Amenazas, memoria y democracia, el riesgo de pensar diferente en Norte de Santander

Entre los dirigentes que denunciaron haber recibido estos mensajes se encuentran Martín Carabalí (senador electo), Jaime Gómez (candidato a la Cámara), Liliana Barragán (candidata a la Cámara), Laura Amaya (candidata a la Cámara), Luis Alberto García (candidato a la Cámara), Andrés Obando (candidato a la Cámara), Rafael Romero (presidente de la Unión Patriótica y copresidente del Pacto Histórico) y Manuel Hernández (gerente de campaña). Sus testimonios permiten dimensionar el impacto que este tipo de amenazas tiene en la vida política local. No se trata únicamente de la seguridad personal de algunos líderes; lo que está en juego es el ambiente democrático en el que se desarrolla la participación política en la región.

Para comprender la gravedad de estos hechos, es necesario situarlos dentro del contexto político e histórico de Norte de Santander. El departamento se ha caracterizado históricamente por una fuerte tradición política conservadora, marcada por una cultura política donde las posiciones ideológicas suelen estar profundamente polarizadas. En ese escenario, las corrientes alternativas o de izquierda enfrentan históricamente mayores niveles de estigmatización, muchas veces asociadas en el imaginario político con la insurgencia armada.

Ese tipo de asociación no es nueva en la historia del país. Durante décadas, el discurso del “enemigo interno” se utilizó para justificar la persecución contra sectores políticos que eran percibidos como cercanos a la izquierda o críticos del establecimiento. Bajo esa lógica, la diferencia ideológica dejó de ser un elemento natural de la democracia para convertirse en una supuesta amenaza a la seguridad nacional.

El informe “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” (CNMH, 2018) documenta cómo “la UP fue víctima de una violencia sistemática y generalizada, cuyo objetivo fue la desaparición del grupo político. Fue sistemática porque los actos de violencia en su contra se sucedían uno tras otro (…) dirigidos en específico contra sus militantes debido a su identidad política”.

Este panorama refleja que la violencia contra la Unión Patriótica no fue el resultado de hechos aislados, sino la expresión de un contexto político y social en el que la estigmatización, el miedo y la criminalización de la oposición se convirtieron en herramientas para limitar la participación democrática. La construcción del “enemigo interno” no solo justificó la persecución, sino que también generó condiciones de permisividad e impunidad que facilitaron la sistematicidad de los crímenes, impactando profundamente a comunidades enteras, liderazgos sociales y procesos políticos alternativos. Es en este marco donde se inscriben los casos documentados a nivel nacional y territorial, que evidencian la magnitud del exterminio político y sus consecuencias para la democracia colombiana.

El caso más dramático de esa dinámica fue el exterminio de la Unión Patriótica (UP), un proceso sistemático de violencia que dejó miles de militantes asesinados entre los años ochenta y noventa. Concejales, alcaldes, líderes sociales y hasta candidatos presidenciales fueron víctimas de una campaña de exterminio que buscaba eliminar a un movimiento político completo.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el macro caso relacionado con la Unión Patriótica (UP) se tiene registro de al menos 8.300 víctimas de persecución, atentados, hostigamientos, desapariciones forzadas y otros hechos de violencia. De estos, por lo menos 5.733 corresponden a asesinatos y desapariciones forzadas contra militantes y simpatizantes del movimiento político. La cifra incluye 4.171 homicidios de militantes, 445 de no militantes, así como 1.024 desapariciones forzadas de militantes y 93 de personas no vinculadas directamente con la organización.

Entre los casos más significativos en Norte de Santander se encuentra el asesinato de Tirso Vélez, ocurrido el 4 de junio de 2003, perpetrado por sicarios del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Vélez había sido alcalde de Tibú en 1992 por la Unión Patriótica y, al momento de su asesinato, era candidato a la Gobernación del departamento por el partido Polo Democrático.

Asimismo, el 26 de enero de 1987, fueron asesinados Ramón Aníbal Díaz Carvajal, primer presidente de la Unión Patriótica en Norte de Santander; su esposa, Elia Cecilia Castro Parada, quien se desempeñaba como personera de Convención; y Alirio Alfonso Vera, dirigente conservador aliado. En 2014, la Fiscalía General de la Nación declaró estos hechos como delitos de lesa humanidad, al concluir que existió una alianza entre sectores políticos tradicionales, agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares.

