El pasado 9 y 10 de octubre, la Alcaldía de Buenaventura, a través de la Secretaría de Gobierno, inició el proceso de actualización del Plan Integral de Prevención de Violaciones de Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario con el apoyo del Ministerio del Interior, la Fundación Paz y Reconciliación y la cooperación internacional (USAID) con su programa para la promoción y defensa de los derechos humanos y la paz InspiraPaz.
Antes de entrar en detalle sobre esta actividad, es importante explicar qué es el PIP y profundizar en su relevancia para la población bonaverense urbana y rural.
Según lo dispuesto en el artículo 2.4.1.7.1.9 del Decreto 660, numeral 10, los planes integrales de prevención son:
Una herramienta de planeación que orienta y coordina el análisis y la gestión del riesgo, concretándolos en acciones directas de prevención y protección para las comunidades, organizaciones sociales, populares, étnicas, de mujeres, de género, ambientales, comunales, de los sectores LGBTI y defensoras de derechos, sus líderes, lideresas, dirigentes, representantes y activistas en los territorios.
De igual forma, el decreto señala: Los Planes Integrales de Prevención tienen como fin enfrentar los factores de riesgo o disminuir su impacto en la comunidad. Así mismo, permiten definir los criterios de articulación y coordinación interinstitucional entre nación, departamento y municipio; establece el marco de actuación y las orientaciones que, en materia de prevención temprana, urgente y Garantías de No Repetición, debe adoptar el ente territorial.
En ese orden de ideas, esta política pública, pretende brindar garantías de no repetición de violaciones a los Derechos Humanos e Infracciones al Derecho Internacional Humanitario a las poblaciones y los diferentes liderazgos que en el marco del conflicto armado y del accionar criminal de diversos grupos armados organizados, vienen siendo afectadas por múltiples hechos victimizantes, que vulneran y violentan sus derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad en sus territorios.
Para el caso particular de Buenaventura, esta actualización, merece una especial atención debido a las advertencias hechas en la última alerta temprana estructural, la 039 de 2023, hecha por la Defensoría del Pueblo, la cual cuenta con un énfasis muy puntual, debido a la recurrencia de ciertas situaciones de riesgo a las que ha estado expuesta la población bonaverense y que han venido siendo informadas en las últimas seis (6) alertas tempranas: (AT 050 de 2018, AT 079 de 2018, AT 007 de 2019, AT 003 de 2021, AT 024 de 2021 y las Alertas nacionales 030 electoral y 019 de líderes sociales).
Vale señalar que la última alerta temprana de la defensoría, identifica cinco (5) escenarios de riesgo:
· Zona urbana: 12 comunas y 157 barrios.
· Los ríos del norte: Calima y San Juan.
· Los ríos del centro/sur: Cajambre, Naya, Mayorquín, Anchicayá, Raposo y Yurumanguí,
· Zona de playas: Juanchaco, La bocana Ladrilleros, La Barra, La Plata Bahía Málaga.
· Zona corregimiento 8, antigua vía al mar y carretera (cabal Pombo): incluye los corregimientos de Córdoba, San Cipriano, La Delfina y Cisneros, además de algunas áreas limítrofes con el municipio vecino de Dagua por la antigua vía al mar y el propio rio Dagua.
Todas estas zonas afectadas fueron incluidas en la formulación del PIP, hecha por la Secretaría de Gobierno en diciembre de 2023. Pero, debido a la recurrencia de ciertas conductas vulneratorias de derechos, en las zonas del centro – sur, algunos consejos comunitarios del Corregimiento Número 8 y, en algunas de las comunas de Buenaventura, específicamente, las comunas 7, 10, 11 y 12, resultaba imperativo, llevar a cabo la actualización del plan, el cual permitió ajustar los tres (2) escenarios de riesgo identificados en su versión anterior y reconocer otros no tenidos en cuenta.
Los escenarios de riesgo que se incluyeron durante la jornada de actualización del PIP son:
1. Presencia y disputa de los Grupos Armados No Estatales por el control territorial y social en la zona urbana y rural de Buenaventura.
2. Presencia y disputa de las organizaciones criminales y GAO por el control territorial, social y de las economías ilícitas criminales de la zona rural y urbana del Distrito de Buenaventura
3. Estigmatización y señalamiento a defensoras, defensores de derechos y autoridades étnicas por su labor propia.
4. Violencia a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes
5. Riesgo para el ejercicio de la participación política y democrática de las organizaciones sociales, comunidades, líderes sociales, comunitarios y colectivos
6. Riesgo para el ejercicio del gobierno propio de autoridades étnicas en el territorio.
7. Violación a los derechos humanos de población con enfoque diferencial y de identidad de género
Todos estos escenarios fueron socializados y formalizados dentro del subcomité de prevención y garantías de no repetición, en el cual, el ministerio público es garante de que estas situaciones de riesgo y las diferentes conductas vulneratorias no se repitan, haciendo el debido seguimiento a las entidades competentes quienes asumen ciertas responsabilidades en la implementación del plan, el cual contiene un protocolo de actuación que incluye diversas acciones para evitar o mitigar los riesgos y responder a las recomendaciones expuestas en la alerta temprana.
Finalmente, se espera que después de construir el protocolo de actuación con todas las acciones y medidas que las diferentes secretarías de la administración distrital con el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil y la cooperación internacional, este plan sea aprobado por el Comité Territorial de Justicia Transicional, para dar inicio a su implementación.
