Cooperativas de seguridad, disidencias y Estado.

El reciente escandalo vinculado a miembros de las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ha traído a la actual coyuntura, la discusión sobre el relacionamiento que tienen actores estatales y miembros de estructuras armadas ilegales. La información divulgada por el equipo de investigaciones de Caracol, en el cual se resalta el interés de crear un proyecto irregular para la creación de supuestas “empresas de seguridad privada”, ha reactivado hechos históricos, como la creación de cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas como Convivir, creadas en 1994 con el propósito inicial de fortalecer la seguridad rural mediante la participación comunitaria. No obstante, es importante resaltar que estos dos fenómenos no son equiparables, pues las Convivir surgieron como parte de una política pública formal inscrita en la doctrina contrainsurgente, mientras que el proyecto del EMBF constituye una articulación ilegal que compromete nichos fragmentados de la institucionalidad estatal.

Las Convivir fueron creadas jurídicamente mediante el Decreto 356 de 1994, conocido como Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada[1]. Su diseño se articuló con una visión estatal que buscaba involucrar a civiles en tareas de observación, información y apoyo logístico en zonas rurales consideradas estratégicas para el control territorial. Aunque formalmente estaban sometidas a supervisión estatal, recibieron autorización para portar armas de corto alcance y fortalecer mecanismos de comunicación con autoridades militares y policiales. Así, bajo este marco, su expansión fue vertiginosa: para finales de los noventa existían más de quinientas cooperativas distribuidas en veinticuatro departamentos del país, con un peso notable en Antioquia, Córdoba, Magdalena Medio y Urabá, regiones donde también avanzaba la consolidación paramilitar.

La sentencia de la Sala de Justicia y Paz contra Ever Veloza García, alias HH, documentó con amplitud la manera en que las Convivir se integraron en la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Señaló como “las cooperativas de vigilancia se convirtieron en un andamiaje legal para la expansión territorial de las Autodefensas, al permitir su articulación con actores estatales y particulares que legitimaban su presencia”[2]. Más adelante, la magistratura advirtió que “la coincidencia entre las Convivir y los territorios de mayor victimización paramilitar no obedece a un azar geográfico, sino a un entramado institucional que facilitó dicha expansión”[3]. Estos hallazgos mostraron que el diseño estatal de la época y en cabeza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pensado como mecanismo de apoyo a la seguridad, terminó sirviendo como plataforma para el fortalecimiento paramilitar.

La sentencia también afirmó que, con la autorización institucional, “el Estado decidió darles vía y amparo legal a estructuras armadas que usaban informantes con acceso a armas de uso privativo, bajo la idea de restablecer el orden público”[4]. En esa dirección, la magistratura estableció que múltiples Convivir fueron capturadas desde su creación por paramilitares de alto nivel, incluidos Salvatore Mancuso y alias Monoleche. La investigación reveló incluso que resoluciones departamentales y aprobaciones administrativas facilitaron su consolidación, lo que llevó al Tribunal a concluir que “la ausencia de controles permitió que las Convivir se fusionaran operativamente con las Autodefensas, articulando logística, financiación e inteligencia”[5]. Con ello, la política pública de seguridad se transformó, en la práctica, en un dispositivo que alimentó la expansión armado-territorial del paramilitarismo.

La comparación con el escándalo del EMBF, sin embargo, muestra diferencias sustanciales. A diferencia de las Convivir, el proyecto de empresas de seguridad que ha salido a la luz en investigaciones periodísticas no surgió de una política estatal ni de un diseño institucional. El EMBF, aunque se autodefine como parte de una estructura guerrillera residual, sus dinámicas operativas actuales se centran en el control economías ilícitas como la vigilancia y supervisión de corredores de coca, cobro de peajes ilegales, regulación de contrabando, extorsión a transportadores y participación en redes de tráfico de migrantes, etc.

En vez de una estrategia contrainsurgente, lo que sugieren las denuncias es la existencia de contactos irregulares entre mandos medios de la Fuerza Pública y delegados del EMBF, orientados a explorar formas de legalización comercial de su control territorial mediante supuestas empresas de seguridad. Así, el foco del problema es que esta articulación no se produjo desde el centro del Estado ni responde a un proyecto institucional, sino que emerge desde grietas internas, donde actores estatales actúan por fuera de la cadena de mando en beneficio propio. El EMBF habría buscado obtener legitimidad, movilidad y capacidad de recaudo a través de estos acuerdos, mientras que los actores institucionales involucrados obtendrían beneficios personales derivados de su participación en ese entramado.

En contraste con el fenómeno de las Convivir, el escándalo del EMBF no expresa la tercerización legal de la seguridad, sino la fragmentación interna del aparato institucional. Las Convivir fueron una política formal que terminó cooptada; las empresas vinculadas al EMBF representan una forma de infiltración inversa: actores estatales, sin respaldo institucional, son quienes buscan alianzas ilegales con una estructura criminal. Este contraste muestra que los riesgos actuales no se encuentran en políticas públicas que habiliten estructuras armadas, sino en la incapacidad estatal de desmantelar nichos o segmentos de la Fuerza Pública, que mantienen alianzas con grupos ilegales.  Frente a este punto, la sentencia de Justicia y Paz advertía que “la perforación del Estado por estructuras armadas ilegales constituye una amenaza grave para la seguridad democrática”[6], una afirmación que, aunque formulada para describir los años noventa, recupera vigencia.

Así, finalmente, aunque los dos hechos parecen comparables, su naturaleza es distinta. Las Convivir fueron diseñadas desde la institucionalidad y mutaron, por captura criminal, en instrumentos del paramilitarismo. El caso del EMBF revela, de confirmarse, redes que operan desde las grietas del Estado, donde actores institucionales se vinculan a economías ilegales. Reconocer esta diferencia es fundamental para evitar que la seguridad vuelva a convertirse en un espacio propicio para alianzas informales que erosionen la legitimidad estatal. La historia de las Convivir enseña que la ausencia de controles institucionales puede derivar en tragedias prolongadas; el caso del EMBF, llama entonces a comprender que la amenaza actual, también reside en aquellos nichos que no logran develarse y que operan desde la institucionalidad en articulación con actores ilegales.

[1] Decreto 356 de 1994, Ministerio de Defensa Nacional. El Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada reguló la operación de empresas y cooperativas privadas bajo supervisión estatal.

[2] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2015). Cita textual de la sentencia contra Ever Veloza García.

[3] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2015). Cita textual de la sentencia contra Ever Veloza García.

[4] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2015). Cita textual de la sentencia contra Ever Veloza García.

[5] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2015). Cita textual de la sentencia contra Ever Veloza García.

[6] Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz (2015). Cita textual de la sentencia contra Ever Veloza García.