ARRECIA LA VIOLENCIA EN NARIÑO

Las dinámicas del conflicto armado durante el último año en Nariño se han destacado por la reorganización territorial y la reconfiguración económica de los grupos armados. Ante los golpes cada vez más contundentes contra el narcotráfico, las organizaciones armadas buscan consolidar su poder sobre territorios mineros y sobre corredores que permiten conectar distintas economías ilegales. La transformación del control territorial en la región, producto de la ofensiva del Ejército y de la desmovilización de una parte importante de Comuneros del Sur, ha hecho que otros grupos armados, como las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), la columna Urias Rondón (Comando Coordinador de Occidente) y el Frente Franco Benavides (Estado Mayor Central) realicen acciones militares tendientes a ocupar zonas estratégicas dentro de esa reconfiguración territorial.

Históricamente, el narcotráfico ha sido el principal motor económico de los grupos armados en Nariño. El departamento concentra extensas zonas cocaleras y algunos de los corredores más importantes para la producción y salida de cocaína hacia el Pacífico y hacia la frontera con Ecuador. Sin embargo, las operaciones estatales han golpeado distintas redes de tráfico, afectando laboratorios, rutas fluviales y estructuras logísticas, lo que ha obligado a los grupos armados a modificar sus estrategias económicas. En este contexto, y según líderes comunitarios consultados, varias estructuras armadas han comenzado a hacer mayor énfasis en el negocio de la minería ilegal. Esta transición no implica la desaparición del narcotráfico, sino su reorganización territorial. Algunos grupos han desplazado sus actividades hacia zonas menos vigiladas o han optado por disputar territorios donde confluyen diferentes rentas ilegales. En este escenario, las subregiones Guambuyaco, conformada por los municipios de El Peñol, El Tambo, La Llanada y Los Andes – Sotomayor, y Abades, conformada por los municipios de Providencia, Samaniego y Santacruz de Guachavéz, se convierten en focos de atención ya que conectan el norte de Nariño con el piedemonte costero y con la frontera ecuatoriana. Además, se trata de territorios donde confluyen importantes yacimientos mineros, amplias zonas de cultivos de coca y corredores rurales apartados de la presencia estatal.

De forma paralela, el proceso de negociación adelantado entre el gobierno nacional y el grupo armado Comuneros del Sur, una escisión del ELN con presencia histórica en la cordillera nariñense, en el marco de la política de Paz Total, inició un proceso de desarme y entrega de armamento y explosivos, comprometiéndose con la construcción de paz territorial en varios municipios[1] del departamento. Aunque este proceso representó un avance significativo en términos de desescalamiento del conflicto, verdad y reparación, también generó una situación recurrente de violencia en escenarios de transición: la aparición de vacíos de poder territorial. Experiencias previas en Colombia han demostrado que, cuando un actor armado abandona un territorio sin que exista una presencia estatal efectiva que lo sustituya, otros grupos tienden a ocupar rápidamente esos espacios, buscando asegurar control sobre rutas, poblaciones y economías ilegales, ejemplo de ello fue la disputa entre el ELN y las antiguas FARC – EP cuando se desmovilizaron las AUC y, posterior a la desmovilización de las FARC – EP el recrudecimiento del conflicto entre el ELN y grupos neoparamilitares e incluso, las dinámicas de violencia vigentes entre disidencias y grupos residuales.

En Nariño, esta dinámica se ha vuelto especialmente notoria desde 2025. La desmovilización de Comuneros del Sur coincidió con el fortalecimiento de las Autodefensas Unidas de Nariño y con el movimiento del Frente Franco Benavides y el Frente Urias Rondón hacia zonas que antes estaban bajo influencia de dicha organización. Varios líderes comunitarios han señalado que muchos de los desmovilizados de CDS han pasado a ser parte de las AUN, e incluso hay líderes sociales que denunciaron en su momento la articulación entre Comuneros y las Autodefensas.

La desmovilización progresiva de Comuneros del Sur ha dejado territorios abiertos a la expansión de otras estructuras armadas que buscan consolidar control sobre corredores estratégicos. El resultado ha sido el recrudecimiento de la violencia en el corazón de Nariño, particularmente en las subregiones de Guambuyaco y Abades, donde se disputa el control de rutas que conectan la cordillera con la costa pacífica y con la frontera sur. En estos territorios también se define la posible expansión del Frente Franco Benavides, cuyo principal bastión se encuentra en la subregión de Cordillera, hacia zonas más al sur del departamento.

La Alerta de Inminencia 005 de 2026 emitida por la Defensoría del Pueblo advirtió que en esta zona se está configurando una disputa entre varias estructuras armadas ilegales, entre ellas el Frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño. Según el documento, el Frente Franco Benavides ha desarrollado una estrategia de expansión territorial hacia municipios como El Peñol y El Tambo, buscando ocupar espacios que anteriormente estaban bajo influencia de Comuneros del Sur (Defensoría del Pueblo, 2026). Esta expansión incluye presencia armada en zonas rurales, establecimiento de normas de control social, intimidaciones a líderes comunitarios y presión sobre las economías locales, lo que incrementa los niveles de riesgo para la población civil. Fuentes en los territorios mencionados han reportado a PARES que durante los últimos dos meses enfrentan una escalada de violencia que incluye asesinatos selectivos, medidas de coerción y amenazas a líderes sociales, hechos que no llegan a los medios de comunicación, pero que marcan de forma determinante la vida cotidiana de los habitantes de estas poblaciones.

A estas dinámicas se suma la adaptación táctica de los grupos armados. La reciente utilización de tecnologías como drones en acciones armadas evidencia cambios en las formas de confrontación. En lugar de depender exclusivamente de enfrentamientos directos, algunas estructuras están incorporando dispositivos de vigilancia y ataques con explosivos lanzados desde drones, lo que les permite ejercer presión sobre puestos militares o poblaciones rurales con menores costos operativos y una menor exposición de sus combatientes. Este tipo de prácticas, que ya se han registrado en otros escenarios del conflicto colombiano, comienzan a aparecer también en el sur del país y reflejan la capacidad de adaptación de estas organizaciones.

La escalada de violencia en Nariño refleja una transformación estructural del conflicto armado. Los grupos ilegales se adaptan rápidamente a los cambios del contexto: la presión sobre el narcotráfico, los procesos de negociación con algunos actores armados y la aparición o fortalecimiento de nuevas economías ilegales generan un escenario dinámico, en el que el control territorial se redefine constantemente.

En este escenario, la transición derivada de la desmovilización de Comuneros del Sur abre una ventana crítica para el departamento. Sin una intervención integral del Estado —que combine seguridad, presencia institucional sostenida y alternativas económicas para las comunidades— es probable que los territorios liberados por este grupo sean ocupados rápidamente por otras estructuras armadas. El caso del corredor El Peñol–El Tambo ilustra con claridad este riesgo: un espacio donde convergen rutas estratégicas, economías ilícitas y disputas entre grupos armados, y que hoy se perfila como uno de los puntos clave en la nueva geografía del conflicto en Nariño.

[1] Ricaurte, Barbacoas, Mallama, Cumbal, Guachucal, Guachavéz, Samaniego, Providencia, La Llanada y Los Andes – Sotomayor