Cada vez que sube el precio de la electricidad en bolsa, la conversación se concentra en los ciudadanos-usuarios. Nos preguntamos cuánto aumentará la factura y cómo harán los hogares para pagarla. Sin embargo, para entender ese aumento hay que mirar a quienes venden la electricidad. Entre ellos, los generadores tienen un poder decisivo: sus ofertas intervienen en la formación de ese precio y participan en la discusión de las reglas del mercado.
Las cifras muestran por qué conviene mirar a los generadores. Según XM, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad, en julio de 2026 el precio promedio en bolsa llegó a 797,7 pesos por kilovatio hora. Aumentó 41,9 % frente a junio y fue casi seis veces el registrado un año antes. Ese encarecimiento afecta a los comercializadores que compran energía en bolsa y plantea la pregunta central: ¿quién tiene poder para influir en ese precio?
Cada día, los generadores ofrecen la electricidad que pueden producir y el precio al que están dispuestos a venderla. Con esas ofertas, y siguiendo las reglas del mercado, se determina qué plantas suministrarán la energía y cuál será el precio en bolsa. También influyen el nivel de los embalses, el costo de los combustibles y la demanda. Por eso, cuando el precio sube, debemos examinar tanto las condiciones del sistema como las ofertas presentadas por los generadores.
Los comercializadores compran la energía que luego venden a hogares y empresas. Una parte la adquieren mediante contratos acordados con anticipación y otra, en bolsa. Según XM, en julio estuvieron expuestos al precio de bolsa, en promedio, en un 13,4 % de la energía que necesitaron. Los contratos pueden protegerlos de las alzas diarias, según el precio y la cantidad pactados. Por eso, un aumento en bolsa puede presionar las tarifas, pero no se traslada de inmediato ni por igual a todas las facturas.
La factura incluye el costo de producir la electricidad, transportarla por las redes y venderla al usuario. El precio que paga el comercializador por la energía se incorpora al componente de generación. Si una parte de sus compras queda expuesta a la bolsa, el alza puede reflejarse en ese componente y, después, en la tarifa. Para entender cuánto paga un hogar, entonces, hay que seguir también las decisiones tomadas antes de que reciba la factura.
Los generadores tienen poder porque la oferta está concentrada. Según un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos publicado este año, seis agentes reúnen el 72 % de la capacidad instalada para producir electricidad en Colombia. Eso no significa que actúen de manera concertada ni que controlen por sí solos cada precio. Significa que las decisiones de un grupo reducido de empresas, sobre cuánto pueden ofrecer y a qué precio, merecen especial vigilancia.
Su poder también se expresa al discutir las reglas del mercado. Los grandes generadores cuentan con equipos que estudian cómo se eligen las plantas que producirán cada día y cuánto se les paga por mantenerlas disponibles. Con ese conocimiento pueden presentar propuestas y responder a los cambios regulatorios. Para los usuarios es mucho más difícil seguir esas discusiones, aunque sus resultados influyan en la factura. Quien dispone de información y expertos llega con ventaja al debate.
Hace dos décadas, en un artículo sobre los grupos de interés en la regulación eléctrica colombiana, mostré que los actores mejor organizados cuentan con recursos, información y espacios para defender sus intereses ante el regulador. Hoy los generadores conservan esas ventajas, mientras los usuarios tienen menos posibilidades de hacerse escuchar. Participar en la discusión técnica es legítimo; lo que importa es conocer cuánto pesa cada voz cuando se fijan reglas que luego inciden en el precio de la electricidad.
Las reglas también determinan cuánto reciben los generadores por mantener energía disponible. Mediante el Cargo por Confiabilidad, se les paga a cambio del compromiso de suministrarla cuando haya escasez. Según XM, en julio de 2026 estos pagos sumaron 455.228 millones de pesos, y su costo se incorpora a la tarifa. El mecanismo busca proteger el suministro. Precisamente por su importancia, debemos examinar cuánto cuesta, si cumple lo prometido y quién participa en la definición de sus reglas.
La Superintendencia de Servicios Públicos también ha puesto la atención en los generadores. En un informe reciente recomienda vigilar cómo se forman los precios cuando intervienen empresas con gran participación en el mercado. Propone, además, revisar las ofertas de las plantas antiguas para comprobar si corresponden a sus costos de operación y examinar el Cargo por Confiabilidad. Son tareas de vigilancia sobre decisiones que pueden afectar el precio, especialmente en un mercado donde la generación está concentrada.
Colombia necesita plantas disponibles e inversiones para asegurar el suministro de electricidad. Esa necesidad justifica remunerar a los generadores que se comprometen a responder en momentos de escasez. Pero el pago debe acompañarse de información pública sobre las obligaciones asumidas y su cumplimiento. También es necesario examinar si las reglas favorecen la entrada de nuevos competidores. Conocer estos resultados permitiría valorar el costo del mecanismo y sus efectos sobre las tarifas que pagan los usuarios.
La próxima vez que aumente la factura, los usuarios necesitarán conocer cuánto de la energía se compró en bolsa, a qué precio se contrató el resto y qué ofertas influyeron en el mercado. También deben saber quiénes participaron en la discusión de las reglas que determinan estos pagos. Hacer pública esa información permitiría vigilar las decisiones de los generadores y del regulador. El precio de un servicio esencial exige explicaciones que cualquier ciudadano pueda entender y comprobar.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.



