Cuando Mario Vargas Llosa conoció el apartamento de Borges quedó impresionado por su austeridad. El techo estaba roto, marcado por grandes manchas de humedad; la cama parecía la de un asceta y tampoco había demasiado espacio para los libros. Borges ya veía poco, pero conservaba intacta una de sus armas más feroces: la ironía. Cuando le leyeron el artículo del peruano, se burló: “Parece una crónica de alguien que trabaja en bienes raíces”. Le molestaba profundamente esa preocupación por describir la humildad de su morada. Borges no tenía grandes ingresos por sus libros, destinados durante mucho tiempo a un puñado de lectores obstinados. Buena parte de su sustento provenía de su trabajo al frente de una biblioteca. Y quizá allí estaba su verdadera fortuna: disponer de los libros de una de las ciudades más ilustradas de América.
Borges no fue solamente uno de los grandes escritores del siglo XX. Fue, antes que nada, un lector afiebrado. Su austeridad tenía algo de aquellos primeros monjes que custodiaban los tesoros del saber. Umberto Eco incluso jugaría con su figura en El nombre de la rosa, convirtiendo la biblioteca en un laberinto donde el conocimiento podía ser protegido, escondido y también perseguido. Porque una biblioteca nunca es apenas un edificio lleno de libros. Es una manera de decidir qué conserva una sociedad de sí misma.
Las bibliotecas nacionales son eso: reductos de la memoria frente a la estupidez que trae el tiempo. Instituciones que deberían sobrevivir a los gobiernos, a sus entusiasmos y a sus guerras culturales. Colombia ha tenido al frente de la Biblioteca Nacional figuras reconocidas por su trayectoria en el mundo del libro. Consuelo Gaitán, directora entre 2013 y 2019, impulsó la red de bibliotecas y promovió desde la institución el Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Más recientemente, Adriana Martínez-Villalba llegó a la dirección con una trayectoria conocida por quienes trabajan alrededor del libro y de la FILBo.
Por eso sorprende el nombramiento de Julia Cristina Daza, comunicadora social y periodista, como nueva directora de la Biblioteca Nacional. Y conviene precisar la discusión: no se trata de exigir que quien dirija una biblioteca sea Borges, ni de convertir el mundo cultural en un club cerrado al que solo puedan entrar quienes tengan determinadas credenciales. Se trata de algo bastante más elemental: preguntarnos qué experiencia, qué conocimiento y qué relación con los libros, la memoria y el patrimonio debe tener quien recibe la responsabilidad de custodiar una de las instituciones culturales más importantes del país.
La preocupación se vuelve concreta cuando se mira el requisito del cargo: 72 meses de “experiencia profesional relacionada”. Según el Ministerio de las Culturas, Daza acredita 73 meses y 14 días. Sin embargo, al revisar el documento técnico que sustenta esa experiencia, aparecen labores en comunicación, gestión y asesorías cuya relación con el campo específico de la Biblioteca merece, por lo menos, una explicación pública mucho más sólida. Una institución de esta naturaleza no debería pedirle a la ciudadanía un acto de fe. Debería ofrecer certezas.
A eso se suman las denuncias sobre el ambiente interno de la entidad. El exministro de Cultura Juan David Correa ha hablado de un “régimen de terror” y ha señalado versiones según las cuales la Biblioteca sería considerada una “cuna de la izquierda” que habría que arrasar. Son afirmaciones graves. Precisamente por eso no deberían despacharse como un episodio más de la pelea política: deberían aclararse. Una biblioteca nacional no puede convertirse en botín de revancha de ningún sector, porque su patrimonio no pertenece a una ideología. Pertenece al país.
Y entonces aparece el discurso. Daza anuncia un “antes y un después”, plantea que no habrá continuidad con las políticas de la Biblioteca y pone la institución en manos de Dios. Al terminar, se persigna. El problema, por supuesto, no es la fe personal de una funcionaria. La libertad religiosa también hace parte de aquello que una biblioteca pública debe proteger. El problema comienza cuando los símbolos, las convicciones personales o las batallas ideológicas parecen ocupar el lugar que corresponde a una política pública construida sobre conocimiento, memoria, pluralismo y continuidad institucional.
Porque los libros tienen una cualidad incómoda para el poder: guardan lo que cada época quisiera borrar. Conservan las contradicciones, las voces derrotadas, las herejías, las preguntas que nadie pudo domesticar. Una biblioteca pública existe precisamente para que ninguna generación pueda decidir, desde su certeza momentánea, qué pensamiento merece sobrevivir y cuál debe desaparecer. Allí caben la izquierda y la derecha, los creyentes y los ateos, los clásicos y los marginales, los vivos y los muertos. Esa es su potencia y también su fragilidad.
Sé que es una utopía pedirle a Colombia que tenga a Borges como Bibliotecario Nacional. Pero no debería ser una utopía exigir que quien llegue a custodiar la memoria escrita del país comprenda el peso de esa responsabilidad. Las bibliotecas han sobrevivido a guerras, fanatismos, censuras y gobiernos. Porque los gobiernos pasan y los libros quedan. Por eso, cuando alrededor de una biblioteca empiezan a escucharse palabras como “arrasar”, cuando se anuncia que habrá que romper con todo lo anterior y el lenguaje de la cruzada comienza a mezclarse con el de la gestión pública, la discusión deja de ser de izquierda o de derecha. Se vuelve mucho más antigua y mucho más grave: quién está dispuesto a defender los libros de quienes creen que también el conocimiento debe ser conquistado.
*Artículo publicado en la revista Cambio. Esta es la opinion personal de Catalina Valencia y no necesariamente corresponde a la de la Fundación.
