Comunidades confinadas: la guerra que no cesa en el Caquetá

de las dinámicas del conflicto armado, lo que potencia su carácter de corredor estratégico. El municipio ha sido, de manera reiterada, escenario de procesos de colonización campesina, construcción de economías rurales y consolidación de formas de gobernanza armada que han otorgado legitimidad social y capacidad de regulación territorial a los grupos armados. En este contexto, el control del corredor no solo permite ventajas militares y logísticas, sino también la incidencia sobre la población civil, mediante la imposición de normas de comportamiento, la regulación de la movilidad y la disputa por la lealtad comunitaria. La persistencia de enfrentamientos en este municipio evidencia que San Vicente del Caguán continúa siendo un nodo estratégico para la disputa armada actual, en tanto su dominio incide directamente en el equilibrio de fuerzas, la proyección hacia otros departamentos y la sostenibilidad de los proyectos armados en el suroriente colombiano.

¿Disputa entre quienes?

De acuerdo con el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde, al menos, mayo de 2023, cuando la entidad emitió la Alerta Temprana de Inminencia 018-2023, focalizada en la cordillera de San Vicente del Caguán, se empezaron a registrar hechos de conflictividad y tención entre las estructuras disidentes. En ese momento, la Defensoría advirtió el ingreso de unidades del Estado Mayor Central (EMC) a zonas donde hacía presencia la Segunda Marquetalia, señalando la alta probabilidad de enfrentamientos por el control de corredores estratégicos en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas (Defensoría del Pueblo, 2023a). Posteriormente, en agosto de 2023, la ATI 029-2023 extendió la preocupación al municipio de Puerto Rico, donde se documentaron enfrentamientos con interposición de población civil y riesgos de confinamiento derivados de la confrontación entre el Bloque Jorge Suárez Briceño (EMC) y estructuras de la Segunda Marquetalia (Defensoría del Pueblo, 2023b). Así, se venía realizando seguimiento preventivo sistemático a la escalada y reconfiguración de la conflictividad armada entre disidencias, mucho antes de su fragmentación interna.

Posteriormente, en septiembre de 2024, la Defensoría expidió la ATI 023-2024, bajo la cual se hacía referencia a la ruptura interna del EMC y el surgimiento de una confrontación abierta entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de “Calarcá Córdoba” y el Bloque Amazonas Manuel Marulanda Vélez, bajo el mando de “Iván Mordisco”, especialmente en Cartagena del Chairá (Defensoría del Pueblo, 2024). La alerta subrayó que ambas facciones, previamente bajo una misma estructura de mando, se encontraban ahora en competencia por la hegemonía territorial, configurando un escenario de disputa “aparentemente irreconciliable”. Esta caracterización fue retomada y ampliada en la Alerta Temprana 001-2025, donde la Defensoría consolidó el análisis sobre la fractura estructural y advirtió la persistencia de riesgos graves y diferenciados para la población civil en Caquetá, particularmente en municipios como Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán (Defensoría del Pueblo, 2025).

Ahora, tal como lo menciona la Defensoría del Pueblo, la fractura de estas estructuras, más allá de ser un hecho coyuntural, represento una reorganización armada que redefinió alianzas, jerarquías y zonas de influencia, generando una competencia abierta por el control territorial y por la hegemonía sobre corredores estratégicos en el suroriente del país. En este contexto, la confrontación entre estas facciones derivo en el escalamiento y extensión territorial de las hostilidades, tal como viene ocurriendo.

Sin lugar a duda, esta recomposición armada tiene efectos directos sobre la población civil en municipios como Cartagena del Chairá, Solano y San Vicente del Caguán, donde se identifican riesgos asociados a amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamiento forzado, confinamiento, homicidios selectivos y afectaciones contra niñas, niños y adolescentes. Así, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en zonas aledañas a la Zona de Reserva Campesina del Río Pato, se han instalados retenes en el único camino que comunica con el casco urbano. De igual forma, las familias han dejado de enviar a los niños a la escuela y han suspendido la venta de productos agrícolas porque no pueden salir sin autorización. Las tiendas empiezan a quedarse sin alimentos y los enfermos no pueden desplazarse al puesto de salud. De igual forma, las comunidades también se han denunciado citaciones a reuniones obligatorias, en las cuales se les exige información sobre quiénes han hablado con la Fuerza Pública y se prohíbe comunicarse con autoridades externas sin permiso. Estas reuniones son aleatorias entre las disidencias y las orientaciones que se dan en estos espacios, suelen terminar en un ejercicio de estigmatización a liderazgos comunitarios, dejando “entre la espada y la pared” a las comunidades que se debaten entre realizar ejercicios de resistencia, mediación y diálogo para salvaguardar la vida y la seguridad de sus habitantes.

Es claro que las comunidades no dejan de estar en confinamiento a pesar de que no se decreten emergencias humanitarias. Hoy por hoy, las entidades estatales, las ONG y las organizaciones de DDHH tienen conocimiento sobre el riesgo humanitario, pero la capacidad de incidencia es limitada mientras continúan los enfrentamientos. Como lo hemos advertido, el escenario de negociación no es suficiente, cuando las estructuras armadas mantienen una confrontación horizontal entre ellas y el Estado parece tener las manos atadas a la hora de intervenir de forma integral.