Alias Antonio García, comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presentó al Gobierno, a los partidos políticos y a los movimientos y organizaciones sociales una propuesta el 12 de enero de 2026, titulada «Por un acuerdo nacional». La idea plasmada allí sería avanzar este año en la construcción de un gran pacto colectivo que permita superar la «crisis estructural» en la que se encuentra el país desde hace varias décadas.
La propuesta que García realizó en el editorial de la revista Insurrección ELN Voces se estructura en cuatro pilares. Uno democrático, orientado a la construcción plural y participativa de toda la ciudadanía; otro de soberanía, con el que se invita al poder popular a convertirse en el actor protagónico; y, finalmente, otros dos pilares, de equidad y justicia social, con los que se buscaría el desarrollo de los territorios, en especial de los lugares más abandonados por el Estado.
De esta propuesta, lo primero que hay que decir es que no es en absoluto novedosa. Los temas planteados allí coinciden plenamente con los contenidos del Acuerdo de México, firmado en marzo de 2023 entre las delegaciones del Gobierno nacional y del ELN, en el marco de los diálogos de paz. Además, hacen parte de los asuntos convenidos con esta guerrilla desde hace casi una década, en la agenda de negociación establecida durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
También es justo decir que la propuesta llega al inicio de un año electoral: enero de 2026, el mes en el que comienza la recta final para elegir a los miembros tanto del Congreso —Senado y Cámara— como de la Presidencia de la República. Y, como es costumbre, el ELN aprovecha estos momentos coyunturales para aparecer y realizar propuestas que generen debate en el campo político, casi siempre asociadas a la realización de reformas económicas, políticas o sociales, o a proponer ceses al fuego y el respeto por los procesos electorales.
Eso sí, en esta ocasión la novedad se encuentra en el especial momento coyuntural que vive el país y la región latinoamericana, con la nueva política de seguridad del gobierno de Donald Trump. Ocho días antes de aparecer el comunicado eleno, el mundo se enteró de la incursión del Ejército norteamericano en territorio venezolano, con la consecuente captura del presidente Nicolás Maduro y el inicio de su judicialización.
Y dado que el ELN es una guerrilla binacional —con presencia en Colombia y Venezuela— y, además, es considerado un actor terrorista por el gobierno de Estados Unidos —el cual debe ser perseguido y atacado en cualquier parte del mundo—, esta situación provocó un movimiento estratégico en la guerrilla. Lo que hizo el ELN fue cruzar la frontera de Venezuela hacia Colombia y proponer un Acuerdo Nacional como una manera de visibilizarse como actor político en el conflicto armado colombiano y restarle fuerza al señalamiento de grupo terrorista.
Incluso le propuso a Iván Mordisco, quien comanda las disidencias de las Farc-EP, que, en caso de una agresión externa por parte del Ejército estadounidense, se asociara con él para hacer frente a esta situación de intervencionismo militar. Y dado que la respuesta fue positiva por parte de la disidencia, el ELN se comprometió a defender la soberanía del país y de la región.
Así, las disidencias de las Farc-EP se convirtió en el único actor en Colombia que escuchó y atendió la propuesta del ELN, pero no la de realizar un Acuerdo Nacional, sino la de trabajar en cooperación frente a una posible agresión externa. Nadie en el país —ni el Gobierno, ni los partidos políticos, ni las organizaciones sociales y comunitarias— atendió el llamado de avanzar en 2026 en la construcción de un Acuerdo Nacional.
Todos coincidieron en evaluar esta propuesta como un acto oportunista del ELN, carente de cualquier sustento real de transformación y ejecución. Es decir, un movimiento táctico-político con el que el ELN quiere aparecer en escena, pero sin una ruta clara de paz y carente de cualquier compromiso serio y concreto para poner fin a un conflicto armado que cumplió el año pasado seis décadas.
Para el Estado y la ciudadanía, el ELN se ha convertido en un actor armado violento y sin interés en construir paz. Una guerrilla a la que se le abrieron las puertas de la paz durante el gobierno de Gustavo Petro, pero que, apenas iniciado el proceso, las cerró. Además, retomó con fuerza y sevicia el sendero de la violencia y está creando caos y destrucción en todos los lugares donde hace presencia.
Una guerrilla que repite, una y otra vez, la misma propuesta de avanzar en un Acuerdo Nacional; pero que, cuando se le pone cuidado —como pasó entre agosto de 2023 y julio de 2024, periodo en el que participaron más de ocho mil personas, agrupadas en más de 80 organizaciones, y en el que se lograron construir mecanismos de participación y presentar propuestas de transformación—, lo que hace es desconocer los esfuerzos ciudadanos y paralizar todo el proceso.
En este sentido, tanto el Gobierno como las organizaciones sociales y comunitarias se sienten traicionados por el ELN. Así las cosas, la única respuesta que podía esperar esta guerrilla frente a avanzar en un Acuerdo Nacional era la indiferencia y el desconocimiento de la invitación. Es decir, ante un mensaje poco serio, los receptores se comportaron —como ocurre con los mensajes electrónicos en las redes sociales— dejándolo en visto.
Con este silencio, el Gobierno y la ciudadanía le dejan claro al ELN el proceso de pérdida de legitimidad y apoyo ciudadano en el que se encuentra. Le envían el mensaje de que no vuelva a cometer el mismo error de explorar los caminos de la negociación, involucrar a la sociedad y luego dejarla con la esperanza devastada. Finalmente, le señalan que piense en el costo de sus acciones para la democracia, pues han provocado que, en un momento electoral como este, se esté desaprovechando la participación e incidencia ciudadana para hacer propuestas y diseñar programas para los futuros legisladores y dirigentes del Estado.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
