Una de las decisiones jurídicas más importantes y polémicas que ha traído este gobierno es la de presentar al congreso un proyecto de estatuto antiterrorista que muchos han comparado con algo tan riesgoso para las libertades individuales como lo fue, a finales de los años setenta, el estatuto de seguridad del entonces presidente Julio César Turbay Ayala y en el que tantos civiles e inocentes pagaron por la represión despertada por las acciones creadas por grupos como el M-19.
En el informe de los Cien días de Abelardo de la Espriella que saldrá mañana 13 de noviembre se abordará este tema. El estatuto busca crear listas para poder delimitar y encontrar con mayor facilidad a los supuestos terroristas, pero esto podría generar algunos vacíos jurídicos.
En primera medida el articulado expone una serie de definiciones como “Terrorismo” y “Colaborador del terrorismo”, que son poco claras y difusas, propensas a múltiples interpretaciones. En este sentido, una acción ejercida por un civil en el marco de una manifestación puede ser entendida como una amenaza a la seguridad nacional (Bonilla, 2026). Así mismo, el articulado establece los aportes “intelectuales” a una organización terrorista como una causal para ser catalogado dentro del espectro de “Colaborador”, esto podría derivar eventualmente en una gran cantidad de personas incluidas dentro de la lista de colaboradores (Zárate, 2026), poniendo en riesgo a periodistas, organizaciones sociales, defensores de derechos humanos e incluso las mismas personas que hoy habitan en los territorios rurales o urbanos donde tienen presencia estos Grupos Armados Organizados o Grupos Delictivos, lo que adicionalmente podría generar un fenómeno de estigmatización.
La propuesta evidencia además una concentración peligrosa de facultades en el ejecutivo, al otorgarle la capacidad al presidente de la Republica y demás integrantes del Consejo de Seguridad Nacional de determinar administrativamente quien es considerado como terrorista o colaborador del terrorismo de forma discrecional, sin necesidad de un juicio penal, lo que evidencia una vulneración del sistema de contrapesos. En esta misma lógica la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto preliminar donde sostiene que, aunque el fin que persigue el proyecto es legítimo, algunas de sus disposiciones presentan choques constitucionales relacionadas con las facultades extraordinarias del presidente, las consecuencia penales y patrimoniales, la aprehensión de bienes y la proporcionalidad de los nuevos delitos. (Barrero, 2026)
En igual medida, las facultades proferidas al presidente y al Consejo de Seguridad para catalogar de forma discrecional a personas o colectivos en el Registro Nacional, viola el derecho constitucional a la presunción de inocencia y el debido proceso, puesto que una persona puede sufrir los impactos financieros y patrimoniales sin que previamente exista una condena penal o al menos un proceso judicial en firme que determine su responsabilidad en la comisión de un delito.
La discusión debe estar planteada. En el informe de los primeros cien días de gobierno del actual presidente se ahondará en este tema y se le dará su debido contexto para entenderlo en toda su dimensión.
