¡Qué se haga justicia!

Muy certero el llamado de María Claudia Tarazona, esposa del asesinado precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay ¡Qué se haga justicia! Dijo, al llegar al Capitolio Nacional, este lunes, donde el cadáver de Uribe Turbay reposaría en Cámara Ardiente durante dos días.

Está muy bien que en este momento dramático se intensifiquen los llamados a la serenidad, a tranquilizar los ánimos, a evitar los mensajes de odio, a buscar un pacto de no agresión entre los partidos y los líderes políticos que compiten en esta campaña por el congreso y por la presidencia. Si esto, que no creo, permite aliviar un poco la polarización, le viene muy bien a la tormentosa campaña de 2026.

Pero descubrir a los determinadores de este asesinato sería el punto de inflexión de esta larga historia de atentados contra figuras claves de la política nacional. Estoy seguro de que, si la Fiscalía logra desentrañar las motivaciones de este crimen y descubre, sin margen de duda, quienes lo ordenaron, el panorama de la violencia política cambiaría de manera radical.

El atentado a Uribe Turbay es un coletazo de las viejas violencias. Si desnudamos quien o quienes están detrás, prevenimos otros golpes y damos otro paso adelante en la superación de la violencia política. De eso no quepa la menor duda. Si la justicia se equivoca en esta oportunidad seguirán estos coletazos que traen del pasado los fantasmas de una violencia que inundó de sangre la competencia política.

Un atentado de este tipo siempre tiene atrás una grave y poderosa motivación. Ninguna persona o grupo se va a poner a organizar una compleja y oscura operación invirtiendo cuantiosas sumas de dinero, tejiendo una sofisticada estructura con experimentados delincuentes, corriendo los más temerarios riesgos, si no tiene potentes intereses económicos y políticos.

Pablo Escobar y las mafias de los años ochenta y noventa se metieron en una gran empresa criminal para acabar con la extradición y proteger los más jugosos negocios ilegales, en ese camino mataron a diestra y siniestra y perpetraron magnicidios, se aliaron con jefes políticos tradicionales, corrompieron a importantes operadores de justicia; los paramilitares le agregaron a esta misión el propósito de acabar con la izquierda y conquistar el poder local e influir decisivamente en el poder nacional; por otro lado, las guerrillas, en su estrategia de tomarse el poder y realizar una revolución, incurrieron en graves atentados personales, acudieron al secuestro y golpearon a civiles a lo largo y ancho del país.

No hay que ser un gran gurú para saber que algo muy importante hay detrás del asesinato de Miguel Uribe Turbay. Quizás no de los alcances del pasado, pero nunca un producto de la irritación que produce la polarización y su lenguaje, o un hecho casual o una acción de retaliación, estas cosas, de ninguna manera, son los motivos, de este crimen tan minuciosamente planeado. La misión de la fiscal Luz Adriana Camargo es ir al fondo de los hechos. Me da la impresión de que está a la altura de este gran reto.

Según veo, no tiene una aspiración política a la vista, factor que en otras oportunidades ha contaminado la majestad de la fiscalía; tiene  la suerte de tener en sus manos a seis delincuentes que muy probablemente participaron en la ejecución del atentado; mantiene abiertas todas las líneas de investigación y, según sus propias declaraciones, no descarta hipótesis o no dirige sus pasos hacia un solo lado; y, hasta el momento, tiene controlados los investigadores evitando que se filtren informaciones claves que se convierten en pasto fresco de los especuladores y también de los determinadores del crimen.

Tendrá, eso sí, que soportar presiones y tomarse su tiempo. No decline señora fiscal, vaya a su ritmo, valore a cada uno de los implicados, mírelo a la pepita de los ojos, no se deje engañar.  Los capturados, empezando por José Arteaga Hernández, alias el costeño, delincuentes comunes que llevan en su prontuario extorsiones, porte de drogas, robo, delitos de bajo coturno, temerosos de la reacción de quienes los contrataron, no soltarán prenda en las primeras de cambio o intentarán confundir a la Fiscalía y desviar la investigación.

Mantener a estos delincuentes lejos de los determinadores del crimen no será fácil. En Colombia se cuentan por centenas los autores materiales o los testigos de grandes crímenes, asesinados a manos de sus jefes o de sus perjudicados.

Señora fiscal no se asuste si los determinadores detentan un gran poder político o económico o son reyes en la ilegalidad. La señora jueza Sandra Heredia ha dado una gran lección.

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León Valencia Director

Director de la Fundación Pares, un centro de pensamiento especializado en investigaciones sobre los conflictos sociales y políticos colombianos. Ha sido columnista de la revista Semana y los diarios El Tiempo y El Colombiano. Dirigió la investigación académica sobre la parapolítica que condujo a uno de los mayores escándalos judiciales del país. Ha escrito diversos libros sobre la realidad nacional, entre los cuales están: «La parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos; «Adiós a la política, bienvenida la guerra»; «Mis años de guerra»; «Con el pucho de la vida»; El regreso del uribismo; «Los clanes políticos que mandan en Colombia» y su más reciente novela «La sombra del presidente». Recibió el Premio Simón Bolívar de periodismo en 2008 en la modalidad “Mejor columna de opinión”.