En el Catatumbo, la guerra ya no se libra solo en los caminos y las veredas. También llega desde el aire: drones cargados con explosivos sobrevuelan zonas habitadas, mientras los bombardeos del Ejército vuelven a poner a las comunidades rurales en medio de la confrontación. En los dos meses transcurridos desde la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el 7 de agosto de 2026, Pares ha registrado 30 acciones armadas en la región. Detrás de esa cifra persiste la disputa entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), y la pregunta de cuánto más puede soportar la población civil.
La confrontación tiene sus principales focos en Tibú y El Carmen, donde se concentra la mitad de las acciones registradas entre el 7 de agosto y el 13 de octubre. En Tibú, el ELN y el Frente 33 se enfrentan por el control de un territorio estratégico para el tráfico de drogas y armas en la frontera. En El Carmen, municipio de dominio histórico del ELN, también se sostienen las dinámicas armadas. Pero la violencia no se queda en esos municipios. En el registro hecho desde Pares, se documentaron tres acciones en Ocaña y dos en Sardinata, Ábrego y El Zulia, en cada uno de estos municipios. En los demás, se registró al menos un hecho.
Catorce de las acciones fueron ataques contra la fuerza pública. Murieron cinco uniformados, otros 12 resultaron heridos y tres fueron secuestrados por el ELN. En pruebas de supervivencia difundidas en redes sociales, el grupo armado aseguró que los uniformados habrían colaborado con el Frente 33. Hasta ahora, ninguna autoridad se ha pronunciado para desmentir esa afirmación.
A esa secuencia de ataques se sumaron dos bombardeos del Gobierno. El primero ocurrió el 10 de agosto contra el ELN. La operación permitió incautar material de guerra, pero también dejó tres campesinos heridos, entre ellos una mujer de 44 años, según información de la Defensoría del Pueblo. El segundo tuvo lugar en la madrugada del 11 de octubre, esta vez contra el Frente 33. Murieron cuatro de sus integrantes, incluida una adolescente de 16 años.
Según el registro disponible, este fue el cuarto bombardeo autorizado por el Gobierno (dos en el Catatumbo y dos en Guaviare) y el segundo en el que murió una persona menor de edad. La muerte de la adolescente vuelve urgente examinar cómo se están aplicando el principio de distinción del derecho internacional humanitario y el deber de tomar todas las precauciones necesarias para proteger a niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno ha anunciado que reforzará la seguridad en el Catatumbo y aumentará los bombardeos contra los grupos armados para recuperar el control territorial durante sus primeros cien días, como lo planteó en campaña. Pero en una región donde las operaciones militares y los ataques armados se desarrollan cerca de comunidades rurales, recuperar el territorio también implica proteger a quienes lo habitan. Los campesinos heridos en agosto y la adolescente muerta en octubre muestran el costo que puede tener la confrontación para la población civil.
Los explosivos también llegan con los drones. Desde el 16 de enero de 2025, cuando se agudizaron los enfrentamientos entre los grupos armados, estos dispositivos se han convertido en una herramienta de ataque, presión militar y control territorial. Entre el 7 de agosto y el 13 de octubre, Pares documentó 13 ataques con drones: cinco ocurrieron durante enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 y dejaron siete civiles heridos. Los otros ocho estuvieron dirigidos contra la fuerza pública; cinco fueron atribuidos al ELN y tres al Frente 33.
El problema es que estos ataques no ocurren en un territorio vacío. Cuando los enfrentamientos se acercan a las viviendas y a los espacios comunitarios, la población queda expuesta a explosivos cuyo impacto es difícil de anticipar. La amenaza restringe la movilidad, alimenta el temor y hace más inseguro habitar o transitar por zonas en disputa.
De los ataques con drones se derivan otros tipos de violencia tales como el desplazamiento. Según la junta de acción comunal de la vereda Río Nuevo, parte alta, alrededor de 30 familias habrían salido de sus hogares por los constantes enfrentamientos. Fueron recibidas en Campo Giles, La Batería y el casco urbano de Campo Dos. Cada salida implica dejar atrás la vivienda, los medios de vida y las redes comunitarias que permiten permanecer en el territorio.
En este sentido, el balance de la seguridad en el Catatumbo no puede limitarse al número de acciones armadas ni a los resultados de las operaciones contra los grupos. También debe mirar qué ocurre con las comunidades que han tenido que desplazarse o permanecen confinadas y el tipo de protección que están recibiendo. Mientras las confrontaciones sigan alcanzando sus hogares, caminos y espacios de encuentro, la población civil continuará cargando con las consecuencias de una guerra que ahora también se libra en el aire.
