El panorama general de violencia en el Cauca durante 2025 revela un patrón sostenido de intensificación del conflicto, en el que confluyen tácticas convencionales y no convencionales dentro de un mismo entramado operativo. El repertorio de violencia clásico (hostigamientos, emboscadas, fusilería, artefactos explosivos improvisados y combates prolongados) se mezcla con métodos que han adquirido centralidad este año, especialmente el uso de drones cargados con explosivos, carros bomba, motobombas, volquetas acondicionadas como lanzadoras y la instalación de cilindros en zonas urbanas y rurales. Este salto táctico evidencia la convergencia entre prácticas guerrilleras tradicionales del EMC y cambio en la dinámicas de competencia que también ha adoptado el ELN, generando un tipo de conflicto donde lo militar, lo tecnológico, lo psicológico y lo territorial operan simultáneamente. La expansión de ataques contra infraestructura civil (puentes, carreteras, cascos urbanos) y el incremento de explosiones en centros poblados y ciudades han ampliado el impacto humanitario y económico, profundizando la percepción de inseguridad en la población civil.
Durante el periodo analizado se registraron 9 combates o enfrentamientos y 15 ataques dirigidos contra la fuerza pública, lo que refleja una dinámica violenta marcada tanto por choques directos entre actores armados como por acciones ofensivas focalizadas en instituciones estatales. Mientras los enfrentamientos evidencian la persistencia de disputas territoriales y la confrontación abierta, los ataques a la fuerza pública muestran una estrategia de presión y debilitamiento institucional, consolidando un patrón de agresividad sostenida que incrementa la tensión y el riesgo para la seguridad en la zona.
Durante el periodo analizado se identificaron 3 casos de desplazamiento y 4 situaciones de confinamiento, lo que refleja el impacto directo de la violencia sobre la población civil. El desplazamiento evidencia la expulsión forzada de comunidades de sus territorios, mientras que el confinamiento muestra la restricción de movilidad y el aislamiento impuesto por los actores armados. Ambos fenómenos constituyen graves vulneraciones a los derechos humanos y profundizan la crisis humanitaria en las zonas afectadas.
En cuanto a los actores armados, las relaciones entre el EMC y sus subestructuras (Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y otras expresiones locales) muestran un proceso simultáneo de competencia interna y ofensiva contra el Estado. Estas estructuras no solo disputan entre sí territorios estratégicos como Argelia, Inzá, La Vega, Silvia o Almaguer, sino que ejercen fuerte presión sobre la fuerza pública mediante ataques a Estaciones, uso de drones y acciones coordinadas con carros bomba. El ELN, por su parte, sostiene posiciones en áreas montañosas como Inzá, La Vega y San Sebastián, enfrentándose directamente al EMC por corredores de movilidad en Tierradentro y el Macizo Colombiano, mientras adelanta ataques selectivos contra Policía y Ejército e incursiona simbólicamente hacia Popayán para marcar presencia política. La Segunda Marquetalia actúa principalmente en Argelia, donde sus tensiones con el EMC y ELN han configurado un escenario tripartito particularmente volátil. La fuerza pública opera en una postura predominantemente reactiva, enfrentando emboscadas, ataques a estaciones y golpes inesperados con explosivos, mientras la población civil queda sistemáticamente atrapada entre confinamientos, desplazamientos, destrucción de vías, daños colaterales por drones y afectaciones directas a su movilidad económica.
Los modos de ataque evidencian una evolución clara hacia mecanismos más letales y diversificados. Los drones explosivos, que aparecieron desde enero en el Cauca, experimentaron un crecimiento en su implementación que los ha llevado a convertirse en un arma preferida para estructuras como las del EMC, para el último trimestre del año, se ha rastrado en promedio un ataque semanal con esta herramienta, la cuál genera un impacto significativo en municipios como Suárez, Silvia, Jambaló, Mondomo, Patía, y Cajibío. Paralelamente, carros bomba y motobombas (registrados en lugares como Patía, Piendamó, Tunía y Caloto) han potenciado la capacidad destructiva en cascos urbanos y ejes viales estratégicos. También se incrementó el empleo de volquetas lanzadearmas, rampas artesanales para cilindros y explosivos dirigidos, mecanismos que permiten saturar posiciones fijas sin exponer combatientes. La destrucción de infraestructura, incluidos puentes como el de Patía o carreteras en El Tambo y Tunía, se ha convertido en táctica para aislar territorios, dificultar operaciones estatales y presionar a comunidades. Estos métodos, sumados a secuestros y retenciones como el ocurrido en Argelia, consolidan un repertorio híbrido cada vez más complejo y adaptado.
