El gobierno declaró la emergencia económica para frenar el encarecimiento de la deuda y asegurar recursos que le permitan cumplir obligaciones clave del Estado. Hay que recordar que esta medida se había tomado después de que se cayera la ley de financiamiento. Según la cartera de hacienda, “no busca recaudar por recaudar, sino garantizar recursos urgentes para cumplir compromisos ligados a derechos fundamentales, subsidios, sentencias judiciales y la reparación de víctimas, obligaciones que, según el Gobierno, no pueden aplazarse”.
Pero este 29 de enero el presidente recibió la peor noticia suspender provisionalmente el decreto hasta que tome una determinación de fondo al respecto. Petro rechazó el reaccionar de la corte y advirtió sobre las consecuencias que se presentarían para el país. Le echó la culpa a la protección histórica que se ha tenido sobre los que más plata tienen. En su cuenta de X el mandatario dijo lo siguiente: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo”.
La situación es tan grave que el ministro del interior Armando Benedetti fue enfático: ahora no hay plata para pagar la deuda. La narrativa del gobierno volvió a apuntar contra los más ricos: “Entonces, ¿qué sucede? Al acabar la emergencia social, la Corte Constitucional hoy está protegiendo a los más ricos, a los que tienen, entre 3.000 y 104.000 millones de pesos. No hay derecho a que esto haya pasado”.
El gobierno había anunciado que de no recoger el dinero no se podrían cumplir con algunos derechos esenciales “y la prestación de unos servicios públicos esenciales, debido a una situación fiscal que adquirió el carácter de grave, por la ocurrencia de varios hechos económicos sobrevinientes y concurrentes que afectan de manera extraordinaria la situación actual de las finanzas de la nación”.
Pero, para algunos políticos y gremios no es necesario declarar la emergencia económica. La Corte votó de la siguiente forma: seis magistrados votaron a favor y dos al contra. Hay que recordar que fue el magistrado Carlos Camargo y fue su ponencia la que fue vital para reversar esta necesidad que tenía el gobierno. Argumentó que el decreto no cumplía con los requisitos de “hechos sobrevinientes” e imprevistos, señalando una posible extralimitación de funciones del Ejecutivo.
Ahora, la pregunta que ronda es la siguiente, ¿Qué sucederá?
