El 6 de abril de 2025, el municipio de Apartadó (Antioquia) vivió unas elecciones atípicas, debido al fallo emitido por la sección Quinta del Consejo de Estado que determinó la inhabilidad por doble militancia en contra de Héctor Rangel, quien había sido elegido alcalde de dicho municipio en 2023. Pese a ello, para dichas elecciones atípicas, Rangel nuevamente se presentó como candidato, obteniendo la más alta votación; sin embargo, los sufragios a su favor fueron anulados a raíz del precedente del Consejo de Estado. En consecuencia, Adolfo Romero, segundo en el número de votos, fue declarado nuevo alcalde; no obstante, la administración de Romero se teje en medio de clanes políticos, viejos aliados con presuntos nexos paramilitares y estructuras clientelistas que han marcado la historia de la región.
La carrera política de Romero empezó en 2003 con el aval del partido Alas Equipo Colombia, salpicado en 2006 por parapolítica. En 2014, Romero fue capturado por presuntos nexos con el proyecto “Urabá Grande, Unida y en Paz”, promovido por el Bloque Élmer Cárdenas de las AUC bajo el mando de alias “El Alemán”.
Uno de los principales padrinos políticos de Romero es Jairo Banquet, periodista y exconcejal, condenado en 2016 por concierto para delinquir agravado debido a sus vínculos con las AUC. Hoy, pese a su condena, Banquet sigue moviendo los hilos en la región: dirige medios de comunicación que apoyaron abiertamente la campaña de Romero, quien tras ser elegido nombró a Yamid Alberto Banquet Galarcio -hijo de Banquetcomo secretario de Planeación.
En su círculo cercano también resaltan otros nombres cuestionados, como Felipe Cañizales, exalcalde de Apartadó (2020-2023), capturado en 2024 por presunto detrimento patrimonial en la venta irregular de un predio público. Así mismo, ha estado vinculado con Gladys Bedoya, exgerente de Control Interno de Apartadó capturada en 2010 por supuestos vínculos con las AUC.
La candidatura de Romero tuvo el respaldo del clan político de Julián Bedoya, exsenador cuestionado y sancionado por la Procuraduría, y líder de “Renovación Liberal”. Si bien es cierto que en 2023 Bedoya acompañó eventos políticos de Rangel, en 2025 apoyó de manera explícita a Romero.
Durante la administración de Cañizales, aliado de Romero, se adjudicó en 2021 un contrato de más de 26 mil millones de pesos para fortalecer el sector agrícola. El convenio fue entregado a ASOMURA y a su vez, la entidad subcontrató el 100% de las obligaciones con el Consorcio CA.LI.MA.
La Contraloría detectó un detrimento patrimonial de 2.756 millones de pesos y alertó sobre pagos de mano de obra que nunca se habrían ejecutado. Entre las empresas beneficiadas aparece CATVERDE, cuyo representante fue capturado en 2024 por corrupción y falsificación de documentos.
La llegada de Adolfo Romero revive vínculos cuestionables del pasado en el Urabá antioqueño: la parapolítica, la corrupción y el clientelismo. Más que una elección democrática, el resultado refleja el peso de clanes y estructuras cuestionadas que continúan capturando el poder local.