Geográficamente, el conflicto se distribuye siguiendo lógicas territoriales históricas, pero con nuevas expansiones. El norte del Cauca (incluyendo Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Mondomo y Buenos Aires) continúa bajo fuerte influencia del EMC, especialmente de las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que operan mediante drones, cilindros y ataques urbanos reiterados, aprovechando la conexión hacia Jamundí y el Valle. El sur, encabezado por Patía, Balboa y Mercaderes, es el escenario dominante de la estructura Carlos Patiño, que combina carros bomba, emboscadas a patrullas y ataques a movilidad militar en un corredor clave hacia Nariño y Putumayo. El oriente, especialmente Inzá, Totoró y Tierradentro, exhibe una guerra abierta entre EMC y ELN, con alto impacto civil, confinamientos y una disputa intensa por las rutas hacia el Huila. El Macizo Colombiano (La Vega, San Sebastián, Almaguer) se ha convertido en uno de los ejes más explosivos, con choques continuos, control de cultivos y tensiones por poder local. Argelia, por su parte, es el epicentro de una compleja disputa tripartita, mientras Popayán y sus alrededores experimentan ataques simbólicos que buscan proyectar la presencia y capacidad ofensiva de los grupos armados en entornos urbanos más densos.
La ofensiva militar de la operación Perseo 2.0 ha generado un reacomodamiento estratégico de los actores armados en el Cauca, evidenciando la configuración de corredores de movilidad y presencia diferenciada. En el suroccidente, municipios como Tambo, Patía y Cajibío se perfilan como corredores potenciales debido a la presión militar y la necesidad de asegurar rutas de abastecimiento y repliegue. En el oriente, Inzá aparece como un punto de tránsito estratégico con posible proyección hacia el Huila, lo que amplía las rutas de dispersión y continuidad de las operaciones. Finalmente, en el norte del Cauca, la prolongada presencia en Suárez, Santander de Quilichao y Jambaló confirma un escenario de consolidación territorial, donde la persistencia de los grupos armados refleja tanto capacidad de resistencia como interés en mantener control sobre zonas estratégicas de movilidad, economía ilícita y presión social.
La evolución temporal de la violencia entre enero y noviembre muestra un claro escalamiento. Los primeros meses estuvieron marcados por disputas territoriales entre grupos y los primeros ataques con drones; hacia marzo se intensificaron los explosivos en entornos urbanos y hostigamientos masivos a estaciones; entre abril y mayo aparecieron los métodos de impacto cualitativo, drones combinados con carros bomba y volquetas lanzadoras, para agosto y septiembre los drones se consolidaron como arma permanente del EMC, y el último trimestre del año mostró un pico de violencia con ataques casi semanales, combates prolongados en Suárez, Totoró y El Tambo, y un incremento de afectación civil. Esta progresión evidencia un conflicto no solo en expansión, sino también en transformación táctica rápida, donde la capacidad tecnológica improvisada redefine la dinámica militar.
La lectura estratégica de este panorama muestra que el EMC se encuentra en un proceso de profesionalización acelerada del uso de drones, pasando de ataques aislados a operaciones coordinadas, simultáneas y dirigidas a infraestructura estatal en múltiples municipios. El ELN mantiene una postura más defensiva y concentrada en zonas montañosas, centrada en asegurar retaguardias y corredores esenciales más que en disputar entornos urbanos. Las principales tensiones emergen en territorios donde confluyen economías ilícitas (cultivos, laboratorios, minería irregular) y rutas de movilidad, especialmente en Argelia, Inzá, Tierradentro y el Macizo, donde se correlaciona la presencia de estos mercados con la intensidad de los combates. La fuerza pública, mientras tanto, enfrenta una desventaja estructural al defender principalmente estaciones fijas con movilidad limitada, lo que la convierte en blanco prioritario de drones y cilindros. En este escenario, la afectación civil es el eje central del problema: confinamientos, desplazamientos, daños en zonas pobladas, interrupción de vías y ataques indiscriminados generan una crisis humanitaria creciente y una progresiva urbanización del conflicto.
Finalmente, el Cauca en 2025 se configura como un espacio sometido a una guerra tecnificada y en expansión, caracterizada por la competencia entre el EMC, ELN y las Fuerzas Militares, lo que ha llevado a un incremento tecnológico evidenciado en el uso de drones explosivos; la consolidación de presencia en subregiones como el norte, centro y macizo caucano, las cuales han agudizado la crisis humanitaria. Este escenario evidencia la relación directa entre economías ilícitas, control territorial, innovación táctica, afectación civil y la limitada capacidad estatal para retomar el control, configurando un conflicto que evoluciona con rapidez y que plantea desafíos cada vez más complejos para la seguridad regional.
¿Es posible que en el Cauca se pueda hablar de una guerra hidrída?
La guerra híbrida es un tipo de conflicto que combina de manera simultánea métodos convencionales, irregulares y no militares con el fin de alcanzar objetivos estratégicos, políticos o militares. El concepto surge a inicios del siglo XXI para explicar la creciente sofisticación de actores no estatales en escenarios como Chechenia y Líbano, y se consolida con los trabajos de Mattis y Hoffman (2005). Su esencia radica en la fusión de tácticas militares tradicionales con operaciones asimétricas, acciones psicológicas, desinformación, ciberataques, coerción política, sabotaje y manipulación social, generando un entorno donde la frontera entre guerra y paz se vuelve difusa y la atribución de responsabilidades resulta difícil. En este marco, el campo de batalla se expande hacia las ciudades, las instituciones, los sistemas de información y las economías ilícitas (Franco, 2023).
