Pese a los esfuerzos realizados durante los últimos días del gobierno de Gustavo Petro, que a tan solo tres días de finalizar su mandato expidió la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, mediante la cual declaró el bioma amazónico colombiano como reserva definitiva de los recursos naturales renovables y del ambiente, el panorama actual genera nuevas preocupaciones sobre el futuro de su protección. Esta medida buscaba restringir el desarrollo de nuevas actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos en uno de los ecosistemas más importantes del país.
Sin embargo, hoy el escenario parece desafortunado y marcado por una profunda incertidumbre, tras el anuncio del actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, sobre la revocatoria de dicha resolución. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2026) Esta decisión elimina una restricción general frente a nuevas actividades extractivas y reabre el debate sobre la posibilidad de que los territorios amazónicos queden expuestos a proyectos de alto impacto ambiental, incluidos aquellos que podrían involucrar técnicas como el fracking.
La decisión, adoptada mediante la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026, se fundamentó en la ausencia de un proceso de consulta previa culminado con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras que podrían resultar afectadas. Si bien garantizar la participación de las comunidades constituye una obligación del Estado, esta situación también permite reflexionar sobre las dificultades históricas que enfrentan los territorios para participar efectivamente en las decisiones que afectan sus condiciones de vida. La protección ambiental no debería limitarse a la expedición de medidas institucionales, sino que debe construirse reconociendo las voces, experiencias y necesidades de quienes mantienen una relación directa con los ecosistemas (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2026).
A pesar de que la Amazonía continúa contando con diferentes instrumentos de protección, la revocatoria plantea preocupaciones sobre la capacidad del Estado para prevenir nuevas presiones extractivas. Dado que, una de las principales preocupaciones se relaciona con la posibilidad de que nuevas empresas busquen desarrollar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorios amazónicos. Aunque la revocatoria no significa que técnicas como el fracking queden automáticamente autorizadas, la eliminación de una restricción general frente a nuevas actividades extractivas obliga a examinar qué mecanismos permitirían evitar intervenciones incompatibles con la conservación ambiental.
Por consiguiente, esta discusión no debería centrarse únicamente en la viabilidad económica de los proyectos, sino también en las transformaciones que podrían generar sobre las dinámicas sociales, el acceso a los recursos naturales y las relaciones que las comunidades han construido históricamente con sus territorios.
Las posibles consecuencias del fracking adquieren especial relevancia en una región donde el agua constituye un elemento esencial para el funcionamiento de los ecosistemas y el sostenimiento de las comunidades. Esta técnica implica la utilización de agua y sustancias químicas para facilitar la extracción de hidrocarburos, lo que plantea riesgos asociados con la posible afectación de las fuentes hídricas. De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, existen circunstancias en las que las actividades relacionadas con el fracturamiento hidráulico pueden generar impactos sobre los recursos de agua para consumo humano. Aunque estos hallazgos no corresponden a daños ocasionados por fracking en la Amazonía colombiana, permiten dimensionar la importancia de prevenir riesgos sobre las fuentes hídricas de territorios ambientalmente sensibles (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2016).
Las implicaciones sociales de los proyectos extractivos también deben considerarse desde las transformaciones que pueden producir sobre las formas de vida comunitarias. La intervención de territorios mediante grandes proyectos económicos puede modificar las dinámicas productivas, generar disputas por el acceso a los recursos naturales y transformar las relaciones entre las comunidades, las instituciones y las empresas. Para numerosas poblaciones amazónicas, el territorio representa mucho más que una superficie disponible para el aprovechamiento económico, pues constituye el espacio donde se desarrollan sus prácticas culturales, sus actividades de subsistencia y sus vínculos colectivos. Por ello, cualquier decisión sobre el futuro de la región debe reconocer que las afectaciones ambientales también pueden convertirse en afectaciones sociales y culturales (Corte Suprema de Justicia, 2018).
Desde esta perspectiva, proteger la Amazonía también significa reconocer el papel que desempeñan sus comunidades en la defensa y el cuidado del territorio. Los conocimientos tradicionales, las prácticas de aprovechamiento sostenible y las formas de organización local constituyen elementos fundamentales para construir estrategias de conservación acordes con las realidades territoriales. Sin embargo, estas responsabilidades no pueden recaer únicamente sobre las poblaciones locales, pues corresponde al Estado garantizar las condiciones institucionales, sociales y económicas necesarias para que la conservación no se convierta en una carga adicional para quienes históricamente han habitado la región. La protección ambiental requiere, por tanto, una articulación entre las decisiones públicas y la participación efectiva de las comunidades.
En ese sentido, la revocatoria de la Resolución 0961 de 2026 no debería entenderse exclusivamente como una discusión jurídica o administrativa, sino como una decisión que obliga a examinar las garantías ambientales y sociales con las que cuentan los territorios amazónicos. Pese a que el Ministerio de Ambiente ha señalado que las demás medidas de conservación continúan vigentes, resulta necesario establecer cómo se evitará que nuevas actividades económicas incrementen las presiones sobre ecosistemas que ya enfrentan procesos de transformación. La protección de la Amazonía requiere una presencia institucional efectiva, decisiones preventivas y mecanismos de participación que permitan a las comunidades incidir en el futuro de sus territorios.
Finalmente el territorio Amazónico, no puede verse únicamente como un territorio con potencial económico para la explotación de recursos naturales, sino como un espacio de vida, diversidad cultural y equilibrio ecológico. Protegerlo implica prevenir nuevas afectaciones ambientales, garantizar los derechos de sus habitantes y reconocer que el futuro de la región no puede definirse al margen de quienes históricamente la han habitado y defendido.
Referencias
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. (2016). Hydraulic fracturing for oil and gas: Impacts from the hydraulic fracturing water cycle on drinking water resources in the United States. https://www.epa.gov/hfstudy/executive-summary-hydraulic-fracturing-study-final-assessment-2016
Corte Suprema de Justicia. (2018). Sentencia STC4360-2018. https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2018/04/STC4360-2018-2018-00319-011.pdf
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2026a, 6 de agosto). Gobierno Petro blinda la Amazonía con histórica declaratoria de reserva de recursos naturales renovables. https://www.minambiente.gov.co/gobierno-petro-blinda-la-amazonia-con-historica-declaratoria-de-reserva-de-recursos-naturales-renovables/
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2026b). Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1405-de-2026/
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2026c, 26 de octubre). MinAmbiente revoca resolución de la Amazonía para garantizar participación de comunidades negras. https://www.minambiente.gov.co/minambiente-revoca-resolucion-del-bioma-amazonico-para-garantizar-participacion-de-comunidades-negras/
