Anotaciones latinoamericanas al sobre sostenibilidad y transición ecológica

Si en Europa la transición ecológica se ha convertido en eje de redefinición del proyecto comunitario, en América Latina el debate se formula desde una posición distinta, atravesada por la condición histórica de región proveedora de materias primas. Vistas desde este lado del Atlántico, las agendas globales de desarrollo o los pactos verdes del Norte aparecen como intentos de corregir un modelo cuya lógica básica (crecimiento económico sostenido y alta intensidad material) apenas se cuestiona (Aguado et al., 2009). Frente a ello, la reflexión latinoamericana ha puesto el acento en los límites ecológicos y en las profundas asimetrías que estructuran la economía mundial.

Una primera crítica se dirige al modo en que el concepto de sostenibilidad dominante traduce la naturaleza a la categoría de “capital natural”, susceptible de ser sustituido por capital humano o tecnológico. Esta concepción ignora que los territorios donde se localizan bosques, minerales o agua no son espacios vacíos, sino tejidos sociales concretos, muchas veces indígenas, campesinos o afrodescendientes, que cargan con los costos de la extracción (Gudynas, 2015; Svampa & Viale, 2014). En nombre del desarrollo sostenible se han ampliado fronteras mineras, monocultivos y megaproyectos energéticos, generando conflictos socioambientales que ponen en cuestión la supuesta compatibilidad entre crecimiento, equidad y conservación.

La economía ecológica ofrece un punto de apoyo central para este giro crítico. Al insistir en que la economía está inserta en la biosfera, subraya la existencia de límites biofísicos y la necesidad de respetar la capacidad de carga de los ecosistemas (Lizarazo, 2018; Rockström et al., 2009). Desde esta perspectiva, capital natural y capital tecnológico no son plenamente sustituibles: son complementarios, y la pérdida irreversible de funciones ecológicas no puede compensarse con más inversión o innovación tecnológica. Esta lectura es especialmente pertinente cuando se observa la demanda creciente de minerales estratégicos (litio, cobre, níquel) asociada a la transición energética global. Sin cambios en las reglas del juego, la descarbonización del Norte puede apoyarse en un nuevo ciclo de extractivismo “verde” en el Sur.

Junto a la economía ecológica, América Latina ha contribuido con propuestas como el Buen Vivir, el postdesarrollo o el postextractivismo, que replantean la propia idea de desarrollo y priorizan la reproducción de la vida, los cuidados y la diversidad cultural sobre la acumulación de capital (Gudynas, 2015). En esta línea se sitúa el Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, que articula demandas de justicia social, ecológica, de género y étnica, y plantea medidas como el reconocimiento de la deuda ecológica histórica, la democratización de la energía, la reforma de los sistemas fiscales y el fortalecimiento de bienes públicos como salud, educación y cuidado (Svampa et al., 2022). No se trata solo de cambiar la matriz energética, sino de modificar estructuras productivas y relaciones de poder.

Estas aportaciones no configuran un modelo acabado, pero sí desplazan el foco. La pregunta ya no es únicamente cómo hacer “más verde” el crecimiento, sino qué formas de vida se pretenden sostener, en qué territorios y bajo qué patrones de distribución de beneficios y cargas. Para la Unión Europea, que impulsa su propio Pacto Verde, dialogar con estas perspectivas implica reconocer que la transición ecológica no puede financiarse ni territorializarse a costa de otros. Para América Latina, supone afirmar su condición de sujeto político e intelectual en la construcción de futuros sostenibles, más allá del papel de proveedor de recursos.