Más que un paradigma completamente nuevo, la guerra híbrida describe la convergencia contemporánea de múltiples formas de confrontación, lo que permite a actores estatales y no estatales operar por debajo del umbral formal del conflicto armado, desgastar a adversarios superiores y alterar el orden político sin recurrir a una guerra abierta. Su eficacia depende de la capacidad de adaptación, la simultaneidad de frentes de presión y la explotación de vulnerabilidades institucionales, informativas y sociales. Esto plantea un desafío central para los Estados, que deben responder con estrategias coordinadas y multidimensionales para enfrentar amenazas que mezclan lo militar, lo criminal y lo informacional (Franco, 2023).
En perspectiva, el panorama descrito revela una profundización de dinámicas propias de la guerra híbrida, en la que los actores armados combinan acciones militares convencionales con tácticas irregulares, operaciones psicológicas, desinformación, control territorial y mecanismos de presión social. La creciente incorporación de dispositivos aéreos de reconocimiento y ataque, plataformas móviles convertidas en sistemas de lanzamiento artesanal y el uso sistemático de cargas explosivas de activación remota evidencia una aceleración tecnológica que reduce costos, amplía el alcance operativo y refuerza la capacidad coercitiva de estos grupos.
Estas herramientas, de fácil adquisición y adaptación, permiten operar con mayor precisión, explorar rutas antes inaccesibles y proyectar fuerza a distancia sin exponerse directamente, consolidando una ventaja táctica frente a la presencia estatal. Al mismo tiempo, la población civil queda atrapada en un entorno donde la disputa por corredores estratégicos, la supervisión constante de la movilidad y la instrumentalización de la economía local conforman un entramado que mezcla confrontación armada, presión comunitaria y competencia por legitimidad. En este escenario, la guerra híbrida no solo redefine las modalidades de ataque, sino que altera la gobernanza cotidiana en los territorios, deteriorando la institucionalidad y favoreciendo la consolidación de órdenes armados paralelos.
De este panorama se desprenden dos escenarios centrales. En el primero, los actores ilegales continúan perfeccionando el empleo de tecnologías de bajo costo como drones adaptados para reconocimiento y ataque, sumado al uso de vehículos modificados como plataformas de lanzamiento, lo que expande su alcance ofensivo y obliga al Estado a reaccionar de forma fragmentada y predominantemente militar, sin lograr una recuperación sostenida del control territorial. En el segundo, el Estado implementa una estrategia integral que articula inteligencia tecnológica, control del espacio aéreo de baja altura, intervención social y acuerdos comunitarios de seguridad, lo que reduce la efectividad de los dispositivos híbridos y limita las capacidades de coerción de los grupos armados. Ambos escenarios dependen de la manera en que el Estado y las comunidades locales respondan a la adaptación continua de los actores armados, cuya evolución tecnológica seguirá siendo un factor decisivo en la configuración de la seguridad regional.
En conjunto, el panorama y su proyección muestran la posibilidad de hablar de guerra hibrida en territorios como el Cauca y Colombia, puesto que, no es solo una transformación táctica reciente, sino la mutación de estrategias que, aunque no son nuevas, han adquirido formas más flexibles, tecnificadas y difíciles de anticipar. El empleo de dispositivos no convencionales y tecnologías de fácil acceso, incluyendo artefactos improvisados, sistemas adaptados para ataque y equipos modificados para vigilancia o daño, no constituye una ruptura con el pasado, sino una evolución de prácticas ya conocidas que hoy se combinan con modalidades de control social, presión política y disputa territorial mucho más complejas. Frente a ello, el Estado enfrenta el desafío de responder a un conflicto que desborda los marcos tradicionales de seguridad y exige no solo superioridad operativa, sino la capacidad de investigar e indagar a fondo cómo estas estrategias híbridas se articulan y se transforman en el tiempo. Solo mediante un enfoque integral que combine inteligencia, presencia institucional sostenida y fortalecimiento comunitario será posible reducir la brecha entre la adaptabilidad de los grupos armados y la respuesta estatal, abriendo así la posibilidad de restablecer condiciones mínimas de estabilidad y protección para la población civil.
Referencias.
Franco Sánchez, J. D. (2023). Guerra híbrida: críticas y retos del conflicto moderno. Estado, Paz y Sistema Internacional, 2(4), 197-204. https://doi.org/10.25062/2981-3034.4751
Gutiérrez Sanín, F. (2025). ¿Qué sabemos sobre el tercer ciclo de violencia en Colombia? (Policy Brief 4-2025). Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAz.
