Diez años después de la firma del Acuerdo Final de Paz, la reincorporación de quienes dejaron las armas sigue siendo una promesa en construcción. El proceso ha creado instituciones, beneficios económicos, proyectos productivos y espacios de participación, y ha permitido que miles de personas rehagan sus vidas en los territorios. Sin embargo, esos avances conviven con precariedad, desigualdad entre regiones y violencia persistente. La reincorporación no termina con la dejación de armas, ya que exige condiciones para ejercer derechos, sostener ingresos, reconstruir vínculos comunitarios, participar en la vida pública y permanecer en el territorio con seguridad.
Este informe examina esas tensiones entre 2016 y 2026, con especial atención a las experiencias de cuatro espacios territoriales de reincorporación: La Variante, en Nariño; Negro Eliécer Gaitán, en Norte de Santander; Aldemar Galán, en Cauca; y Juan Carlos Castañeda, en Antioquia, tras su traslado de Carrizal a Yalí. El análisis reúne información institucional, datos de seguimiento y testimonios de firmantes y funcionarios. A partir de ellos, aborda las dimensiones comunitaria, política, económica, social y de seguridad, entendidas como partes de un mismo proceso.
Los hallazgos muestran que las dificultades, tras diez años, son sistémicas y no se explican únicamente por la falta de adaptación individual. Persisten problemas estructurales, por ejemplo, en el acceso tardío o inseguro a la tierra, las barreras para convertir proyectos financiados en actividades sostenibles, la dependencia prolongada de transferencias, la baja conexión entre participación formal e incidencia efectiva, la desigual provisión de vivienda y servicios, la estigmatización y la débil coordinación institucional, entre otras.
En 2023, la propia ARN identificó que cerca del 70 % de los proyectos productivos colectivos estaba en alto riesgo de sostenibilidad; además, más del 90 % de los proyectos productivos agropecuarios reportados entonces no contaba con tierra para materializarse. Aunque la gestión de predios se aceleró en años recientes, una parte continúa bajo condiciones de provisionalidad y persisten obstáculos administrativos para asegurar el acceso.
La brecha también se expresa en el empleo y en las condiciones de vida. En 2024 se registraron 3.170 firmantes vinculados a empleo formal en algún momento del año, mientras que muchas más personas habían incorporado acciones de empleabilidad en sus planes individuales. La diferencia advierte que formular una meta no garantiza un trabajo estable ni acorde con las capacidades de cada persona. En vivienda se han concretado entregas y hay proyectos en ejecución, pero en varios territorios siguen pendientes soluciones habitacionales, servicios públicos e infraestructura. La afiliación a salud o la matrícula educativa, por su parte, no aseguran atención o educación pertinente cuando la distancia, la falta de transporte y la capacidad institucional limitan el acceso efectivo.