Estos hechos hacen parte del exterminio político contra la Unión Patriótica, conocido como el “Golpe de Gracia” y el “Baile Rojo”, que dejó como saldo el asesinato de dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 3.500 militantes, en uno de los episodios más graves de violencia política en la historia reciente del país.

Cuando hoy un grupo armado ilegal envía un mensaje en el que califica a dirigentes políticos como “guerrilleros” y amenaza con “ir por sus cabezas”, se revive inevitablemente ese pasado. La estigmatización ideológica sigue siendo una herramienta poderosa para legitimar la violencia política. Convertir al adversario político en un enemigo armado permite justificar su eliminación física. Ese mecanismo no solo busca intimidar a quienes reciben la amenaza, sino también instalar en la opinión pública la idea de que ciertas corrientes políticas no son actores legítimos de la democracia, sino peligros que deben ser neutralizados. De esta manera, la violencia deja de presentarse como un crimen y comienza a justificarse como una supuesta forma de “defensa” del orden político o social, reproduciendo un patrón histórico que ha costado miles de vidas en Colombia.

En el caso de Norte de Santander, esta lógica adquiere un significado especial. El departamento es escenario de múltiples conflictos armados superpuestos: presencia guerrillera, expansión paramilitar, economías ilegales y disputas territoriales entre diferentes grupos armados. En ese contexto, la política y la seguridad se encuentran estrechamente entrelazadas. La región del Catatumbo, por ejemplo, es una de las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Allí han operado durante años diferentes organizaciones armadas que ejercen control territorial e influyen en la vida cotidiana de las comunidades. En territorios donde el poder de los actores armados es fuerte, la participación política suele desarrollarse bajo condiciones de presión o intimidación.

Este fenómeno tiene, además, consecuencias profundas para la calidad de la democracia. Cuando la política se desarrolla bajo condiciones de miedo, muchas personas optan por retirarse del debate público. Líderes comunitarios dejan de participar, organizaciones sociales reducen su actividad y ciudadanos comunes prefieren guardar silencio para evitar riesgos. De esta manera, el espacio democrático se va reduciendo progresivamente, quedando limitado solo a quienes cuentan con mayores niveles de protección o a quienes no representan una amenaza para los poderes establecidos. El resultado es una democracia debilitada, donde la pluralidad de voces se ve reemplazada por el silencio y donde la participación política deja de ser un derecho plenamente ejercido para convertirse en un acto que implica riesgos personales y colectivos.

En regiones con antecedentes de violencia política, este fenómeno puede ser especialmente grave. La memoria colectiva de episodios como el exterminio de la Unión Patriótica sigue presente en muchas comunidades. Por eso, cuando aparecen amenazas que utilizan un lenguaje similar al de aquella época, el efecto psicológico es inmediato. El miedo no necesita materializarse para ser efectivo. A veces basta con la amenaza para condicionar el comportamiento político de las personas.

Frente a este panorama, la pregunta sobre las garantías democráticas en Norte de Santander se vuelve inevitable. ¿Puede hablarse de un ejercicio democrático pleno cuando dirigentes políticos reciben amenazas de muerte por su militancia?

Desde el punto de vista institucional, el país cuenta con mecanismos de protección, investigaciones judiciales y políticas públicas destinadas a proteger a líderes sociales y políticos. Sin embargo, la experiencia en muchos territorios demuestra que la existencia de esas herramientas no siempre se traduce en garantías reales. Las amenazas contra dirigentes del Pacto Histórico evidencian precisamente esa brecha entre la formalidad institucional y la realidad territorial. Ese desequilibrio afecta el principio fundamental de igualdad política. La democracia solo puede funcionar plenamente cuando todas las corrientes ideológicas compiten en condiciones similares de seguridad y libertad.

Cuando un actor armado intenta decidir quién puede o no participar en política mediante amenazas de muerte, está atacando directamente ese principio. Por eso, lo ocurrido en Norte de Santander no es un hecho menor ni un episodio aislado. Es una señal de alerta sobre las tensiones que aún existen entre violencia y política en ciertas regiones del país.

Las denuncias realizadas ponen sobre la mesa una discusión incómoda pero necesaria: ¿La democracia colombiana ha logrado realmente superar los ciclos de violencia política que marcaron su historia reciente? La respuesta, al menos en este caso, parece ser ambigua. Porque mientras existan mensajes que amenacen con “cabezas muertas” a quienes participan en política, la democracia seguirá enfrentando un desafío fundamental: garantizar que pensar diferente no sea una sentencia de riesgo. Y en Norte de Santander, a la luz de estos hechos, esa garantía todavía está lejos de ser plena.