La controversia sobre el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz expone una disputa de fondo sobre el cumplimiento del Acuerdo Final. Mientras el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, advierte que el recorte proyectado y el traslado adicional de $100.000 millones pueden afectar la independencia judicial, la participación de las víctimas, la presencia territorial y la ejecución de las sanciones propias, el presidente Abelardo de la Espriella sostiene que la medida responde a criterios de responsabilidad fiscal y a la necesidad de fortalecer la justicia ordinaria. Bajo este contexto también se discute la reducción de recursos para entidades vinculadas con la búsqueda de personas desaparecidas, la reincorporación y la protección de derechos humanos.
El riesgo principal radica en el efecto acumulado de estas decisiones sobre la arquitectura institucional del Acuerdo Final: la disminución de capacidades de la JEP, la UBPD, la ARN e incluso la Defensoría puede limitar la investigación de crímenes graves, prolongar la búsqueda de personas desaparecidas, debilitar la reincorporación y reducir la protección de comunidades en territorios donde persiste la violencia.
La disminución de recursos de la JEP ocurre cuando la jurisdicción entra en una fase de ejecución de sentencias y sanciones propias. El presupuesto permite sostener las actividades judiciales y restaurativas que conectan el reconocimiento de responsabilidad con medidas de reparación para las víctimas y las comunidades.
El ajuste proyectado se extiende a entidades que cumplen funciones complementarias. La UBPD ha informado que sus recursos de inversión para 2027 bajarían de $76.273 millones a $59.636,5 millones, una reducción de $16.636,5 millones equivalente a 21,8%. La ARN enfrenta reportes de una disminución presupuestal de 37%, cercana a $133.000 millones. La Defensoría del Pueblo ha advertido una reducción estimada de 11%. Ests narrativas nos sitúan en un contexto en el cual no solamente se ha borrado del mapa la palabra Paz, sino que además se materializan decisiones para asfixiar el funcionamiento de estas entidades.
El antecedente del gobierno de Iván Duque demuestra que la insuficiencia de recursos puede profundizar retrasos de implementación del Acuerdo de Paz, que recordemos es deber del Estado Colombiano. Entre 2019 y 2022, la implementación del Acuerdo Final perdió velocidad. El Instituto Kroc registró variaciones anuales de entre 4 y 6 puntos porcentuales entre 2019 y 2021, y un avance de apenas un punto porcentual entre 2021 y 2022. A noviembre de 2022, 13% de las 578 disposiciones del Acuerdo no había comenzado y 37% permanecía en un nivel mínimo de implementación.
La experiencia de ese periodo indica que los ajustes presupuestales pueden agravar los rezagos en territorios rurales y en poblaciones con necesidades diferenciales. Para noviembre de 2022, 60% de las disposiciones con enfoque étnico y 52% de las disposiciones con enfoque de género se encontraban en niveles mínimos de implementación. Estos retrasos afectaron medidas destinadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, mujeres y personas LGBTIQ+, quienes requieren recursos específicos para acceder a derechos y participar en los mecanismos del Acuerdo.
Ahora, bajo este panorama, no se puede invisibilizar los aportes de la JEP en el proceso de acceso a justicia y reparación. La JEP ha producido avances judiciales relevantes para el esclarecimiento de crímenes cometidos durante el conflicto armado. Sus investigaciones han incorporado informes de víctimas, organizaciones sociales, entidades públicas, comparecientes y bases de datos institucionales. En 2025, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz emitió las dos primeras sentencias restaurativas de la JEP. Las decisiones impusieron sanciones propias a 19 máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Estas sentencias abrieron una etapa de implementación que requiere articulación institucional, recursos y mecanismos de seguimiento.
La primera sentencia correspondió al Caso 01, relacionado con toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP. La JEP sancionó a siete exintegrantes del último Secretariado por la política de secuestro. La decisión estableció que esa política produjo al menos 21.396 hechos victimizantes y documentó hechos relacionados con tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado ocurridos durante el cautiverio. La sentencia impuso ocho años de sanción propia, dentro de un proceso en el que los comparecientes reconocieron responsabilidad y realizaron aportes de verdad.
La segunda sentencia se produjo en el Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado. La JEP impuso sanciones propias de entre cinco y ocho años a 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa”. La sentencia estableció la responsabilidad de estos comparecientes por 135 asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre enero de 2002 y julio de 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. La decisión permitió esclarecer responsabilidades de integrantes de la fuerza pública y reconoció la gravedad de las afectaciones sufridas por víctimas y comunidades de la Costa Caribe.
