El segundo informe de violencia político-electoral de 2025 reitera la continuidad del uso de este tipo de violencia, como mecanismo de competencia electoral. Entre el 8 de marzo y el 8 de agosto de este año, periodo correspondiente a los primeros cinco meses del calendario electoral, se registraron 93 víctimas únicas en 69 hechos de violencia, lo que significa que, en promedio, cada dos días una persona es afectada por este fenómeno. La mayoría de los casos correspondieron a amenazas (42), seguidas por atentados (20), homicidios (6) y un secuestro.
En lo corrido del calendario electoral se han presentado 6 asesinatos, hechos que alarman con gran preponderancia; particularmente, en el lapso de este segundo informe (junio 8 de 2025 a agosto 8 de 2025), se registraron 2 de los 6 homicidios, los cuales corresponden a Juan Camilo Espinosa Vanegas, concejal del partido AICO en Antioquia, y la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras un atentado ocurrido en junio. Durante este periodo también se registraron atentados contra alcaldes en Casanare y Valle del Cauca, concejales en Huila y Norte de Santander, periodistas en Córdoba y Guaviare, así como un gobernador indígena en Tolima.
La violencia se encuentra distribuida en 27 de los 32 departamentos del país, además de Bogotá, con especial concentración en Cauca, Valle del Cauca, Huila, Nariño y Risaralda. Cauca sigue siendo uno de los territorios más críticos, con múltiples atentados, un homicidio y el secuestro de nueve funcionarios de la Gobernación. En conjunto, los departamentos de Cauca, Huila, Córdoba y Nariño concentran cerca del 48% de las víctimas.
En cuanto a los perfiles más afectados, los concejales son el grupo más victimizado, con 40 casos que representan el 43% del total, seguidos por alcaldes (16 casos) y funcionarios públicos (12 casos). A lo largo del calendario electoral algunos líderes han sido objeto de ataques reiterados, como el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez; el excongresista Jaime Felipe Lozada; y la representante Lina María Garrido, quienes han recibido amenazas en más de una ocasión.
En términos de filiación política, 73 víctimas pertenecían a partidos o movimientos. Los más afectados son la Alianza Social Independiente (9 casos), el Partido Liberal (8), la Alianza Verde (7), el MAIS y AICO (5 cada uno), el Centro Democrático (5) y el Partido Conservador (5). No obstante, en el 74% de los hechos no se ha identificado a los responsables, aunque las disidencias de las FARC aparecen como presuntos autores en 11 casos, seguidas por el Clan del Golfo en un hecho y otros grupos en seis.
Por último, desde Pares, se enfatiza en la necesidad de evitar la instrumentalización de estos hechos violentos con fines políticos, pues ello alimenta narrativas de odio y polarización que debilitan la democracia. Además, resaltamos la urgencia de proteger a los actores más vulnerables, garantizar investigaciones efectivas y asumir la competencia electoral dentro de los marcos institucionales, reconociendo al adversario político como legítimo.
