Anatomía de la pelea por el salario mínimo

Como es tradición, diciembre se ha convertido en el mes de la pelea por el establecimiento del salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) en Colombia. En la última década (2014-2024), tan solo en tres ocasiones se ha llegado a un consenso —2019, 2022 y 2023—; y el resto de años, la disputa la ha zanjado el presidente de la República vía decreto, usando el poder discrecional que le otorga la Constitución y la legislación colombiana. En 2025 el rifirrafe comenzó muy temprano, desde el 5 de noviembre, cuando el Gobierno nacional, en boca del ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que a partir del primero de enero de 2026 el salario mínimo se ubicaría en una cifra cercana al millón ochocientos mil pesos —incluyendo el auxilio de transporte—. Monto que fue ratificado unos días después por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino Páez, el cual explicó que el incremento propuesto obedecía a un intento de entregar un “ingreso digno” para el trabajador y sus familias, además buscando seguir las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pero el debate real, entre trabajadores y empleadores, comenzó tan solo desde el primero de diciembre de 2025, cuando se instaló, nuevamente, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL). Es en este espacio, donde convergen trabajadores —representados por el Comando Nacional Unitario e integrado por las centrales sindicales CUT, CGT y CTC—, empleadores —representados por los gremios empresariales e integrado por Andi, Fenalco y Acopi— y el Gobierno —donde confluyen varios representantes—, donde se discute y se acuerda la cifra.

Para buscar el consenso y no que se tome por decreto, la comisión tripartita recoge cifras claves para la economía nacional, y estas entran a dialogar en la fórmula tradicional de la determinación del salario: como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el índice de productividad total de factores; además, en este año, el salario vital móvil. De allí que se invite a organizaciones técnicas estatales y del sector privado —entre ellos a Fedesarrollo y ANIF— responsables de calcular e informar sobre estos datos.

En el caso de la inflación, medido por el IPC, son el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el director del Banco de la República, a quienes les correspondió este año —en las horas de la tarde del 5 de diciembre— informar que la inflación se ubicaba en octubre en 5,51 % y que al finalizar el año el número sería muy similar. Y en cuanto a la Productividad Total de los Factores (PTF) este había crecido en el tercer trimestre 0,91%.

En resumen, se tenía la sumatoria que indicaba que la discusión sobre el SMMV para 2026 iniciaría con un rango técnico mínimo o base de 6.4%. Situación que efectivamente pasó: como ocurre siempre con diferencias sustanciales, los empleadores presentaron una propuesta cercana al límite inferior de 7,21% y los trabajadores indicaron una cifra de casi 16%, que duplica la oferta empresarial. Unas propuestas que aparecieron el 9 de diciembre.

El primer actor en justificar la cifra fue el representante de los empleadores. Quien de manera “generosa” propuso un dígito por encima de la banda inferior y dijo que el incremento sería de $99.645, pasando el Salario Mínimo Base de $1.423.500 en 2025 a $1.523.145 en 2026. Aludiendo que este porcentaje, además de respetar la fórmula, permitiría reducir los efectos negativos sobre el empleo informal, que tendría para la economía nacional un incremento mayor.  

Propuesta conservadora a la que se le unió también el director del Banco de la República. Para el representante de este organismo independiente del Estado, lo más importante para fijar el salario mínimo es la inflación proyectada. El representante de la Junta Directiva del Banco no quiere que el salario mínimo crezca más allá de la fórmula inicial, pues se pondría en riesgo la reducción de la meta inflacionaria para 2026 del 3%.

Recordó el director del Banco de la República que en Colombia el precio de muchos bienes y servicios están atados al salario mínimo —como los aportes de trabajadores independientes a salud y pensión, los arriendos, las pensiones escolares, los comparendos o los servicios personales—. De allí que subir mucho el salario mínimo provocaría un aumento de la inflación el próximo año y la consecuencia exigiría endurecer la política monetaria y el aumento de las tasas de interés para su control. Lo que, a su vez, encarecería los créditos para la inversión.

Por su parte, los trabajadores, agrupados en el Comando Nacional Unitario, luego de escuchar a los empleadores, pusieron sobre la mesa una cifra muy superior del 16%. Amparado en tres situaciones: la primera, en la necesidad que tiene el trabajador colombiano de mejorar su nivel de vida, pues un salario real más alto le permitiría compensar la pérdida de valor que ha sufrido la moneda y adquirir más bienes y servicios. Segundo, recordando a los empleadores que el salario mínimo en el país es uno de los tres salarios más bajos de América Latina, lo cual se ve muy feo ante el club de la OCDE, al que pertenece Colombia.

Pero tal vez el mayor argumento que tienen los representantes de los trabajadores para pedir está cifra es que se sitúa cuatro puntos por encima de los que propuso inicialmente el Gobierno. El 16% es una cifra no muy lejana al 11% que tiene en la cabeza Gustavo Petro. Que digámoslo de una vez: es un jugador  que tiene el poder de definir al final el salario de no llegarse a un acuerdo entre las partes antes del 30 de diciembre.

Además, es un jugador que desea y requiere el apoyo electoral en 2026. Se enfrentará a otros adversarios políticos en las elecciones al Congreso y a la Presidencia y quiere que su partido o los candidatos que apoya lleguen al poder. Y para ello cuenta con el poder de fijar el salario mínimo legal para ganar adeptos; es decir, querrá en el momento electoral recordarle a los trabajadores y sus familias —que son cerca de cinco millones de trabajadores formales y más de 20 millones de colombianos— que el bienestar ganado real vía ingresos salariales se le debe al gobierno actual.

En conclusión, a mediados de diciembre, cuando aún faltan quince días para conocer el resultado del proceso, la probabilidad de que trabajadores y empleados se pongan de acuerdo sobre el incremento del salario mínimo es baja. Las diferencias en las pretensiones de ambos bandos son amplias y el Gobierno con poder legal querrá establecer un incremento salarial superior a los dos dígitos (10%). Entonces a esta primera contienda, que termina el lunes 15 de diciembre, le vendrá otra etapa de concertación extraordinaria aún más fuerte —con escritos de salvedades de cada parte— donde se añorará, como ocurrió en el primer y segundo año del gobierno Petro, que se logre una concertación. Pero esta posibilidad la veo muy lejana, y, finalmente, será el presidente el que ponga la cifra.