Ahora, la fase de cumplimiento de las sanciones evidentemente requiere recursos públicos sostenidos. Los proyectos restaurativos asociados con las primeras sentencias se orientan a memoria y dignificación, búsqueda de personas desaparecidas, sanación y fortalecimiento colectivo, infraestructura comunitaria y generación de ingresos. El Gobierno destinó inicialmente $20.000 millones de un total de $50.000 millones previstos para poner en marcha esos proyectos mediante el Fondo Colombia en Paz. La continuidad y la calidad de estas medidas requieren coordinación con la JEP, entidades territoriales, comunidades y víctimas.
Sin lugar a duda, la JEP ha cumplido una función central dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y sus actuaciones han permitido establecer responsabilidades por secuestro, asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate. Recordemos que gracias a su labor pudimos conocer la cifra de 18.677 niñas, niños y adolescentes que fueron reclutados por la antigua guerrilla de las Farc-EP entre 1971 y 2016; o la de 7.837 casos reportados como bajas en combate mal llamados “Falsos Positivos”.
La reducción de sus recursos en la JEP no solo afectara a la entidad, también se encuentra en velo la participación de las víctimas, la presencia territorial y el cumplimiento de las decisiones judiciales que han traído verdad al país en medio del conflicto. Es así como, ante un panorama en el cual el Gobierno da la espalda al Acuerdo de Paz y en donde congresistas como el senador por Salvación Nacional, Enrique Gómez, radica proyectos que buscan no prorrogar el mandato de la JEP, es necesario proteger no solo a la Jurisdicción, sino a todas las entidades que hacen parte del SIVJRNR, a las victimas y a las organizaciones que han acompañado estos procesos.
Referencias
Agencia de Periodismo Investigativo. (2026). JEP pide a la Corte Penal Internacional intervenir ante propuestas que afectarían su presupuesto y competencias. https://www.agenciapi.co/noticia/justicia/jep-pide-la-corte-penal-internacional-intervenir-ante-propuestas-que-afectarian-su-presupuesto-y-competencias
Blu Radio. (2026). Defensoría del Pueblo alerta por recorte del 11% en su presupuesto para 2027. https://www.bluradio.com/nacion/paz/defensoria-del-pueblo-alerta-por-recorte-del-11-en-su-presupuesto-para-2027-rg10
Infobae. (2026). UBPD está en alerta por reducción de la inversión para 2027, que arriesgaría la búsqueda de 137.000 personas desaparecidas. https://www.infobae.com/colombia/2026/09/17/ubpd-esta-en-alerta-por-reduccion-de-la-inversion-para-2027-que-arriesgaria-la-busqueda-de-137000-personas-desaparecidas/
Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz. (2023). Seis años de implementación del Acuerdo Final: Retos y oportunidades en el nuevo ciclo político. Universidad de Notre Dame. https://www.fondoeuropeoparalapaz.eu/wp-content/uploads/2023/07/Seis-anos-de-implementacion-del-Acuerdo-Final-Instituto-Kroc.pdf
Jurisdicción Especial para la Paz. (2025). La JEP dicta su primera sentencia por los secuestros: el último Secretariado de las FARC-EP es condenado con la máxima sanción propia. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-la-jep-dicta-su-primera-sentencia-por-los-secuestros-el-ultimo-secretariado-de-las-farc-ep-es-condenado-con-la-maxima-san.aspx
Jurisdicción Especial para la Paz. (2025). JEP emite primera sentencia por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en la Costa Caribe. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/-jep-emite-primera-sentencia-por-asesinatos-y-desapariciones-forzadas-ilegitimamente-presentadas-como-bajas-en-combate-en-l.aspx
Jurisdicción Especial para la Paz. (2026). Sanciones propias de la JEP: con ruta y recursos iniciales definidos, volverlas realidad queda en manos del próximo gobierno. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/sanciones-propias-de-la-jep-con-ruta-y-recursos-iniciales-definidos-volverlas-realidad-queda-en-manos-del-proximo-gobierno.aspx
Jurisdicción Especial para la Paz. (2026). En cumplimiento de las sentencias proferidas por la JEP, a partir del 15 de agosto los 19 máximos responsables de las FARC-EP y de la fuerza pública iniciarán sus sanciones propias. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/en-cumplimiento-de-las-sentencias-proferidas-por-la-jep-a-partir-del-15-de-agosto-los-19-maximos-responsables-de-las-farc-e.aspx
