El 20 de febrero de 2026 fue capturado en Getafe, Madrid (España), Diego Fernando Bustamante Segura, conocido como alias Diego Optra, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal Los Shottas, en Buenaventura. La noticia la hizo pública el presidente Gustavo Petro, quien informó que la operación fue realizada en coordinación entre autoridades españolas y colombianas. Este hecho, sin duda, reabre un debate sobre el futuro de la paz urbana en el Distrito.
No es la primera vez que Diego Optra es detenido. En octubre de 2019 fue capturado en Rionegro, Antioquia, en medio de una ofensiva contra estructuras derivadas de la antigua banda La Local. Optra permaneció privado de la libertad hasta septiembre de 2022, cuando quedó en libertad por vencimiento de términos. En 2025, se conoció que estaría residiendo en España.
Según reportes de prensa y fuentes oficiales, Diego Optra enfrenta procesos por desaparición forzada agravada y concierto para delinquir agravado. Las autoridades lo han señalado como uno de los principales cabecillas de Los Shottas y lo vinculan con el control de economías ilegales en Buenaventura, particularmente en zonas que son estratégicas asociadas al microtráfico, narcotráfico y otras rentas ilícitas que sostienen la dinámica criminal en la ciudad puerto.
La captura de este cabecilla ocurre en un contexto particular, los Shottas actualmente hacen parte del espacio de conversación sociojurídica instalado en julio de 2023, en el marco de la política de paz total. Cabe recordar que, en mayo de 2025, los principales voceros de esta estructura, conocidos como Jimmy y Jerónimo, fueron capturados por el delito de secuestro simple, lo que generó diversas reacciones y pronunciamientos públicos.
La pregunta inevitable es si la captura de uno de los principales cabecillas como Diego Optra, debilita el proceso de paz urbana o, por el contrario, lo pone nuevamente a prueba.
Habría que considerar que, a la fecha, este proceso ha estado más orientado a avanzar – aunque con muchas dificultades- en temas de transformación territorial. Y el diálogo entendido como la interlocución de todos los actores (voceros de las estructuras criminales y delegación del Gobierno), parece hoy cosa del pasado.
Desde la oficina de Pares Pacífico hacemos seguimiento a la paz Urbana en Buenaventura y planteamos al menos tres posibles escenarios:
En primer lugar, la captura podría generar un incremento de acciones violentas y hechos delictivos como estrategia de demostración de control territorial. La disputa por los corredores estratégicos sigue siendo una constante entre las estructuras criminales. En este escenario también podrían presentarse cambios o procesos de sucesión interna. Aunque Los Shottas han demostrado operar bajo un mando relativamente unificado, la evidencia sugiere que su máximo líder no requiere estar en libertad ni en el país para mantener influencia sobre la organización.
En segundo lugar, podría darse continuidad al espacio sociojurídico, con la permanencia de Los Shottas en la paz urbana. Sin embargo, esto exigiría una reconfiguración profunda de la estrategia de diálogo. Hasta el momento, la estructura no ha emitido ningún comunicado oficial, pero la captura deja claro que el proyecto de paz urbana coexiste con la acción judicial. En ese sentido, resulta indispensable retomar un diálogo efectivo que permita reducir las distintas formas de violencia en el distrito.
Este escenario está atravesado por una fragilidad evidente: los voceros visibles de ambas estructuras parecen hoy inactivos. Jimmy y Jerónimo, pese a haber sido reconocidos como representantes de Los Shottas, fueron capturados y, aunque recuperaron su libertad en noviembre de 2025, no existen indicios claros de que continúen participando activamente en el proceso. En el caso de Los Espartanos, alias Gordo Lindo, quien había asumido un rol más activo en la interlocución, salió del escenario tras activarse su orden de captura. Esta situación ha debilitado la representación directa y obliga al proceso a redefinir con urgencia una estrategia que, hasta ahora, sigue siendo difusa.
En tercer lugar, las capturas recientes, la falta de garantías jurídicas y los altos niveles de desconfianza podrían derivar en una ruptura definitiva de un proceso que hoy luce agonizante, al menos en lo que respecta a sus objetivos iniciales de sometimiento, desarticulación de estructuras criminales y tránsito hacia economías legales.
Si bien el número de homicidios ha disminuido considerablemente desde octubre de 2025, esta reducción no necesariamente refleja una transformación estructural. En contextos como el de Buenaventura, la violencia puede regularse estratégicamente para estabilizar dinámicas territoriales y proteger rentas ilícitas; sin embargo, este equilibrio puede romperse si alguna estructura percibe amenazado su control del territorio.
No es un detalle menor que Fabio Cardoso haya señalado en su momento que la delegación había avanzado —aunque de manera parcial— en diálogos con los principales jefes de los bandos, y que existía un interés manifiesto por parte de ambos en dar continuidad al proceso de paz urbana. Tampoco debe olvidarse que, en el pasado, estos mismos jefes han ejercido influencia incluso desde prisión. En ese sentido, la captura no implica automáticamente el colapso del espacio sociojurídico.
Finalmente, desde la experiencia reciente, los escenarios que podrían abrirse no necesariamente son extremos, sino híbridos, es decir que puede existir cierta estabilidad con momentos de tensión; puede haber continuidad del diálogo con episodios de violencia; o puede emerger una erosión lenta, si la interlocución no se recompone con rapidez.
Lo que ocurra dependerá menos del impacto simbólico de la captura y más de la capacidad institucional para sostener el equilibrio entre justicia y diálogo, en un año políticamente sensible.
