La semana pasada la campaña del Pacto Histórico sufrió un fuerte revés luego que el CNE decidiera impedirle a Iván Cepeda ir a la consulta del Frente por la Vida. Esto no sólo provocó que apareciera en escena el siempre complicado Roy Barreras quien de una vez soltó uno de sus trinos afirmando que si el ganador de esa consulta saca más de un millón de votos, Cepeda debería renunciar a cualquier intento de la presidencia y sumarse a su campaña. Esto cayó muy mal en las huestes petristas. El mismo presidente Petro anunció pocas horas después que él no votaría en esa consulta, que no pedirá el tarjetón y que sólo votará para senado y cámara.
Pero para Iván Cepeda el principal golpe lo recibió por parte del CNE. Por eso el pasado 9 de febrero anunció una demanda penal contra Álvaro Hernán Prada, quien está al frente de la entidad y que actualmente está aún involucrado en el proceso que se le sigue por manipulación de testigos, un caso que está muy cercano al del expresidente Uribe y al magistrado Hollman Ibañez quien fue uno de los ponentes que votó en contra y que es muy cercano a Abelardo de la Espriella.
Ellos, por su cercanía con Uribe y con Abelardo respectivamente, debieron haberse declarado impedidos. El no haberlo hecho los pudo hacer incurrir en el delito de prevaricato. Cepeda y Prada son enemigos declarados desde el 2014. Este congresista habría convencido a varias personas del Huila -según está en la acusación y por eso se le investiga- para hablar en contra de Cepeda. En el documento que entregó Cepeda a las autoridades se deja leer claramente cuales son sus razones para pedir que el representante del Huila se declarara impedido:
“Álvaro Hernán Prada Artunduaga se encontraba obligado a declararse impedido para intervenir en los radicados Nos. CNE-E-DG-2026-002657 y CNE-E-DG-2026-002705, mediante los cuales el Consejo Nacional Electoral resolvió solicitudes ciudadanas de revocatoria de mi inscripción como precandidato presidencial del Movimiento Político Pacto Histórico en la consulta del “Frente por la Vida”, a realizarse el 8 de marzo de 2026. Esto, por cuanto existe un pleito penal vigente, que se halla en etapa de juzgamiento, en el que éste fue acusado por la presunta comisión del delito de soborno en actuación penal, en calidad de cómplice, y en el que he sido reconocido como parte civil en calidad de víctima”.
Es como si con la acción emprendida por el CNE se continuara un nuevo capítulo de uno de los juicios más sonados en la historia del país, el juicio a Uribe. Es fácil interpretar que Prada estuviera tomando esa decisión como una especie de retaliación contra Cepeda.
Contra el magistra Ibañez Cepeda también advirtió de una clara animadversión hacia él antes de tomar esa decisión: “Ibáñez Parra también se encontraba obligado a declararse impedido, como quiera que antes de intervenir en la actuación administrativa, había emitido, de forma pública y reiterada, pronunciamientos jurídicos de fondo sobre la aplicación del artículo 7 de la Ley 1475 de 2011, en lo que tiene que ver con la consulta que realizó el Polo Democrático Alternativo el 26 de octubre de 2025, y sobre la posibilidad de participar posteriormente en una consulta interpartidista, el 8 de marzo de 2026. En tal sentido, fijó una postura interpretativa cerrada sobre aspectos sustanciales del asunto que posteriormente pasó a conocer y decidir”
Sea cual sea la decisión final de la justicia, los tarjetones ya están impresos y Cepeda no está en él. El daño para el candidato del Pacto Histórico ya está hecho.
