¿Qué cambia para una familia cuando una línea de alta tensión pasa cerca de su casa? En La Guajira, la pregunta cobra fuerza tras el anuncio el 9 de noviembre de la energización de los dos circuitos del tramo Cuestecitas–La Loma del proyecto Colectora. La obra amplía la capacidad del sistema eléctrico colombiano para incorporar generación renovable del departamento, mientras que en las comunidades rurales el alcance de la transición se juega en algo cotidiano: poder encender la luz y contar con ella cuando se necesita.
Según afirmó Fredy Zuleta, gerente general de Enlaza, el tramo abarca 248 kilómetros, cuenta con 511 torres y opera a 500 kilovoltios (kV). Estas cifras dan una idea de la escala de una infraestructura diseñada para transportar electricidad entre subestaciones, mientras que el suministro a hogares y escuelas depende de redes de distribución o de soluciones locales donde extenderlas resulta difícil; en la Alta Guajira, donde las brechas de acceso son especialmente marcadas en las zonas rurales dispersas, una comunidad puede vivir cerca de un corredor de transmisión y seguir necesitando una solución propia para contar con electricidad.
El aporte de Colectora al sistema nacional merece examinarse junto con los avances en el acceso local. Saber cuántos hogares obtienen el servicio por primera vez, cuántas horas al día disponen de electricidad y cuánto tarda una reparación permite entender qué cambia para las familias. En comunidades dispersas, por ejemplo, una solución solar puede responder a necesidades concretas si se define con quienes la usarán y cuenta con recursos para el mantenimiento y la reposición de equipos, dos condiciones que inciden en la continuidad del servicio después de la instalación.
La discusión también pasa por la capacidad de las comunidades wayuu para incidir en las decisiones. En agosto, el Ministerio de Minas y Energía adoptó instrumentos de coordinación y seguimiento del Pacto por la Transición Energética Justa en La Guajira, que reúnen a autoridades tradicionales y ancestrales, entidades públicas y empresas en los espacios previstos por la resolución. Su alcance se verá en las prioridades comunitarias que se incorporen a los planes, en la claridad con que se asignen las responsabilidades y en la forma de resolver los desacuerdos que surjan durante la ejecución.
El seguimiento cobra importancia cuando coinciden varios proyectos en un mismo territorio. Una comunidad puede participar en conversaciones sobre parques de generación y líneas de transmisión con empresas, plazos y compromisos distintos, de modo que revisar cada proyecto por separado dificulta entender cómo se acumulan sus efectos y quién debe responder. Hacer accesibles los acuerdos, los plazos y los avances facilitaría el control social y permitiría a las autoridades locales tenerlos en cuenta al planificar la electrificación y el ordenamiento territorial.
La distribución de los beneficios depende, en parte, de cómo se articulen las responsabilidades. Los compromisos de las empresas y las funciones de las entidades públicas y los prestadores pueden confluir en decisiones concretas sobre dónde ampliar las redes, dónde instalar soluciones descentralizadas y quién se hará cargo de mantenerlas. Para una familia, esas decisiones se traducen en la posibilidad de conservar alimentos, estudiar después del anochecer o usar equipos para una actividad productiva sin que una interrupción del servicio obligue a suspenderla.
La energización de Cuestecitas–La Loma permite constatar un avance en la infraestructura que conectará la generación renovable de La Guajira con el sistema eléctrico colombiano. Conforme avance esa integración, habrá que seguir también lo que ocurre en las comunidades por cuyos territorios pasan las obras. ¿Cuántos hogares tendrán un servicio más confiable y cuánto podrán incidir las comunidades wayuu en las decisiones que determinarán cómo se distribuyen los beneficios de la transición?
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