionista e incluso cuestionó duramente a los miembros de la Corte que permitieron esta afrenta a la Constitución del 91: “Esta Corte ha hecho posible lo imposible desde el punto de vista del Estado constitucional de Derecho: que el delito pueda más que la Constitución, que esté por encima de ella, esto es, se ha convalido un delito; se ha refrendado el crimen, la inconstitucionalidad y la corrupción”
Uribe no pudo aspirar a la presidencia en 2010. Para eso había preparado a Andrés Felipe Arias, su discípulo, el ministro de Agricultura, a quien le decían “uribito”, y que políticamente murió después de ser condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Juan Manuel Santos retomó las banderas y sería, para el expresidente y sus seguidores,“un traidor”, porque le cerró la puerta a cualquier posibilidad de ser una simple extensión de Uribe.
Quince años después de haber dejado la presidencia, Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal. Para él llegó la horrible noche. Ya no es el hombre que soñaba con ser el presidente eterno. Ahora es solo el primer presidente en ser encontrado culpable de un delito y en pagar condena por eso.
